El ligero sueño del tigre

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 21 septiembre 2021.

Quizá la democracia funcional más antigua de nuestro planeta tenga su asiento en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Tiene la característica de contar con un parlamento en el que corrientes de pensamiento antagónicas, como lógicamente habrían de serlo, encuentran posturas que son claramente poco radicales.

En los Estados Unidos de América sucede lo mismo, republicanos y demócratas representados en ambas cámaras enarbolan pensamientos de derecha e izquierda del espectro político y de gobierno, pero ciertamente poco alejados del centro. Hallan en la libertad de mercado y religiosa idearios comunes que evitan una polarización del discurso y de la conducción de la política nacional, sobre todo para efectos de comercio con el exterior.

En algunas otras latitudes, esa identificación del centro no es igualmente precisa y las posturas se radicalizan, provocando con ello no sólo un encono parlamentario y gubernamental, sino también social. El impulso de políticas radicales de izquierda provoca el nacimiento de movimientos radicales de derecha. Fanatismos que producen un peligroso combustible para cualquier democracia.

Chueca, barrio de moda del centro de Madrid en el que se concentra la comunidad LGBT, con cientos de establecimientos de moda y restaurantes que los acogen, fue objeto de una manifestación neonazi el sábado pasado, en la que se gritaron consignas y cánticos homófobos en su contra: “fuera maricas de nuestro barrio”. Se produjo por el hartazgo de vecinos ya cansados por políticas que han provocado un cambio radical en el desarrollo urbano y del estilo de vida en el lugar. La policía ha abierto ya una carpeta para investigar la consumación de delitos de odio que se atribuyen a bandas representativas de la ultraderecha española. Una comprobación de la tesis anterior: el movimiento del péndulo hacia un lado provoca su regreso en sentido opuesto con la misma intensidad.

La semana antepasada, la SCJN pronunció un fallo “histórico” en el que, sin que hubiera voto alguno que representara el pensamiento de aquellos que encuentran en la gestación la semilla misma de la vida y, por consiguiente, del derecho a ella, se aprobó el criterio a través del cual se declara la inconstitucionalidad del delito de aborto, un precedente que favorecerá….eso, la continuidad de tal práctica materna sin consecuencia jurídica alguna de la que deba ocuparse el estado.

En forma desconcertante para todos aquellos que valoran el derecho a la vida, la derecha mexicana se ha quedado pasmada, no ha expresado repudio alguno al criterio judicial ni ha externado algún posicionamiento que permita suponer que se hará algo en el futuro para cambiar tal corriente de pensamiento; –inaudita e inentendible, si se toma en cuenta que tal tipo criminal ya había sido estudiado en el pasado y no había sido objeto de tal declaratoria de inconstitucionalidad. Ni siquiera el copioso grupo de senadores del PAN que suscribieron el ideario común con VOX, los ultraderechistas españoles, ha salido en defensa de lo que es, sin duda, ese principio político común.

El problema no se detiene allí. Con motivo de las fiestas de independencia, desde el 13 de septiembre, el ejército tomó el control de la plaza de la Constitución y, con ello, del acceso a la catedral del país. En forma continua desde ese día se impidió el acceso a la feligresía y, por consiguiente, se afectó de manera inédita el ejercicio del derecho de credo a favor de cientos de mexicanos que acuden de manera regular a ese templo a orar o a recibir uno de sus sacramentos, la comunión.

Si bien podría estar justificado por la pandemia y el evento extraordinario asociado a la celebración del grito, acaba por ser desconcertante al no tratarse de un evento aislado. El domingo pasado, la Guardia Nacional realizó una marcha para rendir honores a la bandera en la basílica de Guadalupe: dentro de la misma iglesia. Lo inexplicable, fuertemente criticado en las redes sociales, es que se introdujo al templo una banda de guerra, desfiló una escolta y se posicionó, uniformada, de espalda al altar, al cáliz y a la misma imagen de la virgen de Guadalupe. Una verdadera afrenta para quienes encuentran en ellos un símbolo inequívoco de fe.

La Constitución establece con toda claridad el carácter laico y democrático del gobierno de nuestro país, una condición que impide a los ministros religiosos participar en actividades políticas en las que pudieran aprovechar la fe de su feligresía. El gobierno de la república se halla igualmente obligado a respetar a la iglesia, no sólo con el ánimo de impedir que se pueda asociar esa misma idea a favor de aquel gobernante que acuda a un templo para venerar una imagen religiosa adorada por el pueblo, sino también por respeto a la intimidad de todos aquellos que encuentran en la iglesia el recinto al cual acudir a compartir su más profunda comunión con creencias asociadas a la divinidad.

No se pueden dejar pasar tales eventos desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas o políticas, al tratarse, en los tres casos, de una profanación de los principios más básicos y esenciales protegidos por las convenciones internacionales en materia de derechos humanos: el derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa; sino también por el peligro que representan, por tratarse, evidentemente, de una postura política radical que provocará, tarde o temprano, el regreso del péndulo.

Sería sumamente deseable que el respeto que demandan las corrientes de izquierda a favor de sus propias convicciones, sobre libertad sexual, inclusión e igualdad, se instituyera como una política universal, que imponga el mismo tratamiento respetuoso a favor de quien sustenta un pensamiento conservador, con ideas religiosas, de familia y educación distintas. En la medida en que no se radicalicen, pueden ser perfectamente convivientes.

En algún momento, Andrés Manuel López Obrador habló, como candidato a la presidencia, del peligro que representaba despertar al tigre, aludiendo al incumplimiento de las reglas establecidas para la celebración de la contienda electoral. ¿Recordará él que existen otros factores que también pueden despertar al tigre?

El peligroso discurso de la justicia

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 14 septiembre 2021.

Quitarle mil millones de pesos al presupuesto de cualquier gobierno acaba siendo muy doloroso, pues impacta negativamente el desempeño de la administración.  Quitarle esa misma cantidad a un gobierno populista, en época de pandemia, puede traducirse en una fórmula mortal; fulmina los programas sociales.

Es en esa coyuntura que se debe entender la frustración con la que el presidente de la república se dirigió a los ministros que integran la SCJN esta mañana, al hablar de la tranquilidad con la que duermen después de haber dictado una sentencia favorable a la señora Carmela Azcárraga Milmo, y dejar libre el camino para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dicte las resoluciones procedentes que conduzcan al SAT por tan doloroso derrotero.

Desde luego que es criticable el hecho de que un poder se involucre con valoraciones subjetivas sobre el trabajo que realiza alguno de los otros; más aún cuando se trata de un proceso de interpretación normativa que deja en evidencia la coexistencia de un derecho del que es titular una contribuyente, y una omisión imputable a la administración, de quien proviene el comentario.

Nos llama la atención, sin embargo, la invitación que ha vuelto a hacer el presidente de la república en la mañanera, para que los tribunales hagan justicia, más allá de aplicar la ley.  Destaca el mensaje, tanto por le pegajoso de la idea que contiene, como por su peligrosidad.  Constituye la receta perfecta para que quienes tienen capital que pudiera invertirse en actividades generadoras de empleo, huyan a otros destinos más seguros: el anti-estado de derecho.

No se trata de un posicionamiento novedoso, hace una veintena de años, ocupando Andrés Manuel López Obrador la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se involucró en una cruzada similar, al exigir a la misma SCJN que dejara sin efectos un fallo a través del cual se condenaba a la Ciudad de México a la realización de un pago millonario por conceptos de indemnización, como resultado de un litigio emprendido por un particular para que se le restituyeran latifundios en Iztapalapa, en el Paraje San Juan, de los que se ostentaba como propietario a partir de títulos virreinales.

