Orgullo Nacional

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 16 junio 2026.

Acerca del Autor

Antonio Cuéllar Steffan

 El 18 de junio de 1940, apenas cuatro días después de la derrota de Francia, Charles de Gaulle pronunció el célebre discurso en el que se dirigió a sus compatriotas y proclamó: “Invito a todos los franceses, dondequiera que se encuentren, a unirse conmigo” para la recuperación de su país. Se trata de uno de los llamados a la unidad nacional más emblemáticos de la historia contemporánea.

 Décadas antes, Ernest Renan había definido a la nación como “un plebiscito de todos los días”, una decisión colectiva de seguir perteneciendo a una misma comunidad de destino. De Gaulle apeló precisamente a ese sentimiento.

 Ante los rumores de una eventual intervención extranjera surgidos en fechas recientes, la presidenta de la República ha recordado la letra del Himno Nacional, apelando al soldado que vive para defender a la patria en cada uno de nosotros, hijos de la Nación: “Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, ¡oh patria querida!, que el cielo un soldado en cada hijo te dio”. La referencia busca despertar ese mismo sentimiento de unidad nacional.

 El jueves pasado tuvo lugar un hecho sin precedente: la celebración de la tercera inauguración de una Copa Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

 Con motivo del evento, tuve la oportunidad de conversar con un empresario invitado al partido como parte de un grupo que acompañó a la delegación de la FIFA. El relato que me compartió pudo haber resultado profundamente desalentador. Hasta el final.

 El miércoles, día de su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue hospedado en un hotel de Polanco. A las ocho de la mañana del día siguiente, un autobús lo recogió junto con otros integrantes de la delegación para trasladarlos al Estadio Ciudad de México –el histórico Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte–. Lo primero que le sorprendió fue que después de dos horas de viaje sin salir de la ciudad, el transporte no llegara hasta las instalaciones del estadio, sino que los dejara un par de kilómetros antes, obligándolos a caminar hasta el palco asignado. La experiencia fue recibida con desconcierto y disgusto por los invitados.

 A pesar de la magnitud del inmueble y de la importancia histórica que representa para el futbol mundial, la evidente desorganización en la logística de acceso y el deteriorado estado de conservación y limpieza de amplias zonas de la ciudad dejaron una impresión desfavorable entre varios de los asistentes extranjeros.

 Ni la ceremonia inaugural resultó memorable desde el punto de vista artístico, ni el encuentro destacó particularmente por su calidad futbolística.

 Al término del evento, los invitados debieron caminar nuevamente hasta el punto donde el mismo autobús los recogería para regresar al hotel. Una vez allí, tuvieron que esperar cerca de una hora, en plena vía pública, para que el vehículo pudiera abrirse paso entre el tráfico y llegar hasta ellos. El recuento del traslado de regreso no hacía sino confirmar mi preocupación por la imagen que se llevaban de nuestro país. Después de todo, un visitante extranjero se convierte, quiera o no, en portavoz de la marca nacional frente a futuros viajeros e inversionistas.

 Antes de que pudiera interrumpir el relato para expresar mi solidaridad ante aquella serie de inconvenientes y la aparente descortesía con que habían sido recibidos nuestros visitantes, me sorprendió un cambio repentino en el tono de voz de mi interlocutor. Hubo un aspecto que, desde su perspectiva, transformó por completo la experiencia vivida el 11 de junio de 2026.

 “Todo se puede soportar –me dijo– con tal de vivir la experiencia de escuchar a todo un estadio cantar al unísono y con absoluta devoción el Himno Nacional”.

 Ese reconocimiento a nuestro orgullo nacional eriza la piel.

 Las imágenes que circularon al día siguiente, obtenidas en las zonas destinadas a la convivencia de los aficionados –a las que miles de personas acudieron pese a la intensa lluvia de aquella tarde–, mostraban a hombres y mujeres riendo, cantando y celebrando junto a visitantes coreanos y sudafricanos, nacionales de países que comparten grupo con México en esta Copa del Mundo. Son escenas que invitan a una profunda reflexión sobre lo que somos y sobre la imagen que proyectamos al exterior.

 Frente a las posturas nacionalistas que exigen a España una disculpa oficial por los hechos ocurridos hace quinientos años durante la Conquista, subsiste un sentimiento mucho más profundo en el corazón de los mexicanos: una disposición genuina a la amistad, a la convivencia y a la fraternidad con otros pueblos. Incluso con aquellos con los que la historia podría haber sembrado distancias, como españoles o estadounidenses.

 La sociedad mexicana ha demostrado una y otra vez que sabe reír con intensidad, que es capaz de encontrar la fraternidad humana incluso en medio de las mayores diferencias y que conserva, en el fondo, una bondad auténtica que ningún gobierno puede ni debe borrar.

 Aquella muestra de unidad no debe interpretarse como un plebiscito sobre la relación entre el pueblo y sus gobernantes. Es, más bien, el reconocimiento de una hermandad construida a partir de adversidades compartidas a lo largo de la historia; adversidades que persisten a pesar del esfuerzo constante por edificar un futuro de paz y dignidad. El mensaje merece admiración, pero también cuidado. Esa unión no debe traicionarse.

 Ese soldado que vive en el alma de cada mexicano, dispuesto a defender a la patria, no encuentra necesariamente a sus enemigos en el extranjero. Es en la fractura de nuestra unidad, en el debilitamiento de la familia y en el abandono de nuestras tradiciones donde pueden encontrarse amenazas mucho más profundas. El mensaje es inequívoco. Si lo trasladamos a las luchas que hoy enfrenta nuestra sociedad, particularmente frente a la criminalidad que amenaza la tranquilidad de millones de familias, aparece una orientación clara sobre el rumbo que debería seguir el Estado mexicano. El enemigo de México no está fuera de nuestras fronteras; con demasiada frecuencia vive entre nosotros y nos arrebata la paz.

¿Cambió Trump o cambió México?

 Antonio Cuéllar Steffan/ martes 9 junio 2026.

Acerca del Autor

Antonio Cuéllar Steffan

En lo que muchos articulistas y líderes de opinión califican hoy como un signo de desesperación, el expresidente López Obrador resurgió a la vida pública del país con el aparente propósito de apoyar la postura soberanista de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las acusaciones emprendidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra servidores públicos federales y estatales del país.

 El expresidente publicó una carta abierta en la que rememoró su relación con el presidente Donald Trump e hizo incómodas comparaciones de las que saldría beneficiado frente a la actual ocupante de Palacio Nacional. Una reflexión resalta al final de su carta; después de preguntar por qué ha cambiado tanto el presidente Trump, pide expresamente que regrese aquél con quien el propio López Obrador tuvo tratos.

