El 9 de marzo y los nuevos derechos del ciudadano

Antonio Cuéllar Steffan / martes 25 de febrero 2020

Algunos episodios de la vida de un político determinan el destino de su carrera.  En el caso de los Presidentes electos, máximos responsables de la dirección del destino de la Nación, estos eventos definen el rumbo de la historia.  Existen momentos o circunstancias precisas que identifican el inicio del descenso de la aprobación popular de cada una de las últimas administraciones.

El levantamiento armado del EZLN en Chiapas, un acontecimiento que no tenía precedentes en la historia reciente de México, marcó la caída de la credibilidad y del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La entrada de campesinos armados con machetes, a las vías de acceso al Aeropuerto Internacional, una imagen que vimos todos a través de la televisión, señaló el temprano inicio del final del sexenio de Vicente Fox. Las histriónicas salutaciones militares de Felipe Calderón, aún no siendo éstas un referente del descenso de su popularidad, constituyen el símbolo supremo de la aventurada estrategia emprendida durante su administración en la lucha contra el narcotráfico –después pretendidamente desviada en contra de la delincuencia organizada.

Pocos ejemplos resultan ser tan claros y precisos para definir un punto de quiebre a lo largo de una conducción política, como lo fue el que nos ofreció el sexenio pasado la señora Angélica Rivera, esposa del Presidente de la República. Al conceder la entrevista a los medios de comunicación, para defender la adquisición de la “Casa Blanca”, no sólo no midió la reacción de rechazo a una operación petulante por su cuantía y por involucrar a la familia de un servidor público, sino tampoco la torpeza para entender el momento histórico que atravesaba el país en ese instante.

El Presidente y su equipo de asesores, y la propia Primera Dama, así guiada, no supieron leer el hartazgo que corría entre la gente en contra de la corrupción de su clase gobernante. Se soslayó la enorme sensibilidad que se desarrollaba entre la gente, contra actos de enriquecimiento inexplicable que pudieran provenir de un gobierno salido de un partido político identificado con la corrupción, al que apenas se le volvía a conceder la oportunidad para dirigir las riendas del país.

En el caso del sexenio anterior, la inflexión estuvo quizá definida, también, por otro desafortunado episodio histórico que complementa al anterior, el de la torpe conducción de la labor de procuración de justicia con relación a la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, levantados en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y posiblemente asesinados en esa misma fecha u otra cercana.

A lo largo de las últimas semanas se han venido elevando los reclamos que, hasta ahora, en el terreno de lo puramente social, habían venido haciendo organizaciones pro defensa de los derechos de la mujer.  Las demandas no son del todo claras, pero son evidentemente fundadas, si se observa el fenómeno que vive nuestro país alrededor del escandaloso incremento de feminicidios en el territorio nacional. Las organizaciones han llamado a un paro nacional de mujeres el 9 de marzo del 2020, que sin lugar a dudas cobra fuerza cada día.

Resulta incuestionable que, con independencia de la filiación partidaria de cualquier persona, el asesinato de mujeres, en la forma y en las cantidades que están teniendo lugar en México, por aparentes muestras de fuerza, odio o repudio en su contra, por su propio género, son aborrecibles y se deben de repudiar.

Afectado de un episodio ya continuado de paranoia, en el que se le ha visto sumido desde hace mucho tiempo, ante alusiones a golpes de estado y ataques de una oposición que francamente se aprecia inexistente, el Presidente de la República abordó el tema en sus conferencias mañaneras para atajar al contingente feminista, al que asoció con la oposición y al que calificó como un movimiento de “conservadores” para afectar a su propio gobierno.

El Presidente no mide el efecto de sus palabras y la lógica debilidad de su planteamiento, al haber sido él, el promotor y principal instigador de la manifestación como instrumento político cotidiano de recriminación y presión contra el gobierno.  Pareciera no darse cuenta de lo bochornoso que resulta ser que, el principal actor político acusado de haber tomado pozos petroleros o la Avenida Paseo de la Reforma, critique o se oponga a una muestra nacional a favor de una vida sin violencia, en especial contra las mujeres.

Su discurso, ahora acompañado por las actividades de su esposa y algunas de las mujeres que conforman su gabinete a través de sus propias redes sociales, son una clara prueba de ese distanciamiento en el que llegan a verse inmersos los políticos cuando se alejan de la gente y de esa realidad que les toca atender y gobernar; el ingrediente que deslegitima su estancia.

Quizá no llegue a ser el único fenómeno que acabe por marcar el fin del período de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero será claramente uno de los primeros, –curiosamente acontece durante los mismos días en que se llevó a cabo la operación presidencial para recaudar recursos empresariales para solventar la “rifa” del “avión presidencial”.

Lo cierto de las cosas es que al Presidente le corresponderá enfrentar, además, el repudio generalizado de la Nación ante un posible descalabro económico. No sólo está detenido el crecimiento del desarrollo nacional y la generación de empleo, sino que la capacidad adquisitiva de la población podría verse gravemente afectada si ante una crisis de endeudamiento, el peso se somete a un proceso devaluatorio similar al que atravesamos hace una treintena de años.