Sobre el tema de la justicia particular en el caso del juicio que hoy nos ocupa, podría decirse mucho y efectuar una valoración en justicia más profunda: ¿sería justo entonces obligar a la contribuyente a pagar al fisco una cantidad a la que no estaba obligada, para sufragar gasto público para el beneficio de terceros? ¿estamos entonces obligados a destinar nuestros ahorros al pago de hospitales y escuelas para personas con necesidad, por tratarse de una causa justa, a pesar de no estar legalmente obligados a ello? La justicia puede tener dos o más caras o perspectivas desde las que pueda llegarse a calificar. Es injusto para uno lo que puede serlo para otro. Una oleada de criterios de justicia tiraría por tierra cualquier intento de construir un estado sólido de seguridad jurídica.

En el oído de millones de mexicanos en deplorable necesidad, la idea melosa de hacer justicia es miel para su paladar, porque pese al esfuerzo diario para salir adelante, no encuentran sino en el terreno de la desigualdad social el asidero más adecuado para reclamar justicia contra las causas indebidas que la provocan. Habría que explicar a muchos de ellos que, si bien es verdad que existen orígenes ilícitos de enriquecimiento que se deben perseguir, para impedir el crecimiento de esa disparidad ilegítima de la riqueza, hay muchos otros casos de bienestar y holgura bien habida que no tendrían por qué ser medidos con el mismo rasero.

En el fondo, no es la apetencia de justicia la que preocupa, sino la proliferación de la idea de que, en la actividad encomendada a todo gobernante, deba ser el valor de la justicia el que guíe sus pasos por encima de la ley, porque la justicia es subjetiva y cambiante, y la maleabilidad de la ley es la que puede emplearse, precisamente, para concretar las peores injusticias.

Todo estado moderno se sustenta en la legalidad, en la aplicación certera del derecho a favor o en contra de cualquier persona que quede situada en los supuestos establecidos en las normas jurídicas que se deban observar. México no debería de ser una excepción y podría situarse, más bien, como un país impulsor de la legalidad. Es precisamente la supervivencia de ideas como la de ayer por la mañana la que coloca al país en la posición de atraso en la que se encuentra con respecto a naciones de su misma talla e importancia.

La Constitución confiere a los distintos órganos que conforman el gobierno una competencia, con apego a la cual les corresponde hacer las leyes o, en los otros casos, observarlas y cumplirlas, o interpretarlas y hacerlas cumplir.  La primera de las actividades, una labor esencialmente política, descansa en servidores públicos a quienes se les ha confiado la representación política y democrática nacional, las segundas, en órganos que no pueden deliberar sobre el contenido normativo, sino sobre su apego a la Constitución y su aplicación puntual.

En la medida en la que México logre superar la crisis discursiva que lo tiene atrapado y la ciudadanía logre entender y ponderar con habilidad la importancia que reviste la obligación de respetar la ley, y hacerla cumplir sin cortapisas, el país logrará crecer y consolidarse como un verdadero estado de derecho. El peligro de caer en la resbaladilla de la justicia nos lleva directo a los cacicazgos continentales que tanta pobreza han dejado a su paso.

El efecto nocivo de las mañaneras

Acerca del Autor

Acerca del Autor

De los once ministros que conforman el pleno, Arturo Zaldívar es, sin duda, uno de los que más saben y entienden de derecho constitucional, de su historia, su interpretación y correcta aplicación para la defensa de las instituciones de la república. Se ha dedicado a su estudio no sólo desde el máximo tribunal, sino también en el ejercicio mismo de la profesión, como litigante, antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia.

Hace algunos meses, cuando se publicó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y se dio a conocer la trascendencia de su artículo décimo tercero transitorio, en el que se proponía la prolongación del mandato de su propio presidente, el propio ministro Zaldívar que la ejerce y se vería beneficiado, guardó silencio, un hecho que provocó una fuerte crítica en su contra.

Quienes entienden sobre la importancia de la investidura y la responsabilidad que tiene conferida, que le obliga a defender el poder que encabeza, comprendieron perfectamente la razón de su proceder y estuvieron de acuerdo en que él, aún como destinatario de la reforma y con múltiples comentarios que compartir al respecto, no podía adelantarse a la función que constitucionalmente tiene encomendada, ante todo, como titular de un órgano de justicia que tendría, en un momento dado, la función necesaria de calificarla.

En efecto, no habiendo concluido el procedimiento legislativo al inicio, pero aún después, habiéndose aprobado la reforma, ningún juez o ministro podía pronunciarse con relación a su constitucionalidad sino a través de los cauces que la propia Constitución concede a los particulares, a los distintos órganos de gobierno del país y las entidades que conforman la Federación. La ley obliga bajo penas severas a todos los juzgadores a abstenerse de hacer pronunciamientos expresos sobre aspectos que sean sometidos a su competencia, particularmente sobre constitucionalidad de leyes, con la finalidad de evitar que su función pueda verse entorpecida o mancharse de cualquier modo.

Fue la división de poderes, la competencia que la Constitución le confiere a la Suprema Corte de Justicia y la posibilidad de que la misma ley pudiera llegarse a combatir ante ella, lo que siempre justificó que, en su momento, el presidente de ese mismo Tribunal debiera guardar silencio.  Habría sido conveniente, quizá, que ese razonamiento se hiciera expreso por su parte, con la finalidad de callar muchas voces que, desconocedoras de la ley, reclamaban un posicionamiento respecto de una norma jurídica que, abiertamente, contradecía el texto de la Carta Magna.

En nuestra reflexión sobre la ley y la función de la Suprema Corte, no podemos dejar pasar por alto la idea de que, el peso de una sentencia en el ámbito del amparo, del juicio de controversia constitucional o de acción de inconstitucionalidad, constituye auténticamente la única resolución formal, con todo rigor jurídico, que puede llegar a definir una conducción irregular del poder público desde un punto de vista constitucional, en la expedición de leyes o en la expedición de actos concretos de la autoridad. El ministro hizo bien en guardar la distancia para permitir que los mecanismos de defensa de la Constitución operen de manera óptima.

De algún modo, eso provoca que hubiera sido algún modo sorpresivo que, en el marco de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el propio ministro Zaldívar convocara a sus pares con la finalidad de deliberar en torno de la constitucionalidad de un precepto transitorio de la ley que lo favorecía, a través de la figura de una opinión que, como se ha visto, quedará en el tintero.  Una opinión del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia no sustituye, bajo ninguna óptica, la importancia formal y trascendencia de cualquier sentencia que se llegue a dictar en los juicios para la defensa de la Carta Magna que antes hemos mencionado.

La semana pasada, el ministro Zaldívar decidió renunciar públicamente al beneficio de prolongación de mandato que a su favor contempla el transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación recién vigente.  Es una definición honrosa y, además, apegada a la Constitución.

Esta vez, muchos aplaudieron la decisión, aunque la consideraron de algún modo tardía, pues siempre habrían preferido que dicho posicionamiento se hubiera presentado justamente cuando la norma se publicó o cuando entró en vigor. Esas voces continúan sin entender la importancia de la división de poder y el respeto de la investidura del juzgador, como un vehículo de defensa de la propia Constitución.

No deja de llamarnos la atención la posición que, en torno de este punto, el propio ministro adoptó la semana pasada con relación al transitorio que contempla la ley.  En términos institucionales, es diametralmente opuesta a la que decidió adoptar al inicio ¿No acaso el respeto a la institucionalidad justificó su silencio al inicio?, ¿Porqué ante la pendencia de los procesos constitucionales vigentes para que la Corte resuelva sobre la validez del transitorio –la acción de inconstitucionalidad–, el ministro decidió adelantar su decisión?, ¿Porqué fuera de los cauces legales?