Sin lugar a duda, el tiempo transcurrió y las circunstancias cambiaron a lo largo de esos cuatro años de gobierno del expresidente Joe Biden. Es verdad que el presidente Trump ha dado muestras de ser un poco más impaciente con la prensa y ha definido claramente su mandato hacia el exterior, desvelando muchas trampas por las que el mundo ha estado capturado y ha renunciado a libertades fundamentales que garantizan el desarrollo de la humanidad entera; sin embargo, ¿ha cambiado drásticamente la agenda de intereses en la relación bilateral México-Estados Unidos, de tal modo que existiera una justificación objetiva por la que el presidente Trump debiera tener una actitud distinta para con los mexicanos?

 Una comparativa de los puntos que han encabezado las pláticas sostenidas a lo largo de las distintas administraciones que han gobernado a ambos países nos permite apreciar que, desde George W. Bush hasta la fecha, la relación se ha centrado en temas de seguridad fronteriza, control migratorio, combate al narcotráfico, protección de inversiones estadounidenses, certeza jurídica para el comercio hemisférico, seguridad energética, reducción de la dependencia comercial asiática —en especial de China— y garantías de seguridad para las cadenas productivas regionales. A eso se reduce siempre.

 El problema del narcotráfico, muy particularmente referido al incremento del fentanilo que tanto afecta a los Estados Unidos, no es un problema novedoso; el aumento más pronunciado de dicha droga en las calles de Norteamérica comenzó realmente en 2014, de ahí que no se pueda asumir como un aspecto reciente de la relación binacional que pudiera haber afectado la percepción de México para el gobierno estadounidense.

 Así las cosas, no habiendo cambiado desde entonces el índice temático de la relación bilateral, la pregunta que bien podríamos hacernos todos sobre la carta abierta del expresidente López Obrador es más bien ésta: ¿qué cambios ha sufrido México que justifiquen esta nueva visión y actitud del presidente Trump hacia nuestro país?

 En 2018, el expresidente López Obrador recibió un país con treinta años de ahorros institucionales, que estrenaba todo un andamiaje jurídico surgido del Pacto por México, del cual derivaron más de una docena de organismos constitucionales autónomos, a través de los cuales se garantizaba el funcionamiento de un sistema de frenos y contrapesos diseñado para evitar abusos de poder en contra de los ciudadanos y, lógicamente, de los inversionistas. Llegó al poder con plena legitimidad política e impulsó la firma de un tratado que, sobre las bases jurídicas anteriores, fortaleció una relación hemisférica con los Estados Unidos de América y Canadá a través de la cual se superaban, incluso, los compromisos de libre comercio contenidos en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

 En el momento en que ambos mandatarios se reunieron, el mundo entero atravesaba una pandemia que concentraba la atención de prácticamente todas las naciones y que vino a provocar una debacle económica cuyos efectos, quizá, todavía no se superan plenamente. Sin embargo, los fundamentales de la economía mexicana eran sólidos y concedían credibilidad a la deuda nacional. El fenómeno criminal extendido al ámbito de gobierno que hoy ocupa titulares nacionales no tenía entonces la visibilidad, amplitud ni centralidad que ha adquirido en los últimos años.

 Dejando a un lado los cuestionamientos sobre la supuesta intención política subyacente a las acusaciones formuladas contra gobernadores electos de distintos estados del país, no puede soslayarse el hecho de que México y sus instituciones han cambiado drásticamente. La seguridad jurídica que es esperada por los inversionistas extranjeros a quienes el presidente Trump representa ha sido erosionada a través de un conjunto importante de reformas a la legislación mexicana que bien podrían ser el detonador de esta nueva actitud de la que el expresidente se duele: México ha retrocedido.

 Algunas modificaciones constitucionales y legales ocurridas desde 2020 hasta la fecha, que demuestran ese cambio de nuestro país con el que nuestros importantes vecinos podrían estar a disgusto, son aquellas relacionadas con la desaparición de órganos constitucionales autónomos encargados de regular sectores estratégicos, promover la competencia económica, supervisar mercados complejos y garantizar la transparencia gubernamental; la desarticulación del Poder Judicial cuya legitimidad descansaba en mecanismos tradicionales de nombramiento y carrera judicial; los cuestionamientos crecientes respecto de la autonomía del órgano electoral de cuya independencia dependía el reconocimiento generalizado de los resultados electorales; la militarización de la Guardia Nacional; o la disminución del amparo y de los mecanismos de control constitucional como instrumentos efectivos de acceso a la justicia para remediar cualquier ejercicio excesivo de poder.

 México no era, ni ha dejado de ser, un país con problemas; sin embargo, su estructura institucional y su capacidad para responder a ellos ha cambiado significativamente. En esta época de desasosiego por la que atraviesan muchos representantes de gobierno, se vale plantear la duda sobre un cambio de actitud y de trato atribuible a nuestros interlocutores en el exterior –más aún cuando generales, gobernadores o secretarios ven amenazada su libertad por acusaciones formuladas en tribunales extranjeros–. Sin embargo, antes de formular cualquier tesis que arroje acusaciones en su contra, son ellos mismos quienes deben efectuar esa labor introspectiva mínima a través de la cual se cuestionen qué hicieron.

 Solamente así sabremos por qué, de haber existido un interés hemisférico por impulsar el comercio en Norteamérica en 2020, hoy nos encontramos con una preocupación preeminente por terminar con el tráfico de fentanilo y de combustibles; erradicar la infiltración del crimen organizado en actividades económicas estratégicas; garantizar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de personas; o institucionalizar la cooperación en inteligencia y la capacidad del Estado mexicano para ejercer control efectivo sobre determinadas regiones y actividades.

Revolución tergiversada

  Antonio Cuéllar Steffan/ martes 2 junio 2026.

Acerca del Autor

Antonio Cuéllar Steffan

A finales del siglo XIX, el acaparamiento de tierras y de poder en México era un sello distintivo del porfiriato. Resuena hasta nuestros días el relato popular sobre cómo, al referirse a la influencia que ejercía el grupo Terrazas-Creel, la gente decía que “Creel no era de Chihuahua; Chihuahua era de Creel”, en alusión a Enrique Creel Cuilty (1854-1931). Terrazas y Creel fueron poderosos gobernadores, uno terrateniente, y ambos con intereses en la banca, en ferrocarriles y en el gobierno del Estado. 

No fue extraño entonces que, cuando el estallamiento de la revolución de 1910, el Ejército libertador del Sur comandado por Emiliano Zapata, haya formado parte del alzamiento nacional contra el General Díaz, y que sus lemas de “Tierra y Libertad” y “La tierra es de quien la trabaja” hayan llegado a concretarse mediante directrices rectoras de la revolución plasmadas en el Plan de Ayala, como lo fueron la restitución de tierras, la expropiación de latifundios y el reparto agrario para el beneficio de campesinos.

En un país con tan profundas y marcadas diferencias sociales, hablar de reparto agrario podría comprenderse, por su efecto evidentemente sanador. El problema es que la materialización de dichos principios revolucionarios acabó por ser terriblemente ineficiente y, muchas veces, muy equivocada: la tierra se atomizó; y el reparto agrario no fue para favorecer a los agricultores, sino a la gente pobre.