¿Cuál acabará por ser el impacto que la propia conducción de la política nacional tenga, en el marco de un artículo 35 constitucional en vigor, que mira por una novedosa figura de revocación de mandato que antes no existía?

El Presidente mismo, desde antes del inicio de su gobierno lo propuso: el pueblo pone y el pueblo quita. En el supuesto de que dicha consulta a la ciudadanía se llegue a realizar en el 2022, ¿qué pensará entonces el pueblo, del Presidente que eligió en el 2018?, ¿Sobrevivirá de aquí hasta entonces el capital del apoyo popular que tanto presume Morena, aún con un Presidente que poco a poco se distancia de la gente?

El grave lastre de la parafernalia judicial

Antonio Cuéllar Steffan / martes 18 de febrero 2020

La semana pasada recibimos con mucho entusiasmo un proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución y a distintas leyes, a través del cual se pretende lograr una incisión profunda al funcionamiento del sistema de impartición de justicia en el ámbito constitucional. La propuesta de reformas persigue acabar con un arraigado nepotisto en el Poder Judicial, pero además consolida la competencia que en el ámbito de la revisión de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por la vía de la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, hoy le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tema de la contratación de familiares en el interior del Poder Judicial de la Federación ha sido un problema con el que dicha institución ha venido cargando a lo largo de los años.  Configura un vicio grave que perjudica su función y, por vía de consecuencia, los intereses de todos los mexicanos; porque las funciones que tiene constitucionalmente delegadas exigen de la preparación de sus integrantes, y la apertura para que su selección corra en función de los lazos sanguíneos hace peligrar la excelencia de la capacitación de quien, al final del día, realiza la actividad de entender los planteamientos de cada controversia, valorar las pruebas que ofrecen los abogados y dictar sentencia.

En el contexto de la erradicación de la corrupción, la lucha contra el nepotismo tiene una gran razón de ser, porque la desviación de los principios de capacitación y méritos con apoyo en los cuales se deben designar a los integrantes de dicho órgano de poder del Estado, no puede llamarse de otra manera sino corrupción en sí misma.

Sin despreciar en modo alguno la relevancia de la iniciativa en los temas de contratación de familiares, por las razones ya anotadas, también llama la atención el énfasis con que el proyecto se encuentra redactado por cuanto a la liberación de trabajo del que hoy se ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entorpecen completamente su función constitucional.

La eliminación de algunos recursos que mañosamente hacen valer los litigantes para alargar la resolución de los amparos, bajo la pretensión indebida de que la Suprema Corte los atraiga o conozca de ellos por supuesta trascendencia e interés, resulta vital para terminar con una simulación de justicia, muy malamente entendida en el foro.

El perfeccionamiento de las funciones que desempeña el máximo tribunal nacional en el ámbito de la interpretación de la Constitución y los Convenios Internacionales, sobre todo en la materia de los Derechos Humanos, resulta insoslayable e inaplazable, porque define criterios que permean y definen la conducción integral de todo el aparato de justicia nacional, para beneficio de todos los mexicanos.

Notorio es, sin embargo, que a pesar del impacto que pueda llegar a tener dicha iniciativa en la consolidación del prestigio que tiene el Poder Judicial de la Federación en el ámbito de la formalidad con la que cada juez cumple sus funciones, y la seguridad jurídica con que se deberán resolver un universo enorme de procesos que atañen a empresas e inversionistas nacionales y extranjeros, y la literalidad de sus contratos, poco habrá de servir para resolver los problemas que verdaderamente afectan al pueblo, a ese que hoy está en boga y que, en estricto sentido, debió ser el espíritu que debiera impulsar la modificación a la Carta Magna en materia de justicia.

La semana pasada, y todos los días, escuchamos noticias que nos mortifican, pero ya no nos asombran, sobre la matanza de mujeres y niñas a lo largo del país.  Navegamos en la vida tratando de evitar colapsar con la roca de la violencia y la inseguridad, y dejamos pasar inadvertidamente el congojo que apremia a nuestros vecinos.

La iniciativa de reformas embellece la parafernalia procesal y hace lucir la toga de los jueces, pero poco incide, desafortunadamente, en la justicia cotidiana que cada mexicano quisiera tener por parte de su gobierno.

Ingrid Escamilla y Fátima, y miles de mujeres más, desearían tener menos criterios jurisprudenciales y precedentes inentendibles, y más jueces a los cuales poder acceder sin la necesidad de tener que acudir a una engorrosa y arbitraria contratación profesional para resolver un problema de violencia en su propio hogar.