Apenas en junio pasado se admitió y turnó a la ponencia del Ministro Franco González Salas la demanda del juicio de acción de inconstitucionalidad promovida por senadores inconformes contra el décimo tercer transitorio de la Ley Orgánica en cuestión. Es aquella, precisamente, la que definirá si el Poder Legislativo acató o no la Constitución. ¿Es válido, es conveniente y se justifica que, ante la inminencia de una sentencia, el presidente de la Suprema Corte renuncie al beneficio que la ley le confiere?

Cualquiera que sea la razón, sería increíblemente favorable para el país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no claudique a la competencia que la Carta Magna le confiere para dictar sentencia en este asunto, y definir un criterio claro de inconstitucionalidad que aclare la manera en que, a través de modificaciones a la ley y a través de normas jurídicas transitorias, no pueden prolongarse los períodos para el ejercicio de cualquier cargo público.  Ya existe el precedente de Baja California, sería muy beneficioso que el criterio se renueve con una nueva discusión, alrededor de su propia Ley Orgánica.  En nada le conviene a México aceptar el placebo constitucional que el ministro Zaldivar recetó la semana pasada, tras renunciar a un beneficio fuera de los procesos que de acuerdo con su investidura se deben resolver.

Los dos terrenos de mayor desacierto gubernamental que se atribuyen a la administración de Enrique Peña Nieto se encuentran en la corrupción y la violencia. La primera destapada con la adquisición de “la casa blanca” en Bosques de las Lomas, y la segunda con la inacción del gobierno ante la barbarie de Iguala, durante la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

No puede sino reconocerse que ambos eventos fueron terriblemente graves, pero fueron infinitamente más trascendentes una vez que el veterano candidato de oposición, Andrés Manuel López Obrador, los convirtió en un lema de campaña…de lo contrario, el nombre de los estudiantes aún resonaría en las páginas noticiosas de nuestros días.

El actual presidente de la república puede ser criticado por su forma de gobernar o por la asunción de resoluciones que han provocado descalabros en el terreno del derecho, de la economía o de la política exterior; sin embargo, nadie puede cuestionar el éxito que ha tenido en la acción de identificar el malestar de la ciudadanía y el diseño de la narrativa electoral necesaria para atribuirlo a los gobernantes del pasado.

A pesar de lo anterior, un tema es cierto y él no puede aportar prueba alguna que lo contradiga: Andrés Manuel López Obrador recibió del PRI un país con finanzas públicas sanas, con proyectos económicos en marcha y con un marco constitucional de avanzada que prometía un futuro productivo para el país.

El problema es que las causas del malestar ciudadano en contra de las que apuntó su fusil permanecen presentes y se agravan, que su inexperiencia y la de su equipo han demostrado incapacidad para enfrentar el problema de la pandemia, y la efervescencia propia de su estilo de gobernar provocan desconfianza, que se ha evidenciado en la marcha de la economía y los negocios en el país.

A pesar de que el presidente conserva en las mañaneras un instrumento que aún sigue siendo efectivo en el propósito de hacer pensar a la gente que los problemas de corrupción y violencia deben atribuirse a los gobernantes del pasado, el discurso empieza a ser insuficiente para explicar los descalabros presentes y sus efectos en la economía de las familias.  El presidente pasa por alto la capacidad y agudeza política de una sociedad más crítica que él mismo ayudó a construir.

Es en esas circunstancias que la semana pasada sufrió en carne propia el tormento que él mismo hizo pasar a sus adversarios en el pasado, y al elegir permanecer atrincherado en su camioneta durante dos horas, en Chiapas, el presidente pudo empezar a vivir lo que bien podría ser el comienzo del fin de su propia administración.

La ebullición de los problemas nacionales se impone como una realidad que difícilmente podrá superarse a través de discursos mañaneros –plagados de estadísticas y aproximaciones carentes de verdad. Es en ese escenario de inverosímil idealidad que el propio presidente podría estar sembrando las semillas con que la oposición llegará a cosechar los frutos de un discurso que, durante el primer trienio, no encontró condiciones para plantear.

Esta semana dan inicio las labores del Congreso General, en el que una nueva conformación de las fuerzas políticas en el parlamento podría significar el advenimiento de una nueva plataforma de oposición. Los partidos políticos que conforman la alianza del PAN, PRI y PRD, con representación parlamentaria suficiente, podrán construir y lanzar un discurso crítico contra los desaciertos y tropiezos de esta administración, que no son pocos. Es el momento que juntos esperan para relanzar su ideario a nivel nacional.

Si la burbuja de descontento que mantuvo inmóvil al presidente el viernes pasado encuentra en el discurso del nuevo parlamento una vía para canalizar el desconcierto y la frustración, que los mantiene en la pobreza, el presidente y su partido tendrán serios problemas para conservar el poder en el proceso electoral del 24.

El mantenimiento de la paz nacional y la posibilidad de que México inicie un proceso de sanación con miras a una transformación auténtica está supeditado a la capacidad con que Andrés Manuel López Obrador cuente para respetar la legalidad e impulsar políticas públicas integrales; para escuchar a la gente capaz con quien ha decidido formar su equipo de trabajo; y para alejarse de micrófonos que estarán permanentemente abiertos para grabar y pregonar sus errores.

Es quizá el último punto en el que su determinación de empezar cada mañana con ruedas de prensa desde Palacio Nacional demuestre ser un formato de comunicación social agotado y, ahora, peligroso. Por su proclividad a hablar y encontrar o construir enemigos, el presidente tiene en sí mismo a su peor enemigo.

Cuándo y cómo sí regresar a clases

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 17 agosto 2021.

Acerca del Autor

En un caso de emergencia sanitaria como este que atravesamos, las decisiones sobre política social y enfrentamiento del problema no las puede tomar un político, mucho menos si se trata de una persona sola; para eso existe el Consejo de Salubridad General, un órgano que depende del ejecutivo, que encabeza el secretario de salud y al que están adscritos un secretario y trece vocales, de entre los cuales destacan siempre dos: el presidente de la Academia Nacional de Medicina y el de la Academia Mexicana de Cirugía, los máximos órganos científicos del país en el área de la salud.

El artículo 73 fracción XVI de la Constitución Federal establece con toda claridad que, en el caso de epidemia, es una obligación de la Secretaría de Salud dictar las medidas preventivas indispensables, que después puede llegar a sancionar el presidente de la república. ¿Dónde ha estado el secretario de salud a lo largo de este último año?

La gravedad de la pandemia pone de manifiesto los dos rubros en los que se debe enfocar el gobierno para atender el problema: el de la salud misma de la población, por encima de cualquier otro, y el de preservar las actividades económicas de las que la supervivencia nacional también depende.

A lo largo de este último año, todos los mexicanos hemos perdido algo con motivo de la epidemia por coronavirus, ya sea desde un punto de vista económico o, seguro sí, desde un punto de vista anímico y psicológico. Quizá el sector de la población que más lo reciente es al que más deberíamos de proteger: nuestra niñez.

La permanencia de los niños en sus casas y su sujeción a programas educativos en línea merma su conocimiento, afecta su estabilidad emocional y los priva de oportunidades irrepetibles para consolidar su inserción en el grupo social al que pertenecen. Unido este fenómeno al de violencia familiar, obtenemos como resultado una fórmula desastrosa para repetirla una vez más, ahora que el ciclo escolar 21-22 está por comenzar.

Es posiblemente en esa lógica que el presidente de la república ha insistido tan vehementemente que los niños deberán regresar a clases así llueva, truene o relampagueé. Pero la visión monocromática del regreso a clases de manera presencial, en la forma en que la asume el titular del ejecutivo, resulta igualmente riesgosa.