 Así, fue la revolución misma y la “justicia social” la que acabó por darle un golpe mortal a la producción agrícola, pues la tierra no fue para quien la trabajara, sino para las personas sin recursos.

 En 1992, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se impulsó una reforma fundamental al artículo 27 constitucional para permitir la inversión de capital privado en el sector agrario, y se permitió que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios se asociaran entre sí o con sociedades mercantiles para desarrollar proyectos productivos en el campo.

 Esa segunda revolución favoreció el resurgimiento de un sector económico y social de gran importancia nacional, que se vio después favorecido con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para convertirlo en uno de los principales motores de progreso nacional en nuestros días.

 El problema de la justicia social para el campo, en los términos en que fue concebida por Emiliano Zapata en el Plan de Ayala, ha perdurado a través de distintos principios legales que conceden ventajas atípicas a favor de los ejidos y comunidades agrarias. A pesar de que el reparto de tierras vinculado a la reforma agraria se ha dado por terminado, algunos privilegios y prerrogativas ligadas a la propiedad social permean y trascienden hasta nuestros días. Siendo positivas en algunos casos, para permitir el desarrollo de la producción agrícola, acaban siendo terriblemente perniciosas en otros casos, pues empoderan a comisariados ejidales, no con fines productivos, sino especulativos y de extorsión.

 Hace mucho tiempo que no leía con tanta atención una noticia tan discordante sobre el campo. Información que mostrara de manera tan vívidamente la presencia de normas jurídicas que son tan formalmente vigentes, como objetivamente superadas. Actos de interpretación jurídica que reflejan la distancia abismal existente entre lo que es el México planteado en las letras de la Constitución, y aquel que deseamos y necesitamos que llegue a ser.

 En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discutió la semana pasada el caso del Ejido San Vicente de los Planes, contra la sociedad Boca de la Salina, S.A. de C.V.

 Un conflicto de tierras en el que la Suprema Corte de Justicia ha definido un nuevo criterio interpretativo de la propiedad. Su deliberación abrió el camino para que un tema que no había sido planteado por el ejido en su demanda obligará a que los Tribunales Agrarios analicen la validez de un título de propiedad de 1893, a la luz de la Constitución de 1917.

 El problema es que el precedente se extrapolará a otros casos que podrían quedar insertos en la misma coyuntura. No se tratará, así, de una resolución que sólo será peligrosa por la suplantación que realicen los tribunales con relación a las pretensiones expresadas por las partes en su demanda –como muy equivocadamente lo hicieron los ministros–, sino que la apertura al estudio de la titularidad originaria de la propiedad en función de la fecha misma de adquisición de la tierra, quedará colocada en situación de absoluta vulnerabilidad jurídica.

 Las tierras urbanas en las que hoy habita la gente, pudieron fácilmente ser terrenos rústicos hace un siglo. Sabedores de que la propiedad nunca se consolida sobre terrenos ejidales; ¿qué sucederá si alguna comunidad agraria aduce tener derechos agrarios sobre colonias fundadas en esos terrenos que no eran parte de una ciudad? ¿Los tribunales quedarán entonces facultados u obligados a efectuar dicho análisis de titularidad con relación a cualquier terreno? De ser así, ¿Qué sucederá con Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac o Tlalpan?

 Los propietarios de inmuebles con uso residencial construidos sobre las tierras que reclama el Poblado de San Vicente de los Planes, en Bahía de la Ventana, La Paz, BCS, quienes con toda seguridad adquirieron su propiedad de Boca de Salina, S.A. de C.V. o sus causahabientes, de entera buena fe, están a punto de quedarse en la calle.

El criterio sustentado por siete de los ministros de la Suprema Corte de Justicia abre una caja de pandora que no favorece el crecimiento del campo; empodera a potenciales extorsionadores ejidales; da una puñalada a la inversión privada; e introduce un ambiente de zozobra en perjuicio de particulares que podrían ser propietarios de inmuebles habitacionales en los que desarrollan su vida de entera buena fe.  La resolución dictada por los ministros es absolutamente insensible y ajena a la realidad que vive el país.

 Una improvisación populista que resulta terriblemente desafortunada en este momento en que se empieza a revisar la eficacia y actualidad del T-MEC, y en el que cada jugada, como ésta, se mantiene a la vista de la Embajada de los Estados Unidos de América y Canadá, o en la de sus grupos de negociadores. Las medidas necesarias que se tomen para proteger intereses de sus connacionales, en situaciones como la de Bahía de la Ventana, acabarán siendo siempre contrarias a los intereses que con justicia social se adoptaron hace un siglo, que muy bien se podrían seguir defendiendo con otra óptica actual, posiblemente más funcional.

Injerencias

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 26 mayo 2026.

Acerca del Autor

Antonio Cuéllar Steffan

Injerencia se define por la Real Academia de la Lengua como la acción o el efecto de injerirse; y encuentra como sinónimos a las siguientes palabras: intromisión, intrusión, entremetimiento, entrometimiento, mangoneo, curiosidad, descaro o fisgoneo. Uno se entromete en algo cuando interviene en asuntos ajenos sin tener derecho, necesidad o invitación para hacerlo.

 México tiene en su mandato constitucional una forma de gobierno democrática, a través de la cual reconoce la participación directa de sus ciudadanos en la elección de sus gobernantes. No se trata de una idea aislada, es una determinación nacional que armoniza con compromisos asumidos por el país en el ámbito internacional.

 La Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprometen a México a respetar la democracia como modelo de vida, sin intervención ni injerencia externa que afecte los procesos de elección que lleve a cabo para definir su sistema político, económico y social.

 La injerencia o intervención de todo Estado extranjero en la vida interna de cualquier país, es vista, desde luego, como una afectación natural a la soberanía y al principio de autodeterminación de los pueblos; pero es este último principio, el de la autodeterminación, el que en estas fechas cobra especial relevancia.

 En un mensaje que el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, dirigió la semana pasada al pueblo cubano, hizo una explicación breve aunque suficientemente detallada de lo que es la compañía GAESA; una empresa privada en manos de las Fuerzas Armadas Cubanas, que tiene bajo su encargo la administración de los ingresos que representan el 70% de la economía de la isla. Es ese mecanismo el que ha impedido a los cubanos gozar de auténtica libertad.

 El conflicto de interés es clarísimo, al apreciarse cómo es que la organización de defensa del Estado en la que se confía el monopolio de la violencia legítima para imponer el orden público se involucra simultáneamente en el control total de una economía. Si la isla tuviera un auténtico sistema democrático y se autodeterminara, el pueblo habría revocado la encomienda y arrebatado tal riqueza de las manos de tan corrupta corporación.

 De ahí que ante el pronunciamiento anónimo de los diputados que conforman el “Grupo de Hermandad México-Cuba”, en el que condenaron las acusaciones que el Departamento de Justicia de los EEUU fincó contra Raúl Castro por el derribo de aviones en 1996, admita el legítimo cuestionamiento elevado por el exembajador de los EEUU en México, Christopher Landau: ¿Hay un ejercicio real de autodeterminación del pueblo cubano frente a una dictadura que no ha permitido elecciones libres a lo largo de sesenta y siete años?, ¿Puede hablarse de injerencia internacional contra el gobierno de Cuba cuando mediante el ejercicio ilegítimo del poder público ha mantenido sometida a una Nación entera?