Deseable sería encontrar una reforma judicial que viera por la conformación de juzgados humanos, que miraran por aplicar la ley en el ámbito de la discriminación y la violencia de género, sin formalidades extraordinarias que desvían la verdadera función de los jueces. Por qué razón tener que conservar esa enorme distancia que existe entre un juez y un justiciable para la solución de aspectos de entendimiento natural en los que la lógica y la razón constituye una fuente primaria de derecho que se ubica por encima de la norma.  Por qué no pensar en un juez de barandilla al que se dote de atribuciones para dictar las medidas más inmediatas que Ingrid debió tener la primera vez que fue golpeada por su esposo. Por qué no reflexionar y modificar la ley para permitir que dichos jueces gocen de un auxilio más pronto y eficaz de la policía, así como del empleo de todas las tecnologías de la información para conocer de los hechos que aquejan a la ciudadanía. Por qué supeditar la validez de las pruebas que aporta la ciudadanía a que su ofrecimiento cumpla con un caudal interminable de formalidades y no confiar en la validez de la palabra y la inmediatez de la relación que puede existir entre el juez y quien se presenta ante él.

Legisladores, jueces y autoridades pecan de ceguera y soberbia cuando se trata de entender las dolencias reales que atraviesa la gente. Urge un replanteamiento de los sistemas de investigación, procuración e impartición de justicia, no desde la perspectiva de los libros y los escritorios, sino desde los zapatos de quien soporta el peso del abuso físico y psicológico de ese compañero más poderoso, con quien se comparte la casa, la escuela o el trabajo.

No simpatizo con la muestra de violencia que ejercen las mujeres que protestan en la calle, que destrozan monumentos y gritan improperios…pero cómo las reconozco y les aplaudo.  Su lucha acabará por dar frutos: un ejemplo lo está dando la Universidad Nacional Autónoma de México, que la semana pasada ha iniciado el proceso para modificar su Estatuto General para incluir el acoso y el hostigamiento como una conducta que debe dar lugar a la peor de las sanciones académicas que cualquier universitario pueda resentir, la de su explusión.

La obligación de educar a los hijos

Antonio Cuéllar Steffan / martes 14 de enero 2020

Señala el refrán que, después de la tempestad, viene la calma; un dicho que llevado a los tristes acontecimientos ocurridos en Torreón la semana pasada, se puede traducir en el necesario advenimiento de la resiliencia y la reflexión, una fase de sanación que ha de llegar después de este episodio relativamente novedoso en las escuelas de país: el de la aparición de tiroteos masivos en los centros educativos. Un hecho terriblemente desafortunado para todos.

Inmersos en ese proceso, quizá, se ha venido compartiendo a través de las redes sociales un diagnóstico y la recomendación de un especialista en neurología pediátrica, cuyo contenido serio y profesional nos mueve a la meditación: el fenómeno de aislamiento que provoca el uso exagerado de teléfonos y juegos de video por parte de los menores, y un sedentarismo inusual en el que ha quedado inmersa esta generación de niños asediados por la violencia, en un marco de desatención, tolerancia indebida y falta de límites, y la carencia de cuidado e interés en los aspectos íntimos y personales del menor por parte de los padres, provoca deterioros graves a la salud mental de niños mexicanos.

El hecho de que un desbalance de esta naturaleza haya cobrado la vida de dos personas y la integridad de otras seis, la semana pasada, debe sacudirnos y motivarnos para buscar y encontrar ideas que ofrezcan alguna solución a un fenómeno que, de coincidir en sus orígenes con el diagnóstico comentado y que se pregona, podría generar una o más réplicas.  No debe pasar inadvertido que el joven responsable de la matanza del Colegio Cervantes vestía una camiseta alusiva a un videojuego (Selección Natural), y que sus últimas palabras hicieron eco a una matanza similar ocurrida en Columbine, Colorado, Estados Unidos de América (1999), crimen que pretendió emular y del que forzosamente se debió enterar a través de noticias difundidas por la televisión o por el Internet.

En el ejercicio del derecho de los niños a estar informados, fácilmente podemos advertir que las nuevas tecnologías están provocando un baño asfixiante de información que acaba por producir en mentes jóvenes un mar de confusión y estrés, al que cualquier niño no debería de estar sujeto.

Es en ese contexto en el que la conformación de nuestra sociedad debe provocar una redimensión de obligaciones concomitantes a todas las prerrogativas del niño así contenidas en Convenciones Internacionales, imputables no solamente al Estado mismo, sino al núcleo social más íntimo al que cada uno de ellos pertenece: su familia.

El Derecho Humano a la educación del que es titular todo menor, es correlativo a una obligación imputable a cada padre, de proveer esa educación y velar porque ésta sea de calidad, sujeta a principios de sanidad esencial, no sólo en su aspecto físico exterior, sino aún más importantemente, en el aspecto mental o interior. La formación en los valores se halla en el hogar.

Sabedores ya del alcance potencialmente nocivo que puede llegar a tener una exposición descontrolada del menor a escenarios de violencia, de cualquier tipo que ésta sea, difundidos en la televisión, en el Internet y a través de juegos de video, deben tomarse medidas que responsabilicen a sus padres de lo que los hijos ven y utilizan cada vez que acceden a dichas plataformas tecnológicas de información.  No hablamos de imponer al comercio la prohibición absurda de vender videojuegos violentos, sino más bien, la de restringir esa venta a personas adultas a quienes la ley encomiende el cuidado y la formación de un niño.