A pesar de que se ha dicho repetidamente que el COVID ataca en forma menos grave y perjudicial a los niños, se ha demostrado que los efectos sí pueden ser perniciosos para ellos, y que puede haber episodios fatales o secuelas perdurables que se deben evitar a toda costa. Nadie tiene por qué arriesgar la propia vida de un hijo en ningún caso, aún en el supuesto de querer darle lo mejor, como puede tratarse de su educación.

Ahí es en donde el colegio de científicos de la salud al que se refiere la Constitución debería cumplir a cabalidad la obligación que tiene impuesta, y aportar reglas y medidas adecuadas para enfrentar la crisis, con la visión transversal que interesa a la sociedad mexicana y tiene por deber atender el gobierno de la república.

No se trata de tomar una decisión sobre si los niños deben o no regresar a la escuela –siendo evidente que lo más conveniente para ellos es retomar su vida y formación de la manera más presurosa posible. La tarea estriba en determinar cómo sí los niños y adolescentes pueden regresar a la vida escolar lo más pronto posible, sin perjuicio para su integridad.

En otras latitudes, las autoridades sanitarias y escolares han sido mucho más creativas e ingeniosas al tratarse de concebir y poner en marcha mecanismos para atender el propósito escolar.

En algunos países de Europa se han adoptado protocolos en los que se ha procedido a disminuir la afluencia y agrupación de menores estudiantes, mediante la creación de células de desplazamiento de alumnos, así como tránsito intraescolar y reordenamiento de horarios para evitar contacto.  De este modo, se facilita el regreso a clases y la convivencia de los niños, pero se disminuye en la mayor forma posible el efecto nocivo del contagio masivo entre menores, sobre todo en el caso de aquellos sujetos a cualquier tipo de vulnerabilidad inmunológica.

Cuando se agrupa a los niños en células y se obliga a que una de éstas descanse una semana al mes, se disminuye la afluencia de niños en una cuarta parte, lo que produce mayor distanciamiento físico entre los que sí asisten. El funcionamiento de las células posibilita la convivencia normal entre niños de cada célula, y permite en un momento dado la interacción de los niños entre células distintas dependiendo de la tasa de contagios en la comunidad. En el momento en que se detecta a un positivo, se aísla a todo el conjunto de menores pertenecientes a la célula “infectada”, pero se salvaguarda a las demás, por lo que pueden seguir llevando a cabo sus actividades regulares. Mientras tanto, los que permanecen en casa o todos aquellos niños que hubieran resultado positivos y sujetos a confinamiento, pueden dar seguimiento a la clase a través de las plataformas virtuales.

Urge que haya un regreso a la normalidad a nivel nacional. El dinamismo y efectos positivos de la campaña de vacunación deberán de convertirse en uno de los factores decisivos que permitirán la superación de la pandemia. Hoy, mientras que esto sucede, debe actuarse con prontitud, con experiencia y sagacidad para resolver problemas urgentes. No forma parte de la competencia que la ley le confiere al ejecutivo federal, ni tampoco podría exigirse del presidente de la república contar con experiencia profesional en todos los ramos de la vida nacional. El secretario de salud, sin embargo, tiene la obligación constitucional de enfrentar el problema y dar la cara. La omisión evidente en que éste y el Consejo de Salubridad General han incurrido, puede constituir una decisión negativa que les sea imputable que pueda dar lugar al fincamiento de responsabilidad constitucional.  Existen circunstancias que demuestran por qué el Consejo debe de ser convocado a sesión.

El placebo

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 10 agosto 2021.

Acerca del Autor

De los once ministros que conforman el pleno, Arturo Zaldívar es, sin duda, uno de los que más saben y entienden de derecho constitucional, de su historia, su interpretación y correcta aplicación para la defensa de las instituciones de la república. Se ha dedicado a su estudio no sólo desde el máximo tribunal, sino también en el ejercicio mismo de la profesión, como litigante, antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia.

Hace algunos meses, cuando se publicó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y se dio a conocer la trascendencia de su artículo décimo tercero transitorio, en el que se proponía la prolongación del mandato de su propio presidente, el propio ministro Zaldívar que la ejerce y se vería beneficiado, guardó silencio, un hecho que provocó una fuerte crítica en su contra.

Quienes entienden sobre la importancia de la investidura y la responsabilidad que tiene conferida, que le obliga a defender el poder que encabeza, comprendieron perfectamente la razón de su proceder y estuvieron de acuerdo en que él, aún como destinatario de la reforma y con múltiples comentarios que compartir al respecto, no podía adelantarse a la función que constitucionalmente tiene encomendada, ante todo, como titular de un órgano de justicia que tendría, en un momento dado, la función necesaria de calificarla.

En efecto, no habiendo concluido el procedimiento legislativo al inicio, pero aún después, habiéndose aprobado la reforma, ningún juez o ministro podía pronunciarse con relación a su constitucionalidad sino a través de los cauces que la propia Constitución concede a los particulares, a los distintos órganos de gobierno del país y las entidades que conforman la Federación. La ley obliga bajo penas severas a todos los juzgadores a abstenerse de hacer pronunciamientos expresos sobre aspectos que sean sometidos a su competencia, particularmente sobre constitucionalidad de leyes, con la finalidad de evitar que su función pueda verse entorpecida o mancharse de cualquier modo.

Fue la división de poderes, la competencia que la Constitución le confiere a la Suprema Corte de Justicia y la posibilidad de que la misma ley pudiera llegarse a combatir ante ella, lo que siempre justificó que, en su momento, el presidente de ese mismo Tribunal debiera guardar silencio.  Habría sido conveniente, quizá, que ese razonamiento se hiciera expreso por su parte, con la finalidad de callar muchas voces que, desconocedoras de la ley, reclamaban un posicionamiento respecto de una norma jurídica que, abiertamente, contradecía el texto de la Carta Magna.

En nuestra reflexión sobre la ley y la función de la Suprema Corte, no podemos dejar pasar por alto la idea de que, el peso de una sentencia en el ámbito del amparo, del juicio de controversia constitucional o de acción de inconstitucionalidad, constituye auténticamente la única resolución formal, con todo rigor jurídico, que puede llegar a definir una conducción irregular del poder público desde un punto de vista constitucional, en la expedición de leyes o en la expedición de actos concretos de la autoridad. El ministro hizo bien en guardar la distancia para permitir que los mecanismos de defensa de la Constitución operen de manera óptima.

De algún modo, eso provoca que hubiera sido algún modo sorpresivo que, en el marco de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el propio ministro Zaldívar convocara a sus pares con la finalidad de deliberar en torno de la constitucionalidad de un precepto transitorio de la ley que lo favorecía, a través de la figura de una opinión que, como se ha visto, quedará en el tintero.  Una opinión del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia no sustituye, bajo ninguna óptica, la importancia formal y trascendencia de cualquier sentencia que se llegue a dictar en los juicios para la defensa de la Carta Magna que antes hemos mencionado.

La semana pasada, el ministro Zaldívar decidió renunciar públicamente al beneficio de prolongación de mandato que a su favor contempla el transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación recién vigente.  Es una definición honrosa y, además, apegada a la Constitución.

Esta vez, muchos aplaudieron la decisión, aunque la consideraron de algún modo tardía, pues siempre habrían preferido que dicho posicionamiento se hubiera presentado justamente cuando la norma se publicó o cuando entró en vigor. Esas voces continúan sin entender la importancia de la división de poder y el respeto de la investidura del juzgador, como un vehículo de defensa de la propia Constitución.