 La iniciativa que ha presentado el senador Ricardo Monreal, a través de la cual pretende imponer un candado constitucional para que cualquier elección sea inválida si llegara a existir injerencia internacional es terriblemente peligrosa, como simultáneamente inconvencional. Está inmersa, precisamente, en la problemática que arrojan las consideraciones anteriores.

 ¿Hasta qué punto una participación de extranjeros se definirá como acción de intervención? La legislación electoral vigente permite la participación de visitantes internacionales y observadores que, sin contradecir la competencia gubernativa en el ramo electoral, dé testimonio de la legalidad de los procesos electorales que se realicen en México. Darle al gobierno en turno la posibilidad de calificar qué es “intervención”, garantiza la invalidez de todas las elecciones por venir en las que no tenga un resultado favorable a sus propios intereses, por la mera asistencia de visitantes internacionales y observadores.

 Las reformas constitucionales que impulsa la mayoría gobernante en el Congreso tienen impresa la idea de que será el mismo grupo el que mande a perpetuidad. ¿No les estorbará a ellos mismos su propia reforma, si pierden la elección? Fue la izquierda mexicana la que impulsó la creación misma del andamiaje institucional electoral que hoy se mantiene vigente y lo llevó al poder. ¿Cuál es el sentido o propósito subyacente de alterar dicho sistema?

 El punto clave es que, ante la posibilidad de que un régimen de gobierno se enquiste, con la connivencia de las Fuerzas Armadas, el régimen democrático que consagra la Constitución se habrá violado y trascenderá al ámbito de las convenciones internacionales que hoy nos interesa.

 Una simulación de democracia, claramente, no es democracia. Conforme a los tratados internacionales firmados por México, la comunidad internacional sí podría y debería involucrarse y entrometerse en la vida interior del país para lograr rescatar, en un momento dado, a un pueblo sometido por su propio gobierno, si ese llegara a ser el caso. Rescate de la Nación no es intromisión ni injerencia.

 Visto desde un punto de vista internacional, la iniciativa de reformas que anunció el senador Monreal sólo muestra desnudo al emperador, y nos obliga a mirar hacia nuevos rumbos, en los que la evolución de la comunicación y la vida global conmina a que la humanidad entera se involucre activa y afirmativamente en la conservación de la democracia como modelo institucional de vida para todo el planeta. 

Increíble es que, en esta etapa de la historia de México, tengamos que estar pensando en tan oscuras disyuntivas y posibilidades.

Un presidente no pide favores

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 19 mayo 2026.

Acerca del Autor

Antonio Cuéllar Steffan

 Los tiempos de la hegemonía del PRI durante el siglo pasado son susceptibles de una innumerable cantidad de críticas desde muchos puntos de vista; sin embargo, existe una realidad innegablemente digna de reconocimiento: el partido institucional en el poder entendió las exigencias de su tiempo y contó, en su seno, con corrientes de decisión que le permitieron asumir, según las circunstancias, el papel que la historia le demandó o le impuso.

 Así, la revolución institucional engendró presidentes con un pensamiento nacionalista y de izquierda, como Lázaro Cárdenas o Luis Echeverría, del mismo modo en que produjo líderes que enfrentaron el neoliberalismo surgido tras el fin de la Guerra Fría, como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

 El PRI supo y pudo estar a la altura de sus circunstancias porque no fue el partido de una sola persona –o, al menos, logró desprenderse de ella–, sino una organización realmente institucional, integrada de manera colegiada alrededor de una idea derivada de la Revolución de 1910, de la que tomó su nombre y sus valores, aunque muchos de ellos terminaran por abandonarse con el paso de los años.

 A lo largo de las últimas tres décadas, antes del advenimiento del morenismo, los gobiernos llamados “tecnócratas” entendieron el grave daño que ocasionan al desarrollo y a la estabilidad del país el gasto público desenfrenado y el endeudamiento irresponsable. Desde Miguel de la Madrid se asumieron políticas restrictivas en la gestión financiera del Estado, que evitaron un descarrilamiento económico como el que provocó la administración de la abundancia encabezada por José López Portillo.

 Ese cuidado de las finanzas públicas permitió consolidar cierta estabilidad macroeconómica, otorgándole a México grado de inversión y condiciones de confianza suficientes para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá.

 Desafortunadamente, a partir del levantamiento zapatista de 1994, la fragilidad del sistema político y la presencia permanente de grupos antagonistas de izquierda comenzaron a ser percibidas por los inversionistas como factores de riesgo que impidieron un crecimiento económico más acelerado. A pesar de ello, la disciplina financiera permitió conservar estabilidad cambiaria hasta nuestros días.

 El riesgo anticipado terminó por materializarse en el sexenio pasado, tan pronto como se canceló, mediante una consulta improvisada, el proyecto más emblemático anunciado y emprendido por el presidente Enrique Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

 Hoy, los ahorros se han agotado y el endeudamiento creciente ha colocado al país al borde de perder el grado de inversión. No se observaba un panorama semejante desde hace más de treinta años.

 El problema que enfrentamos en esta coyuntura es que Morena no es el PRI, ni tiene tampoco la capacidad política y estructural de serlo; y es con ese instrumento político con el que la presidente debe gobernar y conducir al país. Morena carece de los contrapesos internos, de la formación institucional y de la experiencia de Estado que durante décadas caracterizaron al viejo sistema político mexicano. Al mismo tiempo, tampoco sobrevive ya un PRI capaz de sustituir al establishment que, durante los últimos siete años, se impuso y se apropió de la vida pública nacional.

 La petición de extradición de nueve funcionarios realizada por los Estados Unidos –que durante las últimas semanas ha ocupado la atención nacional–, aunada a la precariedad de las finanzas públicas, hace evidente el llamado histórico que enfrenta Claudia Sheinbaum Pardo: México necesita que la presidenta asuma plenamente el cargo y la posición que la Constitución le confiere; con los partidos que la acompañen.

 Una coincidencia fáctica ocurrida la semana pasada ilustra con claridad el problema que nos desborda. Durante su regreso a los Estados Unidos, un reportero preguntó al presidente Donald Trump si solicitaría a China el favor de intervenir ante Irán para abrir el estrecho de Ormuz. La respuesta fue inmediata: los Estados Unidos no piden favores porque no los necesitan y porque hacerlo implica, inevitablemente, quedar obligados a corresponder.

 Casi al mismo tiempo, la presidente Claudia Sheinbaum anunció la renuncia del doctor Víctor Rodríguez como director general de PEMEX y presentó a Juan Carlos Carpio como su relevo. En una comunicación que buscó ser cercana y cordial, relató la manera en que había pedido a su amigo Víctor Rodríguez el favor de asumir la dirección de la empresa del Estado, encargo que él aceptó desempeñar únicamente durante un año y medio, plazo que ahora llegaba a su término.