Del mismo modo en que una autoridad escolar es responsable de lo que ocurre en las aulas con relación a un niño, todo padre debe asumir la responsabilidad legal atinente a los hechos generadores de violencia que lo agravien mientras ese menor se encuentre bajo su custodia.

La venta de videojuegos es y debe seguir siendo libre para cualquier persona que desee adquirir alguno de ellos, porque algunos producen inclusive conexiones neuronales beneficiosas para las personas; sin embargo, dentro del universo de aquellos existentes, algunos ostentan una clasificación que es propia para adultos, que no deben quedar a la disposición libre de un niño, por su contenido y efectos inapropiados.  Se debe lanzar la iniciativa que contemple el establecimiento de responsabilidad a cargo de los establecimientos que vendan esos videojuegos a menores, para impedir dicha venta, y restringir la venta al involucramiento de un adulto, quien asuma las consecuencias que puedan provenir de entregárselo al menor.

De la misma manera en que la ley prohíbe la venta de alcohol o cigarros a menores de dieciocho años, o del mismo modo en que la ley prohíbe el acceso de un menor a ciertos espectáculos o a obras cinematográficas no aptas para ellos, e impone castigos al establecimiento, podría ser el momento en que se tomen cartas para imputar responsabilidad sobre la adquisición de videojuegos no aptos para niños, en establecimientos o, inclusive, a través de compras en línea, a los familiares adultos a quienes la ley o las circunstancias atribuyan su formación y cuidado.

El Estado, por su parte, en el caso de México, tiene la obligación -hace mucho tiempo incumplida-, de recuperar los espacios públicos a los que está vinculado el bienestar físico y social de los niños mexicanos, a través de ejercicio al aire libre, una actividad que aseguraría para ellos una existencia digna, similar a la que tienen todos los niños en prácticamente todos los países desarrollados del mundo -y aún los subdesarrollados-, salvo los que están en guerra…y, obviamente, el nuestro.

Medidas de fin de año

Antonio Cuéllar Steffan / martes 10 de diciembre 2019

El estancamiento de la economía nacional se recrudece y todos los sectores que intervienen en la generación de empleo encienden las luces rojas por la inactividad en el ámbito del ejercicio del presupuesto y la inversión en infraestructura, inexperiencia y pasividad oficial que ahuyenta cualquier deseo de arriesgar capital para la generación de riqueza.

Ante los negativos escenarios que se desvelan por la disminución de la recaudación y la inamovible determinación del Presidente de la República de seguir regalando dinero, y el ensombrecido horizonte que arroja el hecho de que ya se esté echando mano de los recursos ahorrados durante administraciones pasadas para hacer frente a eventos extraordinarios e imprevisibles de la naturaleza, poco alivio ofrece a los mercados la noticia dada a conocer la semana pasada sobre el descubrimiento de yacimientos petroleros en Tabasco. El petróleo pasó de moda.

México sigue un proceso inercial de desánimo que deteriora sus perspectivas en el corto plazo y la única forma de detenerlo es mediante una acción bien planeada, anunciada y ejecutada, que demuestre que, el gobierno de López Obrador, contrario a lo que se dice, sí escucha y sí entiende, y sí puede tomar decisiones acertadas que se traduzcan en el impulso de actividades productivas.

Un ámbito de las actividades económicas que puede significar un ingreso extraordinario en el mes que apenas comienza está ligado al período vacacional de fin de año. En condiciones normales, dentro de un par de semanas la inmensa mayoría de los mexicanos estaremos celebrando las fiestas que define el calendario cristiano, alejados del trabajo e inmersos en actividades de descanso y esparcimiento en familia, que pueden o no entrañar un gasto, algo que afanosamente esperan quienes se dedican a la prestación de servicios en el sector turístico.

Como mera referencia, en el mes de diciembre de 2018, el país recibió por concepto de divisas relacionadas a gastos hechos por turistas provenientes del extranjero la cantidad de 2,276.5 millones de dólares, según datos registrados por INEGI.  De esos ingresos, el 95% se generaron por turistas que ingresaron al país y sólo el 5% por turismo transfronterizo.  Importante resulta destacar que, del total de visitantes que contribuyeron a esa bonanza estacional, el 75% llegó por vía aérea y el resto por vía terrestre.

Ante la estabilidad de la paridad cambiaria y la solución de los problemas de sargazo en las playas del caribe, podría perfectamente esperarse que, en esa región, por mencionar alguna, el fenómeno económico se replicará.

Es lamentable que el país atraviese una época de inestabilidad en el ámbito de la seguridad pública que provoque desconfianza por parte del turista extranjero.  No es para menos, el número de muertes ha ido en aumento y las señales del gobierno son desalentadoras. La política de los abrazos y no balazos ha dejado un saldo rojo que se espera supere los 38 mil ejecutados para fin de este año. Una estadística reprochable que supera la de las administraciones antecesoras.