No deja de llamarnos la atención la posición que, en torno de este punto, el propio ministro adoptó la semana pasada con relación al transitorio que contempla la ley.  En términos institucionales, es diametralmente opuesta a la que decidió adoptar al inicio ¿No acaso el respeto a la institucionalidad justificó su silencio al inicio?, ¿Porqué ante la pendencia de los procesos constitucionales vigentes para que la Corte resuelva sobre la validez del transitorio –la acción de inconstitucionalidad–, el ministro decidió adelantar su decisión?, ¿Porqué fuera de los cauces legales?

Apenas en junio pasado se admitió y turnó a la ponencia del Ministro Franco González Salas la demanda del juicio de acción de inconstitucionalidad promovida por senadores inconformes contra el décimo tercer transitorio de la Ley Orgánica en cuestión. Es aquella, precisamente, la que definirá si el Poder Legislativo acató o no la Constitución. ¿Es válido, es conveniente y se justifica que, ante la inminencia de una sentencia, el presidente de la Suprema Corte renuncie al beneficio que la ley le confiere?

Cualquiera que sea la razón, sería increíblemente favorable para el país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no claudique a la competencia que la Carta Magna le confiere para dictar sentencia en este asunto, y definir un criterio claro de inconstitucionalidad que aclare la manera en que, a través de modificaciones a la ley y a través de normas jurídicas transitorias, no pueden prolongarse los períodos para el ejercicio de cualquier cargo público.  Ya existe el precedente de Baja California, sería muy beneficioso que el criterio se renueve con una nueva discusión, alrededor de su propia Ley Orgánica.  En nada le conviene a México aceptar el placebo constitucional que el ministro Zaldivar recetó la semana pasada, tras renunciar a un beneficio fuera de los procesos que de acuerdo con su investidura se deben resolver.

Coincidencias en el ámbito de la consulta

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 3 agosto 2021.

Acerca del Autor

El hecho de que la primera consulta a la ciudadanía hecha en el marco de la Constitución haya tenido lugar el 1 de agosto, arroja una coincidencia relevante con otro hecho que tiene que ver, precisamente, con la figura de la democracia participativa directa, la conformación de Suiza.

El domingo pasado sonaron los petardos alrededor de la Confederación Helvética con motivo de la celebración de 730 años de su existencia, como Estado independiente, a partir de la unión de los primeros cantones.  El país situado en el centro neurálgico de la Europa occidental es hoy una de las economías más pujantes del planeta y, además, una democracia sólida y bien constituida.

De acuerdo con su propia Constitución, la ciudadanía tiene el derecho de promover iniciativas populares y de participar en referéndum, instituciones que comparten caracteres esenciales con los derechos de la ciudadanía que hoy contempla nuestra propia Constitución Federal.

En el ejercicio de tales derechos, los ciudadanos suizos reciben y participan de manera periódica y formal en los procesos de votación de iniciativas que tienen que ver con problemas de trascendencia nacional en todos los ámbitos de desarrollo político, económico y social del mismo país. Así, votan regularmente iniciativas del gobierno que tienen que ver con temas como el de la modificación de la relación de la propia Confederación con la Unión Europea, o la modificación a las normas que tienen que ver con la obtención de la ciudadanía para extranjeros, o la tenencia y portación de armas, o la administración del presupuesto para la adquisición de armamento, o la aceptación de reglas obligatorias que tienen que ver con el confinamiento con motivo de la pandemia, entre muchísimas más.

Esa intervención pacífica de la ciudadanía en la construcción del rumbo por el que camina el país ofrece certeza en torno de la popularidad de las políticas y medidas que adopta el Consejo Federal (su órgano administrativo de poder), que redunda en estabilidad y paz para la nación con la que su desarrollo armónico se consolida ejemplarmente con relación al resto de las democracias del orbe.

La inclusión de las figuras de iniciativa popular y consulta ciudadana que hoy contempla la Constitución de nuestro país data del 2012 y 2014, respectivamente. La segunda formó parte de una reforma estructural importante, por la que se confirió al Instituto Federal Electoral su calidad nacional y se establecieron restricciones a los partidos. Cobra importancia mencionar que fue gestada en el seno del Pacto por México y que, incluso, los partidos de oposición, hoy titulares de la “cuarta transformación”, se posicionaron a favor de ella.

Mucho se ha dicho, evidentemente, sobre la calidad innecesaria de la pregunta que fue planteada por el Presidente de la República y después modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que su construcción parecía someter a la decisión de la ciudadanía lo concerniente a la obligación de aplicar la ley en contra de servidores públicos que, en otras épocas, pudieran haber cometido algún delito. La polémica no es menor, pues la observancia del derecho no puede quedar supeditada a la votación de la ciudadanía.

Más allá de la pregunta, la verdad de las cosas es que los resultados del proceso son lamentables para lo que la propia figura de participación ciudadana significa en cualquier país desarrollado.  El cuestionamiento del propio Titular del Ejecutivo, encaminado a polemizar más en torno de la política y los actores que han intervenido en ella a lo largo de la historia, se percibe como un instrumento de división nacional, en contrasentido a lo que cualquier mecanismo de participación democrática debe de aspirar, lo que ha desalentado a la participación ciudadana.

El domingo pasado también sonaron los petardos en México, pero no fue en tono festivo, sino por la sonoridad de un proceso que, en el contexto de la pandemia que vive nuestro país, el secuestro de nuestra seguridad y el estancamiento de nuestra economía, fue terriblemente costoso y absolutamente inefectivo.

¿Pueden formularse otras preguntas? Desde luego que sí, y el gobierno debería de impulsar un proyecto de reformas a la Constitución y a la ley que modernice y haga más baratos y eficientes los procedimientos de participación de los gobernados a través del Instituto Nacional Electoral. El nuevo dinamismo que ofrecen las funciones y servicios en línea, y la posibilidad de lograr construir una base de usuarios plenamente identificados y con claves de acceso únicas e intransferibles, haría que un gran número de ciudades y pueblos del país gozaran de procesos de consulta confiables y mucho más baratos en el futuro.

Hay una enormidad de temas de trascendencia nacional para la que los mexicanos estaríamos dispuestos a votar, evidentemente que no sólo con relación al ejercicio del presupuesto y la construcción de proyectos emblemáticos, sino también con relación a figuras e instituciones normativas que trastocan profundamente nuestro tejido social. ¿Debe apoyarse la política de neutralidad de género en el uso del lenguaje oficial?, ¿Debe favorecerse la exclusión del delito de aborto de la codificación penal nacional?, ¿Debe establecerse una política de vacunación obligatoria para todos los mexicanos?

El camino certero para la construcción de un México auténticamente democrático conlleva esfuerzos que se empezaron a dar hace muchos años. Habiendo transcurrido sin éxito la primera consulta a la ciudadanía, por el polémico temperamento del Presidente de la República, no debe echarse por tierra todo el trabajo que muchos han realizado para ver materializada, algún día, la efectividad de tan beneficiosa institución popular. Ojalá que este primer proceso sea un evento histórico que se emplee positivamente para enmendar errores que en la ejecución de la consulta ciudadana, como se ha visto, se pueden cometer.

Contrastes: turismo espacial y caída del comunismo

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 13 julio 2021.

Acerca del Autor

La pandemia y las elecciones han dejado al descubierto el problema más grave que aqueja a los mexicanos: la gran diferencia de clases y el peligroso crecimiento de la distancia que separa a quienes poseen más de los que carecen de lo más básico; una patología de nuestra realidad social bien identificada por Andrés Manuel López Obrador, que la asume como el blanco u objetivo de su proyecto de transformación nacional –un ideario amenazado por sus graves carencias y por una desesperanzadora falta de planeación.