 La diferencia entre ambos posicionamientos resulta profundamente ilustrativa. Mientras uno comunica la fortaleza institucional del Estado que representa, el otro transmite todavía una lógica de relaciones personales y de confianza individual, más cercana al círculo político que a la investidura presidencial.

 Al final de las dos guerras mundiales, el papel de vencedores y vencidos correspondió a Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos, por una parte, y a Alemania, el Imperio austrohúngaro y Japón, por la otra. La historia registra las acciones de Churchill, De Gaulle, Roosevelt, Hitler, Mussolini o Hirohito; pero el peso de la victoria o de la derrota termina siempre por recaer sobre las naciones enteras.

 En eso consiste ser jefe de Estado: en asumirse como el representante máximo de los intereses permanentes del país y actuar en consecuencia.

 La presidente aún no termina de asumirse plenamente como tal. Un presidente ordena; no pide favores. Y si las circunstancias lo obligan a hacerlo, difícilmente lo comunica como virtud política. Claudia Sheinbaum todavía enfrenta el desafío histórico de ejercer plenamente la dimensión institucional del cargo que decidió encabezar.

 Los slogans de campaña alrededor de la justicia social y de la honestidad de la Cuarta Transformación seguirán siendo útiles para movilizar simpatizantes al Zócalo o al Paseo de la Reforma. Sin embargo, el mantra repetido cada mañana será insuficiente para corregir el complejo escenario económico e institucional que México comienza ya a enfrentar.

México y España: destinos comunes

 Antonio Cuéllar Steffan/ martes 5 mayo 2026.

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Antonio Cuéllar Steffan

Mencionarlo resulta obvio: existen mil y un factores que unen a México y a España. Idioma, historia, religión, cultura y tradiciones conforman, en buena medida, un mismo tronco. Una diferencia, sin embargo, salta a la vista: la percepción que cada una de nuestras dos naciones tiene de Hernán Cortés, villano y héroe a la vez, dependiendo del lado del océano desde el que se observe.

 Dos afortunados viajes parecen empezar a desdibujar el innecesario distanciamiento que la administración de López Obrador, a través de distintos actos, impulsó en la relación hispano-mexicana: el viaje reciente de la presidenta Sheinbaum a Barcelona, y el que hoy realiza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Ciudad de México. Enhorabuena.

 Por la dimensión e importancia de México y España, y por el intercambio social y económico que a lo largo de la historia ha existido entre ambas naciones, la idea de buscar y lograr un nuevo acercamiento entre ambos países debe ser siempre bien recibida, por distantes que puedan ser los pensamientos ideológicos de sus respectivas representaciones políticas.

 Entre 1936 y 1939, México recibió a entre 20 y 25 mil españoles –refugiados de la Guerra Civil– que encontraron en nuestro país un suelo fértil en el cual emprender su carrera o desarrollar sus negocios. Impulsores de la cultura, la educación y la actividad económica, encontramos nombres conocidos e importantes, como Juan Grijalbo, Rafael Giménez Siles o José Pagés Llergo, fundadores de Editorial Grijalbo, Librerías de Cristal y la revista Siempre, respectivamente, cuyo impacto sigue vigente hasta nuestros días.

 La huella de España permanece impresa en el alma de los mexicanos con motivo de las aportaciones que la península ha legado a lo largo de más de cinco siglos de historia en común, que comenzaron con la llegada de los españoles a estas tierras, de la que dependió el nacimiento del pueblo que hoy se expresa a través de cada uno de nosotros.

El favor parece jugarse ahora en sentido inverso. Desde la pandemia, España ha registrado el ingreso de entre 35 y 45 mil mexicanos que buscan en Europa una oportunidad de desarrollo similar a la que encontraron quienes llegaron hace casi un siglo a América. Se trata de un flujo constante que confirma la vigencia de los vínculos entre ambas sociedades.

 El fenómeno migratorio entre las dos naciones resulta enriquecedor desde cualquier perspectiva, pues los puntos de unión son numerosos y el éxito de la integración, en cualquiera que sea el sentido del flujo humano, encuentra condiciones particularmente favorables en la afinidad cultural.

 Circunstancialmente, sin embargo, convergen en esta etapa de la historia intereses comunes para ambos países que deben atenderse con apremio. Siendo destino o puente de flujos migratorios provenientes de regiones vecinas –África sahariana, en el caso de España, y Centroamérica y el Caribe en el de México–, su propia identidad cultural, así como su estabilidad social y económica, enfrentan presiones crecientes que no pueden soslayarse.

 Los diarios que circulan en Europa informan con preocupación sobre los efectos de la política de apertura migratoria anunciada por el presidente Pedro Sánchez, que facilitaría la regularización de cientos de miles de personas provenientes del norte de África, cuyos contextos culturales, religiosos y lingüísticos difieren de manera significativa de los europeos, generando tensiones que deben ser atendidas con responsabilidad.

 En México, por su parte, se ha anunciado el ingreso de alrededor de mil migrantes haitianos que se encontraban detenidos en Tapachula, cuya intención ya no es atravesar el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos, sino establecerse en la Ciudad de México, como lo han hecho previamente comunidades de diversa procedencia, integrándose gradualmente al tejido social.

 No debe existir un sentimiento irracional de rechazo hacia el migrante; sin embargo, resulta indispensable impulsar políticas de integración que atiendan la dimensión cultural y social del fenómeno, dentro de los marcos de la hispanidad o de la mexicanidad, según corresponda, y que permitan preservar la cohesión interna de cada nación.

 Ante todo, ha de reconocerse que el mundo ya no está por descubrirse, como lo estaba en los inicios del siglo XVI; por el contrario, se encuentra en un proceso acelerado de reconformación económica, social, demográfica y ambiental que exige respuestas coordinadas y de largo alcance.

 Países desarrollados o en vías de desarrollo, como los nuestros, con la voz e importancia de la que gozan en el concierto internacional, tienen la responsabilidad de concebir e impulsar agendas que contribuyan a consolidar la democracia y el Estado de derecho como factores indispensables de convivencia, así como a canalizar recursos productivos para la generación de empleo regional. Sólo así podrán atenderse las necesidades humanas en todas las latitudes, pues es precisamente la carencia de oportunidades la que alimenta el fenómeno migratorio que hoy tensiona a buena parte del mundo.

 En ese contexto, el diálogo entre México y España no sólo adquiere relevancia bilateral, sino que puede proyectarse como un ejemplo de cooperación responsable entre naciones con historia común, capaces de construir soluciones compartidas frente a desafíos globales.

 Que la reunión pacífica y diplomática de México y España sea fructífera y, sobre todo, reparadora. Que nuestros orígenes comunes y destinos convergentes sirvan para encontrar, en el entendimiento mutuo, una aportación valiosa para el resto del mundo.

 La bienvenida exhortación del embajador

 Antonio Cuéllar Steffan/ martes 28 abril 2026.

