Antonio Cuéllar Steffan / martes 23 de julio 2019
Hace ya casi veinte años, muy al inicio del sexenio del Presidente Fox, la entonces Comisión Federal de Competencia inició una investigación por prácticas desleales en materia de comercio, consistentes en supuestos acuerdos alcanzados entre proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social, para fijar posturas en licitaciones lanzadas por el propio organismo de seguridad social. Se trata de una práctica monopólica absoluta sumamente perseguida y sancionada por la ley, que en esa época se refirió a material para el revelado de placas radiográficas.
Con el transcurso de la investigación se pudo averiguar que, además de una fijación de posturas idénticas entre licitantes, se trataba de una adhesión a precios de referencia establecidos por el IMSS, de licitación en licitación, en el que el precio anterior y los descuentos concedidos, se utilizaban como base y referencia para las ulteriores.
La práctica impuesta provocó condiciones depredatorias en el mercado que conducían fatalmente a la subsistencia de las compañías extranjeras, que en el mercado de las radiografías tenían mayor presencia internacional y, desde luego, infinitamente más recursos que las nacionales.
Al final de la investigación, además de la sanción en contra de los agentes involucrados, la Comisión Federal de Competencia emitió un acuerdo a través del cual reconoció y declaró la inconveniencia de la práctica consistente en fijar precios de referencia por parte de las entidades del gobierno convocantes, porque afectan el espíritu de la sana competencia.
El artículo 28 de la Constitución es muy claro al inicio de su texto al establecer que el Estado debe de perseguir con todo vigor, prevenir y sancionar toda práctica comercial que inhiba la sana competencia, porque los monopolios y el poder consecuente de un agente económico para fijar los precios, afecta gravemente al mercado y al consumidor.
Lógicamente, en ámbitos de la vida nacional como el de la salud, por ejemplo, la existencia de monopolios es inclusive más grave, no sólo desde el punto de vista económico, sino también de seguridad nacional.
Todo lo anterior viene a colación por el mensaje repetido por el Presidente de la República, a través del cual se anuncia la manera en que se empezarán a consolidar las compras del Gobierno Federal con el ánimo de obtener mejores precios, con lo cual los insumos de algunas dependencias serían claramente más baratos.
Hace un par de semanas que tuvo lugar la renuncia de Carlos Urzúa, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, se decía que podía haber tenido que ver con ella la Oficial Mayor de la Dependencia, Raquel Buenrostro, a quien se supuso una antagonista del hasta entonces miembro más respetado del gabinete lópezobradorista. Su nombre volvió a atraer los reflectores, por los grandes ahorros que dicha funcionaria está logrando para la administración de Morena, que con ese gran cúmulo de recursos ahorrados y la Ley de Austeridad podrá concretar el plan del Presidente, de construir la refinería en Dos Bocas o el Tren Maya.
En sintonía con la noticia volvió a salir la luz pública el tema de las compras consolidadas del Gobierno Federal, que ahora se ligan ya con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para adquirir insumos para la salud que, dicho sea de paso, apremian diariamente, por la urgencia con la que ya se deben resolver los problemas que ha provocado ese gran cuello de botella que colapsa al sistema de salud pública nacional: el presupuesto.
No se ha dicho nada al respecto de las compras consolidadas y hasta pareciera ser bien visto, pues en la lógica del gasto eficiente y el recorte en los pronósticos de crecimiento, todo ahorro vendrá a significar una conducción más sana de las finanzas gubernamentales.
No podríamos poner en tela de juicio la conveniencia de combatir con todo fervor cualquier práctica de colusión entre competidores en el mercado, con el objeto de manipular posturas en procesos de licitación pública, ya que éstas, ilícitas por sí mismas, conducen a la consumación de un quebranto contra el patrimonio del Estado.
Sin embargo, no podemos dejar de pensar en los efectos negativos que puede tener implícita una política incondicionada de consolidación de compras gubernamentales, por la calidad claramente monopsónica del propio Gobierno en muchos ámbitos de la vida económica del país, a través de su calidad de adquirente con poder preponderante en algunos mercados, como el de los insumos para la salud (el monopolio comprador).
La habilitación de la consolidación de compras, puede traer aparejada una depredación entre oferentes de un bien o servicio que produce su propia aniquilación en el mercado, para favorecer la subsistencia del más grande, del más fuerte económicamente hablando.
Sobra decir que la obtención de precios favorables en un inicio de dicha práctica, puede convertirse en un no muy largo plazo, en una pesadilla irremediable para las propias entidades convocantes que, en esas condiciones de mercado, quedarían a merced del proveedor superviviente, quien en dicha situación goza de la posibilidad de manipular el precio a discreción. Sería una política nefasta para la pequeña o la mediana industria nacional.
En el tema de la consolidación de compras debe andarse con cuidado, y deben de tomarse en consideración políticas ya adoptadas en otras latitudes y recomendaciones hechas por la OCDE, que persigue la eliminación de prácticas desleales como la colusión entre oferentes y el ahorro máximo, en condiciones de sana competencia, de los presupuestos del Estado, para el beneficio de la sociedad y de su desarrollo.
Lic. Antonio Cuéllar Steffan 