Paradójicamente, en el contexto de esa discordante bipolaridad, este fin de semana presenciamos en forma simultánea, el éxito y el rotundo fracaso, de dos modelos de desarrollo económico que han servido como referente histórico contemporáneo en la solución de los problemas de progreso de la humanidad; y fuimos testigos también del acuerdo global para dar cabida a mecanismos alternativos que favorecerán la edificación de un adecuado balance, el nacimiento de un nuevo modelo de estabilización.

Por un lado, esta semana ocupa las primeras planas el éxito alcanzado por Richard Branson en su búsqueda por llegar al espacio. Como fundador de Virgin Galactic, el empresario pasará a la historia por haber patrocinado el primer viaje al espacio para fines turísticos, una hazaña que se gesta en una carrera perseguida contra otro millonario, Jeff Bezos, dueño de Amazon, al perseguir ambos el futuro de la transportación aeroespacial, –un anhelo digno de una obra cinematográfica de ciencia ficción.

Por el otro, también ocupa las primeras planas el levantamiento que enfrenta el gobierno comunista de Cuba, en el que pobladores de San Antonio de los Baños, a 50 kms de La Habana, se agrupan y se amotinan contra la dictadura bajo el grito de “libertad”, en lo que constituye una nueva lucha contra el legado de los Castro, siempre representados a través del partido comunista, incapaz de asegurar comida y corriente eléctrica para su población, hoy también abatida por la pandemia.

El primero de los dos modelos encuentra en el empoderamiento del individuo y el ejercicio pleno de su libertad, el camino más adecuado para el desarrollo y explotación de todas las capacidades del hombre. Un patrón que permite el progreso, pero impone un costo muy alto, tanto en la conservación del equilibrio ecológico global y del medio ambiente, como por la generación de las disparidades en la distribución de la riqueza que conducen a la guerra.

El segundo de los dos modelos suprime las libertades y superpone al gobierno como órgano de decisión de los destinos de la sociedad, objetivo primario del Estado al que queda subordinado el individuo. Un modelo que provoca un resultado económico totalmente artificial, del que deriva un alto costo de infelicidad, ligado a la falta de productividad y a la pasividad del intelecto, aplastados por la mediocridad de la excesiva burocracia.

Cualquiera de los dos modelos mencionados, dibujan horizontes que provocan desaliento e incertidumbre. ¿Cómo detener el costo ecológico global frente al descontrol de las libertades empresariales, y lograr una compartición armoniosa de la riqueza que evite las graves carencias y el hambre que azota a más de la mitad de los humanos en la tierra?, y ¿Cómo evitar el atraso al que fatalmente conduce la autocracia en el loable pero utópico propósito de repartir equitativamente la riqueza entre los individuos?

Con la irrupción de las economías digitales, universales y al mismo tiempo no domiciliadas, altamente competitivas frente a las grandes empresas tradicionales, los gobiernos se han visto obligados a valorar un necesario esquema de tributación mínima global, que imponga a todas las empresas transnacionales el deber de pagar un impuesto mínimo del 15%. Ese fue el anuncio final que dio a conocer la semana pasada el G7 y que después retomó el G20.

Se trata de un primer paso que se gesta en el entorno de la economía de libre mercado, pero asume como propios los problemas de disparidad que ésta provoca a su paso.

En sintonía con los problemas que atraviesa el mundo, en donde la humanidad se sigue debatiendo entre el liberalismo y los costos que impone el calentamiento global, y el populismo y la frustración que deja a su paso el totalitarismo antidemocrático, nace una corriente que se sustenta en la racionalidad, un modelo que valorará la conveniencia de asumir políticas que hoy están destinadas a una sociedad interconectada con presencia global, que no tiene mayor lógica que la de su supervivencia y estabilidad.

México se debate aún en esa dicotomía, con componentes propios que demuestran la gran distancia a la que se encuentra respecto del justo modelo de crecimiento que produzca bienestar.

Son varios los factores que deben consolidarse para lograr éxito en la empresa de construir un país ……………………………….desarrollado: confianza e institucionalidad, educación y civilidad, estado de derecho y justicia. ¿Cómo lograr esto en un entorno de violencia física y discursiva? A México le duele el crecimiento galopante de la criminalidad, como también el mantenimiento obstinado de una narrativa que se empecina en encontrar etiquetas para todos; un modelo que no nos conduce a ninguna parte, y sí provoca una división social que amenaza la estabilidad.

INE, auténtico vencedor de la jornada

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 08 junio 2021.

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Antonio Cuellar Steffan

Una circunstancia enormemente positiva siguiente al proceso de votación del pasado domingo, es la calma, el reconocimiento de que los resultados arrojados son confiables. Es la prueba de que la vocación del pueblo de México es esencialmente democrática y de que sus gobernantes, aún frente a los más insostenibles deseos de poder, cuentan con la cordura y la conciencia plena de que sus aspiraciones y caminos, están sometidos a la Constitución y a sus instituciones.

Las condiciones anteriores no son fortuitas, son el resultado de un largo proceso de consolidación del marco a través del cual el país entero, la ciudadanía y sus gobernantes, han asumido con acierto el funcionamiento y ejercicio de poder soberano por parte del Instituto Nacional Electoral, encargado de la organización del evento.

El éxito del modelo descansa en la convicción de que la gobernanza y la administración de las elecciones no puede encomendarse al Ejecutivo y la administración que depende de él, por ser recipiendario de los beneficios emanados del proceso electoral, sino en los mismos ciudadanos, encargados entonces de la organización y recuento de la votación.

En trescientos distritos electorales y con riesgos que provienen de la pandemia que subsiste, miles de mexicanos concedieron gratuitamente su tiempo de descanso y esparcimiento a la satisfacción de un deber nacional, que sintetiza de manera contundente el sentir de nuestra nación con relación a su destino y a su gobierno, el voto efectivo.

Desde la instalación de casillas, hasta la identificación de los votantes, el reconocimiento de su asistencia, la entrega de boletas, la vigilancia de su adecuado empleo y depósito, el resguardo de las urnas, y el delicado proceso inherente a su apertura y recuento de votos, y por último, el reporte del resultado de la jornada a las autoridades electorales competentes, todo fue confiado y puntualmente cumplido por la ciudadanía, por la sociedad civil capacitada, y bien y pacíficamente organizada.

El resultado es inmejorable y la conducción de nuestra democracia, en el ejercicio del sufragio, francamente, es ejemplar y digno de emular por cualquier país con intervención popular incluso más avanzada que la nuestra.

Es por esa razón que resulta indefendible la manera tan aborrecible en que los dirigentes partidistas y candidatos se han conducido, antes, durante y después de la jornada. Una, por el involucramiento que debe concedérseles en forma activa o pasiva al alto nivel de violencia a lo largo del proceso de campaña; otra, por la contratación de “personajes” a los que en plena veda y durante la jornada electoral se contrató para hacer campaña “subliminal” a favor de algún partido; y la última, insoslayable, al ver cómo, tan pronto se habían cerrado las casillas, aún con millones de votos por computar y sin pronunciamiento siquiera preliminar del Instituto, cada uno se proclamó vencedor de la contienda.

Este último gesto constituye un ataque a la institución, a la solemnidad y a la integridad de los procesos de elección pública que interesan a México. Una falta de respeto contra todos aquellos ciudadanos que sirvieron al país en tan loable propósito del fin de semana pasado.