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Antonio Cuéllar Steffan

 La inversión disminuye; la demanda de trabajo se incrementa; los recursos públicos se agotan; la exposición del país frente al mundo se avecina con el Mundial, y los procesos electorales ya tocan a la puerta: la situación que vive el país es angustiante.

No ha errado el embajador Ronald Johnson al afirmar que, para que la inversión prospere, se requiere certeza jurídica, seguridad y combate a la corrupción. Desafortunadamente, en nuestro país esos tres factores han colapsado, pues la agenda política avanza en sentido diametralmente opuesto. Se ha desmantelado el andamiaje institucional del que dependían la certidumbre jurídica, la defensa del derecho y la aplicación puntual de la ley.

Lo más grave es que la realidad se impone y demuestra que incluso los críticos más benevolentes del sistema no necesitan escarbar demasiado para encontrar ejemplos. Durante una semana han circulado en redes sociales videos que exhiben la desorientación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrapada en un remolino de palabras que no logra articular para expresar su voto: no comprendía la diferencia entre la sustancia de la deliberación judicial y el proyecto en el que ésta se contiene.

El problema que ha dejado la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación es de la mayor gravedad. El hecho de que el máximo tribunal del país navegue sin rumbo definido evidencia la precariedad del trabajo que realizan los tribunales de menor jerarquía, a los que han accedido abogados menos calificados. México se posiciona así en el escenario internacional como un país en el que no impera la ley y en el que, sin embargo, comienza a imponerse –aunque no en todos los casos– la justicia de los amigos o de los más corruptos.

Por ello debe recibirse con esperanza la iniciativa de reformas a la Constitución presentada por legisladores de Morena la semana pasada. Dicha propuesta aplaza la implementación del golpe al grupo de jueces y magistrados de la vieja escuela que aún ocupan sus plazas, como lo establece la norma vigente, y retoma la necesaria experiencia y capacitación profesional como requisitos esenciales para acceder al cargo. El hecho de que el relevo judicial se postergue hasta 2028 da un respiro a quienes encontramos en la administración de justicia un pilar fundamental del progreso ordenado del país.

Hay, sin embargo, un aspecto que debe atenderse con urgencia: la Constitución mantiene una antinomia entre sus artículos 94 y 97, relativos a los mecanismos de designación de la presidencia de la Suprema Corte.

Consideramos que, en aras de preservar la autonomía del Poder Judicial de la Federación –ajena a cualquier intervención externa, como podría ser un resultado electoral– y en atención a su función técnica y de alta especialización jurídica, así como a su papel orgánico-constitucional en la resolución de controversias entre poderes, debe prevalecer la interpretación que permita la continuidad de los procedimientos internos de elección de la presidencia de la Suprema Corte, como hasta ahora ha ocurrido. Difícilmente habría algo que garantice mejor la certidumbre jurídica que exige quien entiende que la labor del máximo tribunal consiste en trazar los caminos para la aplicación del derecho.

No obstante, subsiste una interpretación posible que favorecería la preeminencia de mecanismos electorales externos para determinar el gobierno del máximo tribunal. Ello dejaría en manos de electores inexpertos, ajenos a las responsabilidades constitucionales de la Suprema Corte, una decisión que podría colocar la conducción del órgano más importante de justicia del país en manos de ministros de partido, capaces de comprender la lógica ideológica, pero no la serenidad que exige el imperio de la Constitución.

A esta discusión debe añadirse un elemento práctico que rara vez se explicita: la calidad de la justicia no sólo impacta en la arquitectura institucional, sino en la vida cotidiana de quienes acuden a los tribunales. Cada resolución errática, cada criterio inconsistente, cada nombramiento sin sustento técnico, se traduce en incertidumbre para las personas, en costos para las empresas y en un deterioro progresivo de la confianza pública. La justicia deja entonces de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en un factor adicional de riesgo.

Cualquiera que sea el proceso de reforma constitucional en materia judicial, debe retomar a fondo la imprescindible capacidad profesional y experiencia de quienes aspiren a juzgar; reconsiderar la reducción facultativa de los tribunales de disciplina encargados de aplicar correctivos y sanciones; y, en lo relativo a la Suprema Corte, asegurar la funcionalidad de sus mecanismos internos de designación, a fin de preservar ese mismo principio de capacidad como baluarte del máximo órgano de justicia del país.

Apenas comienzan las rondas de revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Es previsible la exigencia que en ese ámbito habrá de imponerse. Constituye un interés hemisférico –que a todos conviene– que el país recupere la senda de la legalidad. La Presidenta tiene una oportunidad de oro para corregir un error que ya nos relega en materia de inversión productiva frente a otros países latinoamericanos.

La disyuntiva es clara: o se restituye la lógica institucional que garantiza la imparcialidad y la competencia técnica de quienes imparten justicia, o se consolida un modelo en el que la incertidumbre jurídica termine por erosionar no sólo la confianza de los inversionistas, sino la de la sociedad en su conjunto. En ese punto, ya no habrá exhortación diplomática que alcance.

Entre la Embajada y la Residencia: un caso para el VAR

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 21 abril 2026.

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Antonio Cuéllar Steffan

Después de la tremenda refriega que sufrió el excanciller Marcelo Ebrard al revelarse que su hijo recibió apoyo de la Embajada de México en Londres durante seis meses, en 2021, con motivo de los estudios que realizó en el Reino Unido, necesariamente surge la pregunta sobre si, en efecto, esa representación nacional, a través de su titular, la Embajadora, violó o no la ley que rige la responsabilidad de los servidores públicos.

 Por la sensibilidad del caso y las severas críticas expresadas la semana pasada, merece la pena aclarar que no conozco a los actores involucrados; no tengo relación profesional o comercial con alguno de ellos ni con la Administración Pública –directa o indirectamente–; nadie me ha pedido que escriba esta opinión, ni me beneficia o perjudica en modo alguno. Esta opinión nace de mi entendimiento del derecho y de su carácter necesariamente lógico.

 En principio, encuentro que, con tan pocos datos y pruebas aportadas con motivo de la investigación periodística que salió a la luz, la respuesta es sumamente difícil de dar. A partir de los datos ofrecidos por el propio licenciado Ebrard en su explicación a los medios la semana pasada, estimo que la falta que se le imputa no es necesariamente reprochable.

 Como en el fútbol, la jugada tiene que revisarse en el VAR. Difícilmente puede afirmarse, con tan poca información, que hubo fuera de lugar.

 Coincido con lo que ha señalado Aristegui, en el sentido de que no es mezquino que Claudio Ochoa, de Latinus Diario, revele información que ha llegado a sus manos en ejercicio de su profesión de periodista –como equivocadamente lo señaló el exsecretario–; sin embargo, sí resulta apresurado, por decir lo menos, que en el ejercicio periodístico se incorpore una opinión subjetiva sobre un hecho previsto por la ley sin contar con una asesoría profesional especializada, pues ello puede ocasionar una afectación reputacional indebida. Insisto: la jugada debe revisarse en el VAR.