Toda esta lista de factores demuestra la relevancia que debe concederse al exhorto hecho por la Diputada Julieta Vences Valencia, de Morena, a la Secretaria de Gobernación, para reforzar este fin de año el Programa Paisano, mediante el cual se invita al gobierno Federal a efectuar un despliegue coordinado y eficiente de esfuerzos por parte de distintas dependencias de la Administración Pública, para auxiliar al viajero.

Quizá el llamado es insuficiente, si tomamos en cuenta la importancia que nuestra vocación turística y los éxitos cosechados en este sector pueden significar en la consolidación de un clima de confianza que rompa esa inercia negativa en la que está inmersa una buena parte del pueblo de México.  Por eso, la experiencia que el propio gobierno ha demostrado tener en el ámbito de la comunicación pública y el despliegue de recursos para dar a conocer todas las mañanas el discurso que define la agenda política que nos impone el Presidente, podría encaminarse a sensibilizar a todos aquellos agentes dedicados a prestar servicios turísticos, para enfocar bien sus esfuerzos y lograr el cumplimiento de un objetivo económico común para este fin de año.

El atractivo que encuentran los visitantes extranjeros en nuestro país no está exclusivamente relacionado con la belleza de nuestras playas o monumentos arqueológicos, sino, sobre todo, la calidez de los mexicanos. Es oportuno el llamado para que, en esta época, se eduque a la gente sobre el cuidado y atención que se debe brindar al turista, y se dispongan recursos y el equipo administrativo y de seguridad que sea necesario para garantizar el tránsito de la gente a través del país, y que el uso de los servicios de transporte, entretenimiento, salud y hospedaje se de en forma absolutamente segura.

Menos egocentrismo en el ejercicio de la función de informar, y mucho mayor asertividad en la elección de los temas que México necesita atender para lograr el crecimiento que urgentemente falta.

Soledad y violencia

Antonio Cuéllar Steffan / martes 26 de noviembre 2019

I.El veinte de noviembre pasado, con una votación a favor de veintiséis países miembro, se aprobó por el Consejo General de la OEA la resolución CP/RES. 1140 (2259/19) referente a la situación que atraviesa Bolivia, en la que se instó a las autoridades bolivianas a convocar a elecciones; se urgió a todos los actores políticos y civiles a cesar la violencia y a respetar los derechos humanos; se invitó apoyar la iniciativa del Secretario General de la OEA para desplegar una delegación que busque garantizar la celebración de elecciones libres y justas, y para que la Secretaría del organismo otorgue su apoyo técnico para el proceso electoral.

México, junto con Nicaragua, y San Vicente y las Granadinas, votó en contra; su votó se sustentó sobre la base de que el ejército boliviano debe abstenerse de reprimir a la población, además de que se debe permitir a la Asamblea General de ese país sudamericano llevar a cabo la convocatoria a elecciones libres que garanticen el ejercicio de los derechos de autodeterminación de los pueblos.

La Constitución de nuestro país establece con claridad los principios a los que se debe someter la política exterior, y somete al Titular del Ejecutivo a respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos, como también a la búsqueda de la solución pacífica de toda controversia. De esta manera, las reservas expresadas y el voto elevado por México ante la OEA debería entenderse ajustado a nuestra Constitución.

No podemos en este caso dejar de expresar nuestra reflexión alrededor de la trascendencia que tiene la colaboración internacional y la importancia que, con ese mismo propósito, revisten en esta época los organismos multilaterales; un ámbito político supranacional en el que México había venido teniendo un papel activo y, en algunos casos, destacado. Ante escenarios de reconocimiento y respeto a los derechos humanos de orden mundial, ante la integración internacional en el orden de la cooperación para el desarrollo ¿se debe seguir observando una política exterior contemplativa en la que México no se ensucie jamás las manos?

En el caso de Bolivia, México ha alineado su postura a la de un puñado de países, evadiendo una posición que nos compromete con principios que reconocen la vigencia, la visión, la fortaleza, la presencia e intervención pacífica de los organismos internacionales para la reconducción a la paz y el orden constitucional de los estados miembro. Esa perspectiva nacionalista parece anticuada y produce una permisión que vulnera el funcionamiento de un sistema democrático desde la perspectiva nacional e internacional. Como tal, el voto de México nos aisla de una corriente de pensamiento mundial y evidencia una falta de disposición al diálogo para la asunción de principios universales de convivencia que, el día de mañana, bien podrían convenirnos.

II.A través de las redes se viene convocando a la ciudadanía a una marcha el próximo 1 de diciembre, con el propósito de expresar desaprobación y repudio a muchas de las políticas emprendidas por la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El fenómeno, a un año de iniciado este gobierno, constituye un hecho sin precedentes que nadie debería de dejar de tomar en cuenta; en especial el ocupante de Palacio Nacional.

No es extraño que la voluntad popular se exprese de esa manera, si se toma en consideración que el discurso cotiano del propio Presidente de la República está encaminado a generar encono entre una y otra clases sociales, al calificar a unos de neoliberales y corruptos, y a otros de pueblo bueno y honrado.