El INE ha venido siendo sujeto de duras críticas y de una verdadera embestida del Presidente de la República y seguidores de Morena, quienes han amenazado con desaparecerlo. Afortunadamente, ante el resultado de esta elección, eso no va a ser posible. Qué bueno, porque la solidez de la institución resulta indispensable para la vida pacífica de México y la consolidación de una condición de la cual la anterior depende: su democracia libre e instruida.

Ese factor, no obstante, no constituye una negación a la necesaria labor de reflexión, introspectiva, sobre los defectos ciertos de los que adolece el modelo político-electoral mexicano, así como de modificaciones inminentes y necesarias que deberían efectuarse para garantizar su positivo desarrollo.

Un problema estructural al que el Instituto Nacional Electoral está sometido tiene que ver con su estatura constitucional. La soberanía e independencia plena que la Constitución confiere al Poder Judicial de la Federación y los Tribunales que lo conforman, entre ellos, el mismo Tribunal Electoral, debiera ser un diseño institucional o una condición que debiera tener para sí el propio INE.

Es así que, partiendo de nuestra arquitectura constitucional primigenia, y de la conformación tradicional de nuestra república, al Instituto ciudadano encargado del gobierno en el ámbito electoral debiera reconocérsele la misma naturaleza que a los poderes constituidos. En otras palabras, el INE debería de ser ya, porque así lo demanda nuestra democracia y la madurez del propio Instituto lo refleja, un verdadero Poder Ciudadano. La condición de poder de la unión evidenciaría su situación autónoma frente a los otros tres, sin sujeción a interpretación o aceptación alguna de su parte.

Por otro lado, debiéndose encargar el Instituto de la organización de los procesos de elección de servidores públicos que acceden al cargo por la votación del pueblo, no tendría por qué delegarse en esos mismos servidores públicos electos el procedimiento inherente a su conformación. No existe motivo alguno por el cual no pudiera concebirse un proceso de elección ciudadana para el que se prescindiera de la intervención del presidente y cualquiera de los legisladores.

Por último, los partidos políticos deben de sacar las manos de los procesos electorales, de una vez por todas. No pueden ser ellos jueces y parte en el proceso electoral. La misma falta de pulcritud demostrada antier, al final de la jornada, es la que año con año demuestran al discutir el presupuesto del organismo, o al aprobar modificaciones estatutarias sometidas a su consideración, o designación de candidatos, o participación de tiempos electorales en la radio y la televisión, o la aprobación de campañas y precampañas, por sólo mencionar algunas.

La gran dificultad que una idea así habrá de enfrentar, sin embargo, se hallaría en la ética de nuestros representantes políticos, inmersos en la misma plataforma partidista a la que correspondería aprobar la reforma. ¿Aprobarían los partidos políticos una reforma que permita auténticamente a la ciudadanía tomar el control de los procesos electorales, de cuya organización depende su misma existencia?

Nuestra clase política debería someterse a un marco ético de conducción de los intereses mismos de la Nación a la que aseguran representar, marco del que está alejada la conducción del INE en la actualidad.  Esa es, quizá, la tarea pendiente que nuestro crecimiento democrático electoral va dejando entrever.

El significado de la transformación

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 01 junio 2021.

Acerca del Autor

Antonio Cuellar Steffan

El próximo fin de semana se vencerá la primera mitad de un proceso político que se ha sustentado sobre un concepto que, aún hoy, a más de dos años y medio de su constante reafirmación, sigue siendo inentendible: el de la “cuarta transformación”. Pasó de ser un slogan de campaña para convertirse en un plan de gobierno, sin que sus directrices y rumbo se hayan definido objetivamente. En función de aquello que la marca “4T” signifique, ¿cuáles podrían ser los eventos inmediatos por venir, según los resultados que arrojen las urnas?, ¿Hacia qué rumbo se dirige la “transformación de México”?

El calor del debate electoral alumbra voces que aseguran que el movimiento encabezado por Morena nos conduce directamente a una “venezuelización” del país, en lo que quizá sea la advertencia opositora más exagerada. Una corriente más moderada, sin embargo, se inclina a suponer que se trata solamente de una regresión al México de los años setentas. Cualquiera de esas dos ideas sería negativa para nuestro futuro.

No ha habido un plan de trabajo serio que permita advertir con transparencia la manera en que la administración izquierdista podría llevar a México hacia un futuro próspero, libre de inseguridad, impunidad e injusticia, y con crecimiento y desarrollo sustentable que beneficie a las clases más desfavorecidas. Es poco creíble que los discursos de los candidatos oficialistas, de que nuestro futuro será próspero y libre de corrupción, gocen de alguna base que pueda convertirlos en una realidad.

Existen evidencias claras de que cualquiera que sea el contenido sustancial de la “cuarta transformación”, se trata de un plan esencialmente nacionalista –que se contradicen al reconocer e impulsar la continuación del T-MEC; con vocación abiertamente antidemocrática –que contra toda lógica utiliza la imagen de Francisco I. Madero como emblema; deseoso de garantizar su subsistencia mediante la implementación de programas clientelares –a pesar de impulsar el dispendio de recursos para el sostenimiento de proyectos de infraestructura para el cumplimiento de objetivos típicamente elitistas.

Un mensaje vuelve a resonar en aquellos que deben de estar atentos a los cambios que pueden derivar del resultado electoral, y tiene que ver con el proyecto que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde el inicio de su sexenio: los primeros tres años de gobierno se utilizarían para la preparación de una profunda transformación, que realmente empezará a concretarse a partir del inicio de la segunda mitad de su mandato. ¿Qué podría estar por aparecer en el horizonte político, económico, jurídico y social de nuestra nación?

La transformación verdadera está sustentada en un plan que se cifra en la realización de todo un cúmulo de actos de gobierno encaminados a acaparar todo el poder político y bélico del estado, de los que depende el arranque de su segunda fase, que supuestamente buscaría erradicar la pobreza y nuestras diferencias sociales.

Pese a lustros enteros de campañas electorales en los que se pregonaron ideas elaboradas exactamente en un sentido opuesto a lo que ocurre, el gobierno ha bonificado con frutos a las fuerzas armadas, con el propósito último de alinear intereses personales comunes alrededor de un proyecto de nación dibujado en torno de un ideal de felicidad espiritual, que no encuentra sus cimientos en las comodidades materiales. Desafortunadamente, la política de “abrazos y no balazos”, que no es fortuita, también provoca un alineamiento de la fuerza bélica criminal alrededor del partido en el gobierno, y los atentados perpetrados contra líderes políticos y candidatos en todo el país así lo demuestra.

La confirmación del poder político en el Congreso y en las legislaturas estatales, podrían conceder la facilidad para concretar un plan que busca una reinstalación de la dictadura de partido que México sobrevivió durante más de setenta años. El plan demanda una mayoría calificada en el legislativo de la Unión, a la que estaría condicionada la reforma constitucional que lo materialice. La idea guarda cierta lógica histórica, por ser ese el modo de vida que quienes crearon y conducen a Morena vivieron en su época estudiantil, y con el que anhelan ejercer el poder. Repudian el modelo “neoliberal” que concibieron aquellos pertenecientes a la generación que durante estas décadas les arrebataron la oportunidad de gobernar en la forma en que, por turno, a ellos habría correspondido.

En los tres años por venir, debe de resultar urgente para esta “nueva” clase gobernante la conclusión de los monumentos que glorifican su advenimiento al poder, los proyectos de infraestructura que reubican el polo para la toma de decisiones en el sureste del país y que apuntan al nuevo segmento de nuestra sociedad para quien el desarrollo nacional ha sido diseñado, por ser ellos a quienes, según el nuevo liderazgo, le había sido vedado.