La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece en su artículo 47 un conjunto de derechos que corresponden a los embajadores durante el periodo de su encargo en el extranjero. Entre otros, tienen derecho a una vivienda, y el personal del Servicio Exterior tiene derecho al pago de un alquiler para vivienda. El Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano desarrolla estos aspectos.

 Si bien es cierto que los embajadores, como todo servidor público de la Administración Pública Federal, tienen el deber de observar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ello no impide que se les reconozca una serie de prerrogativas que no corresponden a otros trabajadores del Estado que residen en el país. El lugar en el que deben vivir o residir, por la naturaleza de su encargo, forma parte de su remuneración.

 Dicho lo anterior, existe una clara diferencia entre la sede de la Embajada de México en otras capitales del mundo y la residencia del embajador. Aunque el embajador es el jefe de la Embajada, su casa ocupa un espacio distinto de la sede oficial.

 Mientras que las embajadas cumplen una función de representación del Estado mexicano, estrictamente vinculada al ámbito de la vida diplomática y, por tanto, de orden público, la residencia de los embajadores tiene un carácter híbrido: si bien se destina a ciertas actividades de protocolo, no deja de ser un ámbito en el que el servidor público desarrolla su vida privada.

 ¿Cabría fincar responsabilidad contra un embajador por utilizar un vehículo de la representación diplomática para llevar a sus hijos a la escuela en el extranjero? La propia ley lo permite: no.

 De esta manera, puede sostenerse que, si el hijo de Marcelo Ebrard vivió en la residencia de la embajadora –como el propio exsecretario lo señaló–, por invitación de ésta, al asumirse como amiga suya y al ofrecer cuidarlo como a un hijo, entonces es posible que no se hayan desviado recursos públicos para atender un propósito de carácter privado.

 Abundando en lo anterior, si la residencia se ubicaba en el mismo inmueble que las oficinas de la representación diplomática, habría que distinguir entre los espacios destinados a la vivienda de la Embajadora y su familia y aquellos que corresponden a oficinas públicas del Estado mexicano.

 Mientras no existan pruebas de que el joven vivió en la embajada; utilizó sus oficinas para imprimir trabajos; consumió alimentos destinados a actos protocolares; hizo uso de líneas telefónicas oficiales para fines personales; o empleó la embajada para realizar reuniones privadas, las acusaciones permanecerán en el terreno de los señalamientos, quizá llamativos, pero difícilmente suficientes para fincar responsabilidades contra la Embajadora o el exsecretario.

 La línea es delgada, pero en la valoración jurídica no debe asumirse que este caso es equiparable al del director de CONAGUA que trasladó a su familia en un helicóptero de la institución. Se trata de situaciones que, más allá de opiniones, resultan jurídicamente diferenciables; en mi opinión, en ambos casos, sí mezquinas por cuanto a lo que se exige a ambos servidores públicos, en consideración a que se trató de una muestra de cuidado y cariño a la propia familia; ninguno distrajo recursos con propósitos auténticamente corruptos.

 Otrosí digo:

 También en el ámbito de las relaciones exteriores: qué bueno que la Presidente ha puesto fin al distanciamiento generado al inicio del sexenio pasado con motivo de su viaje a España; qué lástima que la decisión haya ocurrido en el contexto de una reunión auténticamente partidista e ideológica, en la que no se abordaron los intereses del país en el exterior, sino que se impulsó una agenda que, como se vea, no necesariamente nos representa.

Inversión y… ¿seguridad jurídica?

 Antonio Cuéllar Steffan/ martes 14 abril 2026.

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Antonio Cuéllar Steffan

 Las dos noticias son perfectamente coincidentes en el tiempo: por un lado, la recriminación nacional contra la administración de Claudia Sheinbaum por su inacción ante la desaparición de personas; y, por el otro, su beneplácito y ostentación ante la aparición de su nombre en una lista de líderes con mayor aprobación política en la región. ¿Cómo se explica esta contradicción?

 Sería ingenuo no reconocer que la todavía vigente aceptación del gobierno de Morena –pese al creciente número de escándalos y disfunciones relacionadas con sus obras de infraestructura– está directa y proporcionalmente ligada al asistencialismo social; al importante cúmulo de programas y mecanismos de ayuda clientelar, quizá desplegados desde hace  ya más de veinte años, cuando a través del PRD accedieron al gobierno de la capital del país.

 El hecho de que no sean sus acciones sino “la riqueza que distribuyen”, lo que determina la popularidad de este gobierno, arroja un problema grave que podría hacer crisis muy pronto: los recursos públicos destinados a sostener la política asistencialista se han agotado y el endeudamiento ha llegado a su límite. La discontinuidad de los programas pone en riesgo al partido, pues no puede pasar desapercibido que el año entrante se organizarán procesos electorales a nivel nacional y local que, por el número de candidaturas a elegir, podría arrebatar el control de la agenda legislativa y, en muchos estados, la conducción del gobierno.

 El país necesita de los recursos que Morena ha venido distribuyendo, y ello no se logra sin recaudación o, aún mejor, sin inversión productiva.

 Es ahí en donde radica la relevancia del anuncio realizado por la presidente la semana pasada, al difundir en X el éxito de la reunión sostenida con el Director Ejecutivo de BlackRock y otros líderes empresariales extranjeros, en la que se discutió el rumbo de futuras inversiones que podrían incorporarse al modelo económico de la Cuarta Transformación.

 Para desfortunio de todos nosotros, debemos recordar que no es la primera ocasión en que la Presidente se reúne con empresarios o banqueros para hablar de inversión. No resultaría nada extraño, por eso, que pese a las siempre amables expresiones de compromiso por parte de los representantes del capital, volvamos a atestiguar persistente sequía de capital productivo dirigido a abrir o reforzar sectores de la economía liberal que demandan capital intensivo y prometen generación de empleo.

 La narrativa de justicia social y compromiso patriótico de la administración morenista, aunada a la cadena de acciones y hechos que contradicen ese discurso, constituye un muro de contención que le da seguridad al movimiento, pero repele y atemoriza a cualquier empresa seria que pretenda emprender negocios en México.

 Todo indica que a los dos presidentes postulados por el movimiento les ha faltado una asesoría jurídica esencial al diseñar su proyecto de nación: la clave está en la seguridad jurídica. 

 Para muestra, un botón.

 Hace apenas tres meses, en enero de este año, la ministra Lenia Batres Guadarrama provocó un intenso debate al interior de la SCJN al proponer la eliminación del principio de cosa juzgada, planteando la posibilidad de reabrir casos ya sentenciados cuando se detectaran acciones fraudulentas dentro del juicio. La idea resultó insostenible y no contó con el respaldo de los demás ministros, debido al grave impacto que una línea de intervención judicial de esa naturaleza tendría sobre la seguridad jurídica.

 Una sentencia firme constituye la base sólida sobre la cual se construyen actos y empresas que requieren certeza legal, de la que dependen, inevitablemente, sus probabilidades de éxito.

