Supervivencia de la fiesta brava

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 14 junio 2022.

El coliseo romano se inauguró en el año 80 D.C., en el siglo I de nuestra era, y en él desfilaron gladiadores que, entre otros espectáculos, luchaban hasta la muerte con bestias feroces y hambrientas venidas del África. El hombre viene conviviendo de esa manera con los animales desde el inicio de nuestra existencia, porque forma parte de la historia de dominio de una especie frente a las otras. Los leones dominan y se comen a las cebras, del mismo modo que los humanos matamos reses y cerdos para saciar el hambre.

La fiesta taurina, no tan antigua, sí goza de una historia que se remonta unos diez o doce siglos atrás, y comienza en España. A México llegó de la península desde la conquista, hace cinco siglos: la suerte de lidiar a la res brava con capote hasta darle muerte … o hasta que la bestia hiera o de muerte al torero.

La semana pasada la prohibió un Juez de la Ciudad de México, a petición de una asociación que, con sus propias ideas, se opone al maltrato animal. En el ejercicio de interpretación del derecho ¿puede un juez moldear de esa manera la historia y la moral pública de un pueblo? ¿Acaso no se trataría más bien de un aspecto de la vida pública que debería de encargarse a un órgano de deliberación política, a un órgano de representación nacional como lo es el Congreso Legislativo?

El crecimiento de las voces defensoras de los animales y opositoras a la fiesta brava ha venido abriendo camino e imponiéndose a lo largo de los últimos años, primero en Europa y ahora en América Latina, en donde la tauromaquia aún se mantiene viva.  Con independencia del que en mi opinión es un desatino constitucional, en el que queda demostrado un excesivo empoderamiento de los jueces para involucrarse en un tema que debe deliberarse en la arena política, existen aspectos jurídicos relevantes que pronto se deberán abordar, en lo que vendrá a ser la discusión paralela, no política, en torno de este problema.

Anticipo, necesariamente, que no soy amante de la fiesta taurina, aunque tampoco me identifico con sus detractores. Sí, en cambio, debo de reconocer que soy, como toda la especie humana, omnívoro, y que en tal calidad como carne de res, que disfruto mucho cada vez que forma parte del menú del día.  ¿Debemos oponernos a la fiesta taurina a sabiendas de que seguiremos asesinando reses, cerdos, gallinas y peces para saciar nuestro apetito?

Ese es el punto. Con motivo de la discusión en torno de la posibilidad de que un gobierno municipal o estatal proteja el valor cultural de una corrida de toros por encima de la obligación de no hacer sufrir a los animales, el problema que deberán enfrentar nuestros ministros o magistrados, una vez superado el problema de competencias, tiene que ver con la ponderación de un par de derechos y garantías que, en este caso, colisionan de manera evidente: la cultura y el maltrato animal. En mi opinión, algunos criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia podrían alumbrar un poco la manera en que la temática debería de ser abordada.

Se ha sostenido la tesis de que la ley debe de cumplir con parámetros de proporcionalidad y razonabilidad jurídica. Entre otros requisitos que tienen que ver con el concepto, se dice que una ley es proporcional en aquellos casos en que la medida adoptada por el legislador acabe por ser la que se halle a su disposición y sea la menos perjudicial de entre aquellas que podrían haberse utilizado para resolver un problema.

La matanza de animales para el sostenimiento de la especie humana, por fines netamente alimenticios, continúa y no se ve que exista deseo o interés alguno en evitarlo –ni siquiera por parte de los defensores de animales: encabezamos la pirámide alimenticia.

¿Podría suponerse que el derecho a la supervivencia de la humanidad por medio del consumo de carne es equiparable al derecho a su identidad y cultura, a través de la realización de corridas de toros? Indudablemente, atrás de estas últimas existe historia, y aunque haya personas que lo nieguen, sí existe deporte, arte y cultura. Existe todo un grupo o conglomerado social dedicado a la actividad taurina que goza y disfruta del toreo, y que tiene, al igual que sus detractores, el derecho legítimo a ver tutelada su identidad y su personalidad, del mismo modo a quienes se oponen a ella.  ¿Podría decirse que no es válido el sostenimiento de la fiesta brava en mérito de que se priva de la vida a un animal indefenso? No, en la medida en que existan reses que se lleven a un rastro y se maten para saciar el hambre de los seres humanos, la matanza de la res brava en el coso es lícita desde su origen. Es ahí en donde radica ese principio de proporcionalidad.

En la medida en que la privación de la vida de la res obedezca a un fin jurídicamente tutelado, y en ambos casos existan medios equiparables, no podría ser intrínsecamente legítimo matar al animal por una causa, pero ilegítimo permitirlo por la otra.  Se trata de un proceso de disposición de la vida de un animal para fines distintos, en los que unos podrán o no estar de acuerdo, pero no por ello obligar a que una fiesta deba de ser ilícita, mientras la otra vía de sacrificio del animal se mantenga permitida. ¿Será mal gusto de quien acude a la fiesta brava? Posiblemente, pero no sería más o menos reprobable de lo que sería criticar a quien le gusta asistir a las luchas, asistir a una pelea de box o a una fiesta para bailar reggaetón.