Lamentable resulta el hecho de que, un pseudo periodista a modo, la semana pasada invitó al propio presidente a convocar al pueblo a una manifestación multitudinaria el mismo 1 de diciembre, para festejar el informe de gobierno, solicitud que de inmediato fue acogida y planteada, lo que conduciría a suponer que el mismo día habrá una congregación enorme de gente lanzando consignas y gritos de desaprobación contra el gobierno, y otra reuniendose con vivas y cantos en apoyo a López Obrador. ¿No es así como se gestan las guerras civiles?

En una semana hemos visto cómo el gobierno de México es inactivo tratándose de facilitar la intermediación internacional, para encontrar una solución democráticamente legítima a un proceso de violencia interna que ha descarrilado el orden constitucional en Bolivia, y al mismo tiempo cómo es activo tratándose de incitar a la demostración pública, con el peligro de violencia y confrontación social, en el caso de la calificación de las políticas que se vienen emprendiendo desde el Ejecutivo Federal.

Todo hace pensar que el movimiento que impulsa la supuesta transformación de México se nutre y asegura su supervivencia a través del discurso estigmatizante que divide a nuestra sociedad.  Todo hace suponer que la visión lopezobradorista encuentra en el distanciamiento de los polos, la fuerza primordial para impulsar un mecanismo de subsistencia que supere la prueba de los seis años.  La postura de la cancillería en el caso de Bolivia pareciera reflejar el interés de impedir cualquier intervención internacional cuyo propósito fuera evitar un episodio de violencia similar, con el fin de reestablecer el orden constitucional.

El artículo 136 de nuestra Carta Magna establece que “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se reestablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta”.  ¿Cuánto habrá de perdurar está cláusula de salvaguarda de los principios políticos fundamentales en que descansa la democracia de nuestro país?

La defensa restante contra la arbitrariedad

Antonio Cuéllar Steffan / martes 19 de noviembre 2019

La dudosa votación que vulneró la legalidad del proceso de elección de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como quedó retratado en los principales diarios del país la semana pasada, ocasiona un descalabro a la honorabilidad de tan exitoso organismo que, por su competencia, demanda un alto estándar de moralidad.  Afortunadamente, sin embargo, la salvaguarda de los derechos humanos, real y objetivamente, hace casi seis años que ya no ha dependido de ese órgano constitucional autónomo.

Con el transcurso de la historia se observará esta época como la del Estado liberal progresista en la que se impulsó hacia un nuevo estadio la defensa de los derechos del individuo y la revaloración de los Derechos Humanos.  Es un fenómeno que tiene una treintena de años y que, en México, vino vinculada con un proceso de democratización y profunda reforma de nuestro sistema electoral.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos nació con el objetivo de recibir la denuncia de la ciudadanía, por violaciones generalizadas a tales prerrogativas contenidas en los tratados internacionales, por parte de un gobierno que tradicionalmente había empleado el uso de la fuerza para imponer una agenda hegemónica que no encontraba en la cláusula democrática un justo equilibrio, en la voz de una oposición menguada.

Lamentablemente, desde su inicio nació con la única facultad de emitir recomendaciones, que si bien cuentan con una potente resonancia mediática y un peso moral incontrovertible, no tienen un efecto jurídico vinculante que permita asegurar la materialización de sus resultados.

Precisamente esa calidad atribuible a sus recomendaciones impone hasta la fecha la importancia de que su dirección y administración recaiga en manos de personas con un alto reconocimiento y prestigio en esa lucha por lograr la consolidación de un auténtico estado de derecho; el objetivo primario de contener el uso desmedido y arbitrario de la fuerza del Estado para cumplir propósitos que, aún cobijados por la ley, emplean medios e instrumentos perfectamente ilícitos.

La designación de Rosario Piedra Ibarra es una estocada en ese punto neurálgico del que depende la credibilidad del organismo y sus recomendaciones, pues su vinculación probada con el propio Ejecutivo Federal, cabeza de la administración pública que habrá de ser objeto de supervisión permanente, evidencia ese conflicto de interés que la desautoriza y desarticula.

Afortunadamente no todo está perdido; desde el 2011 se reformó la Constitución con el propósito de conceder al Poder Judicial de la Federación un ámbito de atribuciones que, de suyo, coinciden sustancialmente con aquellas que a lo largo de los años ha venido teniendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Desde el año de 1847 en que se promulgaron las primeras reformas a la Constitución de 1824; después en la Constitución de 1857; pero ya en forma definitiva desde la Constitución de 1917, después vista en la Ley de Amparo de 1936, al Poder Judicial de la Federación le fue conferida la atribución para dirimir controversias con motivo de la expedición de leyes o actos de autoridad que violaran garantías individuales.

Esa facultad de los tribunales federales los constriñó realmente a efectuar labores judiciales de invalidación de los actos de autoridad en función del cumplimiento de obligaciones constitucionalmente establecidas a cargo del gobierno en la Carta Magna; pero inmersos en un régimen de estricta legalidad, poca fue la función de los jueces tratándose de determinar los límites de conformidad con los cuales el individuo debía ver salvaguardados sus derechos humanos, así reconocidos en Convenciones Internacionales. El estado de bienestar alrededor de tales derechos quedó siempre atado a la valoración que en el ámbito de la discusión política emitían los partidos en el parlamento, el Congreso de la Unión.