 En esa misma línea de desvaríos constitucionales, el pasado 10 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 127 constitucional, con el propósito de establecer un límite a las pensiones de los trabajadores del Estado. Conforme a su nueva fracción IV, ningún servidor público podrá percibir una pensión superior a la mitad de la remuneración que reciba el Presidente de la República.

 Lo más preocupante es que el artículo Segundo Transitorio del decreto dispone que dicho límite será aplicable incluso a pensiones ya vigentes, es decir, a aquellas otorgadas con anterioridad a la reforma. Ello implica una abierta contradicción con la garantía de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional.

 La medida generará una inconformidad generalizada entre los pensionados afectados. Sin embargo, la Ley de Amparo impide impugnar reformas constitucionales por esta vía –tema que ya hemos abordado en este espacio–, lo que anticipa la inminente apertura de foros internacionales a los que acudirán los trabajadores para reclamar la vulneración de sus derechos.

 ¿Quién habrá de pronunciarse sobre esas reclamaciones y sus efectos? Serán los jueces, magistrados y ministros electos que la ciudadanía ha visto debatir. En ellos quedará depositada la facultad de interpretar nuestra Carta Magna y el orden jurídico nacional, con las consecuencias –probablemente adversas– que ello implicará.

 Es esta circunstancia, precisamente, reproducida cientos o miles de veces, la que permite a los inversionistas afirmar, con fundamento, que en México no se respeta plenamente el Estado de Derecho ni se garantiza la seguridad jurídica.

 Las circunstancias apremian; el país no puede permanecer en el ostracismo del desarrollo; es momento de que la Presidente y su partido reconsideren la estrategia. Sería muy oportuno que se reconozca la importancia y funcionalidad del sistema de frenos y contrapesos, así como el valor de la legalidad; presupuestos necesarios de todo Estado moderno interesado en convocar a la inversión.

La doble competencia en materia de lavado

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 31 marzo 2026.

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Antonio Cuéllar Steffan

Semana con semana, las noticias siguen siendo acaparadas por el grave y sostenido crecimiento de la criminalidad en el país. Esta semana estuvo marcada por el doloroso tema de las madres buscadoras y el maquillaje de las cifras de desaparecidos en México. La que viene probablemente girará en torno al abatimiento de capos criminales o al aseguramiento de droga.

 Con independencia de los aciertos –y de los muchos desaciertos– con los que la actividad investigadora y de persecución de los delitos se lleva a cabo en México, todos los expertos coinciden en un punto: el aseguramiento del dinero es un medio indispensable para impedir que las actividades criminales continúen su curso.

 El acceso a la información bancaria y financiera por parte de las autoridades encargadas de investigar delitos, así como el hallazgo de pruebas que permitan rastrear la trazabilidad del dinero, constituyen un factor determinante para demostrar el vínculo entre los recursos y las conductas ilícitas. Sin ese vínculo, no hay caso penal que pueda sostenerse.

 Pero hay un límite que no puede ignorarse: todas las acciones que emprendan los tres poderes para alcanzar ese objetivo deben encuadrar en el marco de nuestra Constitución. Los errores que legisladores, autoridades administrativas, fiscalías y juzgadores cometan en ese punto no sólo son técnicos; frustran, en perjuicio de la sociedad, el esfuerzo que conlleva destinar incontables recursos humanos y materiales para alcanzar la paz.

 Desde esa perspectiva debe analizarse, una vez más, la relevancia del Decreto de reformas al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la Federación a mediados de la semana pasada.

 Las modificaciones al Reglamento vienen a armonizar las reformas aprobadas en julio del año pasado tanto a la ley en la materia como al Código Penal Federal. El Reglamento dota de operatividad a la reforma y facilita la intervención que ahora debe tener la Unidad de Inteligencia Financiera en la implementación de procedimientos administrativos y en la coordinación institucional con la Fiscalía General de la República, frente a cualquier querella por delitos relacionados con el lavado de dinero.

 El Reglamento consigna reglas operativas que los bancos y otras instituciones tenedoras de información sensible deberán observar, con la finalidad de facilitar la detección temprana de operaciones ilícitas. La reforma permitirá una coordinación más estrecha en el cumplimiento del objetivo final: una fiscalización más activa de las operaciones monetarias en las que las bandas criminales se involucran habitualmente.

 Sin embargo, el problema de fondo subsiste, y no proviene del Reglamento, sino de la propia ley y de la concepción de las actividades que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este ámbito.

 El artículo 21 constitucional concede facultades exclusivas al Ministerio Público para conducir la investigación de los delitos. Bajo ningún concepto ese representante de los intereses de la sociedad puede quedar subordinado al mandato de una autoridad administrativa que, además, forma parte del mismo aparato estatal encargado de recaudar impuestos al que ahora se le confía la inspección de las cuentas bancarias del contribuyente.

 La frontera que la Constitución impone entre las autoridades administrativas encargadas de producir inteligencia financiera y aquellas de las que depende la acción penal es sumamente tenue. En los hechos, casi imperceptible.

 El efecto que se ha producido es particularmente delicado para la seguridad jurídica. Por un lado, el Ministerio Público subsiste como el único competente para investigar, recabar pruebas y dictar medidas de aseguramiento dirigidas a la persecución de un delito. De esas pruebas depende una sentencia efectiva y la imposición de penas. Sin embargo, paralelamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede investigar, generar información de inteligencia financiera indispensable para una causa penal y, además, dictar medidas de bloqueo de cuentas mediante las cuales impide el uso de recursos y los congela.

 Ese bloqueo, aunque formalmente administrativo, produce efectos equivalentes a un aseguramiento. Se trata, en los hechos, de una afectación patrimonial con consecuencias propias de un proceso penal, pero sin las garantías que lo acompañan.

 El problema no es menor. Se ha planteado ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cuestión de constitucionalidad que enfrenta el sistema antilavado diseñado por el legislador en un pretendido plano paralelo a los modelos internacionales. Sin embargo, por más ajustes que puedan introducirse a través de normas administrativas o reglamentarias, el problema persiste.

 Incluso con el replanteamiento del tipo penal contenido en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, no se advierte una solución de fondo. Se sigue sin reconocer el límite que impone la Constitución al establecer al Ministerio Público como el único órgano encargado de la persecución de los delitos, y se insiste en otorgar a una autoridad administrativa facultades que, por sus efectos, pertenecen al ámbito penal.

 Aun si se supera el debate sobre la necesaria revisión judicial del bloqueo de cuentas, el problema no se agota ahí. Subsiste la ausencia de una temporalidad clara para esa medida. Y subsiste, sobre todo, la falta de subordinación de la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera a las determinaciones del Ministerio Público.

 En un Estado constitucional de derecho, ninguna afectación al patrimonio con fines vinculados a una investigación penal puede sostenerse sin que la autoridad constitucionalmente competente –el Ministerio Público– conduzca, ordene y controle esa intervención. Todo lo demás no es coordinación institucional, es una ruptura del diseño constitucional.