El problema más grave se encuentra propiamente en el patrocinio o sostenimiento presupuestal del proyecto estructural, en la conservación de las alianzas militares y sociales, y en el declive de los ingresos tributarios para mantenerlos. He ahí el gran peligro de lo que podría sobrevenir al resultado electoral. ¿Qué va a impulsar la administración triunfante o derrotada el próximo 6 de junio, para seguir adelante con su proyecto de nación?, ¿De dónde va a venir el dinero para lograr conservar las alianzas que Morena ha tejido con las fuerzas armadas y con su base de votantes?

Sin lugar a duda, en cualquier escenario de los que se plantean –y ya dicho por ellos mismos–, la reforma fiscal con propósitos transformadores en la recaudación es inminente. Se tratará posiblemente de un incremento de tasas para quienes más ingresos perciban, como también de la identificación de actividades suntuosas como destino de nuevos gravámenes en su contra. De las iniciativas que se han resbalado no se observa que exista inventiva para recaudar más a través del engrandecimiento de la base de contribuyentes, ni mucho menos, obviamente, del mejoramiento de las condiciones para el intercambio de bienes o generación de riqueza.

Desafortunadamente, en un ciclo pos-pandémico plagado de incertidumbre, y con resultados mediocres o negativos en cualquier comparativo de desempeño global, una reforma fiscal de ese tipo deberá ser desastrosa para el país y totalmente insuficiente para el mantenimiento del nuevo régimen. Es justamente por eso que nos encontramos en la antesala del riesgo de los decretos, del mal destino que puede llegar a tener nuestro país al término de este polémico sexenio de la transformación.

México ya ha atravesado etapas de nefastas expropiaciones, estatizaciones y controles monetarios que han marcado terriblemente su historia. Atravesar el mismo camino como vía para la construcción de nuestra democracia podría interpretarse como un trago demasiado amargo como para deberlo probar.

Los restauranteros y el Derecho Humano a la Ciudad

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 12 de enero 2021.

La pandemia del COVID ha alcanzado un grado alarmante y tiene un efecto peligroso –que ya se anticipaba–, no sólo con respecto a la vida y la salud de todos los mexicanos, sino también para la economía nacional.

Las voces críticas son muchas y son serias, y los argumentos que esbozan no son desdeñables, si se toma en cuenta que un buen número de países asiáticos, en donde empezó el problema, han logrado superar las curvas de contagio y han recuperado la dinámica monetaria que facilita su desarrollo y estabilidad.

A pesar de que ha resultado urgente y necesaria la adopción de medidas de salubridad general que son indispensables para evitar la propagación del virus que ha llevado al colapso al sistema hospitalario público y privado de México, se critica el hecho de que en la adopción de políticas sanitarias no se conciban mecanismos de atención al problema con una visión holística. ¿Cómo remediar la crisis y evitar la muerte de mexicanos, y al mismo tiempo seguir permitiendo el amplio funcionamiento de la economía?

El estado de precariedad en México es de tal gravedad que, el día de ayer, los restauranteros desafiaron abiertamente al gobierno de la CDMX y amenazaron con abrir sus locales, en un franco estado de desesperación, por el trato inequitativo que el comercio legalmente establecido recibe frente al ambulantaje informal.  El gobierno se ve increíblemente pequeño y rebasado ante un número desproporcionadamente alto de personas fallecidas, trabajadores desempleados, hospitales y funerarias abarrotados, y negocios quebrados.

La desesperación obedece a la falta de entendimiento del marco constitucional que rige la pandemia, a la evidente voluntad de darle al fenómeno de salud una utilidad política, a la impericia de la administración federal y de la CDMX para tratar un problema de protección ciudadana de esta envergadura, y la falta de sensibilidad y empatía con quienes generan empleo y bienestar, a quienes empeñosamente se ha identificado como enemigos del régimen.

Debe de reconocerse en algún momento que ver el problema de la pandemia en colores blanco y negro, es un error. La evolución en el conocimiento del virus y su comportamiento en el cuerpo humano ha arrojado toda una paleta de grises, que se deben de aceptar y que deben dar lugar al reconocimiento de que, efectivamente y porque en este caso es natural que hubiera sucedido, han habido errores y equivocaciones; pero se pueden superar.

El mal manejo económico de la crisis, desde un punto de vista asistencial o, prácticamente, desde la perspectiva regulatoria y de tolerancia, debe de cambiar.

¿Es factible que abran los establecimientos mercantiles de actividades no prioritarias y se eviten los contagios?

En el mes de marzo del año pasado, Madrid, capital del país de Europa que más turistas del mundo recibe al año, ocupaba los encabezados del periódico por el alto nivel de contagios y muertes provocado por la pandemia.  Afortunadamente, fue superado el pico de la curva y recuperada la confianza en su sistema hospitalario.  ¿Funciona la actividad restaurantera y de hotelería?  Y ahora, con la entrada de la tercera ola de contagios ¿Se han vuelto a cerrar los restaurantes?

La confirmación de que el mayor número de contagios no tiene verificativo en los restaurantes abiertos, sino en las fiestas y reuniones privadas a puerta cerrada, ha permitido que dicho giro comercial, y todos los que puedan equiparársele, continúen funcionando.  Evidentemente, la expedición de un conjunto importante de ordenanzas y medidas establecen condiciones atípicas que sirven para permitir la continuidad de la operación de dicha actividad, sin peligro para los clientes o para los trabajadores.

Dado que las actividades al aire libre garantizan una disminución del contagio, se ha autorizado en forma extraordinaria la ocupación de las aceras y del arroyo vehicular, para que al frente de los establecimientos y sin impedir la circulación de automotores en la calle de que se trate, o de peatones en las banquetas, se establezcan o construyan terrazas, en las que se permite dar atención segura al público y, paralelamente, el funcionamiento de esta importante rama de generación de empleo. Madrid tiene hoy, más que nunca, terrazas al aire libre que amplían su oferta gastronómica.

Europa atraviesa un invierno que es más importante y mucho más crudo que la temporada que enfrentamos en México.  Las nevadas del fin de semana lo evidencian y nos permiten advertir el gran contraste existente con relación a las bondades que nos ofrece nuestra cercanía al ecuador.

¿Porqué, ante la legítima demanda de empleadores y trabajadores de la industria de la alimentación y hotelería en México, la respuesta que ofrece el gobierno de la Cuarta Transformación es tan cerrada?

La Constitución Política de la Ciudad de México ofrece a todos los capitalinos el Derecho Humano a la Ciudad (así se llama). Ha sido éste el fundamento por el que se tolera el ejercicio de una actividad perniciosa para la vida de la propia ciudad, la del ambulantaje, por la que cientos de miles de personas se apropian de la vía pública para realizar actividades económicas.

Ante la extraordinaria necesidad que arroja la pandemia, ¿porqué no existen ordenanzas que de manera temporal y excepcional establezcan las directrices para que las autoridades administrativas permitan la ocupación de la vía pública para garantizar el servicio de la industria restaurantera al aire libre, aprovechando las buenas temperaturas de nuestro invierno tropical? ¿Acaso no se puede garantizar de mejor manera la política de distanciamiento social, de ocupación reducida y de horarios limitados? ¿Puede ser válida la ocupación de la vía pública para unos, pero no para otros? ¿El Derecho Humano a la Ciudad es propio para los desempleados, pero inaccesible para quienes tienen que pagar un salario?

El punto clave, además, es que no tendría siquiera por qué hablarse de una política emprendida exclusivamente en la Ciudad de México.  Al tratarse de un fenómeno sanitario que se disemina a lo largo de todo el territorio nacional, la Constitución le confiere competencia al Consejo de Salubridad General, dependiente directo del Presidente de la República, para dictar medidas de esa naturaleza con alcance en todo el país.