Desde la reforma a los artículos 103 y 107 de la Constitución, en el 2011, y más concretamente con motivo de la expedición de la nueva Ley de Amparo en el 2013, los Jueces Federales tiene una nueva función, como órganos de impartición de justicia a los que se ha encomendado, también, definir cuál es el alcance con que un derecho humano debe de ser tutelado por el Estado mexicano.  El Poder Judicial fue transformado y convertido en un órgano garante de los Derechos Humanos.

Esta nueva facultad ha obligado al replanteamiento de la función que desempeña en la vida cotidiana de todos los mexicanos el Poder Judicial de la Federación, a tal grado que ha venido a superponerse a las funciones que en ese mismo sentido desempeñaban otros órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el componente favorable adicional de que, los fallos de los Tribunales, no son meras recomendaciones, sino que son órdenes que las autoridades responsables deben de acatar.

El golpe político al compromiso del Estado en pos de la legalidad, a través del secuestro de la CNDH, es peligroso y lamentable; pero sobre todo porque evidencia un autoritarismo que precisa de contrapesos.  La vigencia del amparo y la necesidad de su reforzamiento, mediante la demostración de imparcialidad e independencia de los jueces que conforman las filas del Poder Judicial Federal, constituyen hoy en día la verdadera cláusula de gobernabilidad democrática a la que deberemos voltear, en lo sucesivo, ante los embates de una administración que, como lo demuestran acontecimientos recientes, acorralada por la delincuencia, la impericia y la ineptitud, puede reaccionar con terrible arbitrariedad.

Y lo cumplió

Antonio Cuéllar Steffan / martes 12 de noviembre 2019

Lejos se escucha todavía su arrebato, el reclamo que en ese año le pudo haber costado la elección: “al diablo con las instituciones…”. Que lástima poder constatar lo que fue un presagio de su entonces contrincante: “es un peligro para México”.  De seguir el rumbo del camino ya emprendido, nadie puede dudar el grave quebranto y destrozo que una política antidemocrática, como la que comienza, puede traer aparejados.

En el proceso electoral se apoderó del Congreso General.  Hay quienes ya ponen en tela de juicio la autonomía de la SCJN.  Ya fue la CRE, el INEE, la CNDH.  Viene el INE.  ¿Cuál seguirá después?, ¿Se atreverán a tocar al Banco de México?

Un país como el nuestro, carente de recursos petrolíferos suficientes, debe de impulsar acciones gubernamentales que conduzcan a todos los sectores -público, privado y social-, a la realización de actividades económicas productivas que demanden mano de obra, para lograr la sustentabilidad de la recaudación, sostener la economía pública y satisfacer las necesidades de bienestar general de la población.  Esta realidad se anticipó hace muchos años.

Quienes invierten su capital en actividades como las anteriores, que se sujetan a un riesgo de éxito comercial, exigen con toda lógica condiciones mínimas de seguridad, personal y jurídica, a través de las cuales ese resultado aleatorio se disminuye lo más posible.  Es la certidumbre alrededor de un proyecto lo que encarece la inversión del capital productivo.

Con la incorporación de México al GATT en el año de 1986, el país asumió para sí y frente a la comunidad internacional, el compromiso de impulsar políticas públicas internas que permitirían el impulso de una economía competitiva, en el concierto de un mercado globalizado demandante de bienes y servicios, todos relacionados con la generación de riqueza a través del empleo y dividendos.  De esa primera internacionalización de nuestra economía derivaron después sendos tratados de libre comercio que han hecho de México una potencia exportadora.

Durante los sexenios del 88 al 94, y del 94 al 2000, se adelantó en un buen tramo esa visión de México, y se adecuó nuestro marco constitucional para beneficiar esa adaptación del país a su nueva estatura en el ámbito internacional.  Sin embargo, el proyecto quedó incompleto.

En ese contexto, se dio autonomía al Banco de México; se institucionalizó un sistema democrático de elecciones con la ciudadanización de un órgano autónomo al que se encomendó su administración, el IFE; y se creó una Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que se encomendó la supervisión escrupulosa de los excesos en que tradicionalmente habían incurrido las fuerzas del Estado tratándose no sólo de la procuración de justicia sino también, de la contención de la oposición.

A lo largo de los años se vinieron creando un número mayor de órganos autónomos, pero nunca tantos como los que se crearon, finalmente, al inicio del sexenio pasado, con motivo del Pacto por México. Éste fue, realmente, la culminación o cierre de un proceso de adecuación del marco jurídico nacional ante las aspiraciones que México había expresado y aceptado treinta años antes, al adherirse al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (el GATT).

El Pacto por México suscrito por la absoluta mayoría de partidos políticos del país fue un gran éxito que debemos reconocer a los actores firmantes, de tal magnitud que su materialización se vislumbró en foros internacionales como un auténtico despertar del país con miras a pertenecer a las grandes ligas de la economía mundial, convirtiéndolo en un actor con peso propio que podría incidir en el crecimiento equilibrado del mundo.  El gran éxito del Pacto firmado el sexenio pasado fue la creación de una multiplicidad de verdaderas instituciones, que dan rumbo y certidumbre al crecimiento de México: la CRE, el IFETEL, la COFECE, la CNH, el INEE, y muchas otras más. La democratización en el ejercicio del poder público se institucionalizó y creció positiva y significativamente.

Es cierto que la corrupción ha sido un foco presente a lo largo de los años que menguó gravemente un crecimiento equilibrado de la riqueza, y es verdad que la discriminación que ha convivido desde la fundación de nuestro país ha provocado un silencioso sistema de castas que mantiene oprimido a un segmento sumamente importante de nuestra sociedad.  Es en este reclamo que ha venido subsistiendo, a lo largo del último medio siglo, una corriente ideológica que busca en México la consolidación de un sistema económico diferente.  El problema es que el paradigma al que estuvo asido sucumbió, fracasó inexorablemente, y nada lo sustituyó.  La corriente izquierdista o “progresista” latinoamericana en general, y ese sector pensante de la política socialista en México en lo particular, han identificado con precisión cuáles son los vicios del sistema establecido que vulneran a la gran mayoría de los mexicanos, pero fueron incapaces de sustituirlo por otro que pudiera servir para generar el crecimiento consolidado en forma comparable.

Durante la discusión de las reformas encumbradas en el Pacto por México, todos los partidos representados en él asumieron posturas y formularon proposiciones que, de un modo u otro, quedaron plasmadas en los distintos cuerpos normativos que el proceso político alumbró.  Hubo un grupo partidista, sin embargo, que no se incluyó en la discusión, que quedó fuera porque sus postulados eran absolutamente incompatibles con esa visión de México.  El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, atrás del entonces aspirante Andrés Manuel López Obrador, sistemáticamente se opuso a todo.  No propuso nada, pero todo lo votó en contra.

Las benditas redes sociales hicieron su labor y el enojo auténtico o fabricado de los mexicanos en contra de su clase política, redituaron un éxito contundente en el proceso electoral federal de julio de 2018.  El conjunto de renegados opositores ganaron la elección y, con ello, la reivindicación de su odio y menosprecio por todo aquello que se asemejara a lo que, durante medio siglo, han venido criticando.  ¿Habría servido de algo agregarlos a las mesas de discusión del Pacto? Posiblemente no, la negación de la política económica no constituía un tema de ideologías sino de estrategia electoral. Habrían dañado el proceso indefectiblemente; hoy lo corroboramos.

En este estado de cosas, la clase política gobernante ha venido a reivindicar su reclamo, y por eso, su única vocación tiene que ver con la destrucción de todo aquello que se vino consolidando a lo largo de los últimos treinta años.  No hay plan sustituto sino el de la retrotracción de los hechos hasta 1970, en aquella época en la que el Presidente consolidaba un “Poder Soberano” que, en el estado actual del desarrollo global, se encuentra rebasado y deviene francamente ridículo.  Las democracias contemporáneas y el acceso a la información han socavado por completo los cimientos de los poderes absolutos.

La semana pasada se ha dado muestra, o cuando menos intentado hacerlo, de la fuerza parlamentaria de Morena en el Congreso General. Una mediante la votación de la elección de la nueva Comisionada Nacional de Derechos Humanos, y otra a través de la presentación de una iniciativa que persigue vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Es inconcuso que de una u otra manera, el partido gobernante, aislado y sin oposición alguna, podrá lograr la consumación de muchos de sus propósitos legislativos y electorales.  Pareciera, desde la perspectiva mañanera, que persiguen asegurar una hegemonía en el ejercicio del poder público que tiene cierto sentido desde la visión histórica con la que hacen su política.  No cabe duda, sin embargo, que la manera en que se pretende dinamitar todo lo que se ha construido hasta esta fecha, sin plan de gobierno alternativo más allá de la figura personal de quien encabeza el movimiento, pone en riesgo la estabilidad y la subsistencia de nuestro país.  No cabe tampoco duda de que, su principal ideal, alrededor de la erradicación de la corrupción y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, jamás, pero jamás se podrá alcanzar por ese camino.

De un modo u otro, México está inmerso en un planeta en el que las economías de todos los estados están interconectadas; y eso hace del mundo un mejor lugar. Es verdad que hay mucho por hacer en los dos terrenos que más vienen alertándonos, el de la conservación del equilibrio ecológico y el reparto de la riqueza; sin embargo, nada se podría lograr sin el aprovechamiento de esta red de información y conocimiento que el mundo mismo ha creado.

El país demanda la subsistencia y protección de las instituciones que protegen la cláusula democrática del pacto social.  Con ese propósito, debemos estar atentos a la capacidad de quien nos gobierna, porque la tarea en pro de la seguridad y de la gobernabilidad de México no da espacio a la improvisación o a desatinos.  Es muy lamentable, pero aún más, es peligroso, percibir la posibilidad de que, efectivamente, el gobierno esté mandando al diablo a las instituciones.