La inmensa mayoría de quienes se dedican al derecho acabarán por coincidir en que la realización de una corrida de toros no priva de “derechos” al toro, porque como ente animado irracional carece de ellos.  La imposición de obligaciones de cuidado y preservación de la vida del toro, con el miramiento de aspectos económicos que en un ámbito de sustentabilidad de la biodiversidad de las reses bravas conduciría a proteger la industria, vendría a significar una discusión útil, sólo si se demostrara que la realización de la fiesta taurina perturba el orden público. Discutir en torno de los sentimientos del animal y su sufrimiento en la arena, nos llevaría a un terreno tan precario como lo sería el de debatir sobre si un caballo debe o no de ser montado, o un perro debe o no ser sometido al uso de correa.  La realización de corridas nunca ha significado una perturbación del orden público. ¿acaso deberá prohibirse también la fiesta charra?

En la medida en que nos mantengamos como la única especie racional sobre la faz de la tierra, y deseemos seguir comiendo carne y, por consiguiente, sacrificando vacas, existe un acto jurídicamente proporcional del gobierno al permitir la realización de corridas de toros, si atrás de ello existen fines de carácter ecológico y cultural que se puedan proteger, como lo es el concerniente a la sustentabilidad del desarrollo de esa especie animal. El valor intrínseco que un colectivo pretende imprimir en un acto de autoridad, para suponer que una res sufre más en el ruedo que en un rastro, constituye, ante todo, un sentimentalismo subjetivo por parte de quienes sustentan la tesis, que no es oponible a quienes defienden lo contrario.

En síntesis, hay un fin de carácter social detrás de la realización de corridas de toros que tiene su origen en la historia, que es equiparable por cuanto a su objeto y fin al sacrificio de la res para fines alimenticios, que puede protegerse por la norma, si tras una discusión política por un órgano de representación nacional así se decide. El involucramiento de los jueces, una vez más, constituye una falta de deferencia a favor de quien, en el estado actual de cosas, debiera resolver este problema: el legislativo.

Los rumbos de la metamorfosis

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 7 junio 2022.

Finalmente, el resultado que se había anticipado acabó por formalizarse, y Morena se convierte así en el partido con la más amplia presencia y poder en el espectro partidista nacional. Sobra aludir a la virtual desaparición del PRD, a la precaria supervivencia del PRI o a la famélica presencia del PAN. Los tres partidos de oposición tienen ante sí un reto sin precedentes para entender la forma en que deberán recomponerse, encontrar una narrativa empática con el electorado y una organización eficaz, o morir. Les guste o no a sus seguidores, estamos presenciando un escenario desolador para los partidos de oposición y, con ello, un futuro potencialmente oscuro para nuestra democracia.

No seré el primero que lo señala, pero todo haría parecer que la conquista alcanzada por Morena este fin de semana lo sitúa en la misma posición en que a lo largo de numerosas décadas estuvo el PRI. Al apreciar que muchos de los militantes de aquél conforman hoy las filas de Morena, no hay pocos que se pregunten si esta es una reedición de la hegemonía PRIista o si se trata, simple y sencillamente, de la conclusión de un proceso de metamorfosis.

Conceptualmente no puede caber la menor duda. Si habremos de tener un presidente super poderoso y un partido político a su servicio, y partidos satélites incapaces de incidir en la trayectoria de la gestión pública del país, pues observaremos cómo se habrá reinstalado una situación política que ya vivimos a la mitad del siglo pasado, y con la que muchos no estuvieron de acuerdo….al grado tal, inclusive, de haber dado la vida para cambiar esa situación. Metamorfosis o retroceso, el resultado para efectos de calidad y futuro de país es igual, es atroz.

Pero no nos podemos equivocar, Morena no es el PRI.  Es verdad que los dirigentes septua y octogenarios que hoy encabezan el gobierno aprendieron a ser líderes ciudadanos en las filas del PRI, que sus habilidades para acarrear gente o persuadirla para votar a su favor fueron bien aprendidas durante una época en la que el PRI garantizaba el mantenimiento del poder con mañas y artilugios, pero dicho partido gozaba y continúa gozando de una organización, de ideales y de grupos de representación política nacional en los que se consensó el devenir nacional en forma “democrática” a la manera de antaño, en una forma que hoy, simple y sencillamente, Morena desconoce.

El México contemporáneo ya vivió, ya atravesó y ya superó el doloroso período de la dictadura de partido, y nuestra democracia, por imperfecta o dudosa que pueda ser, se ha venido saboreando a lo largo del territorio nacional, y su penetración ha sido tan grande y evidente, que buscará y encontrará la forma y momento de revivir. Es la esencia de la libertad del hombre y su perenne sentido de justicia social la que permanece y encuentra el cauce para imponerse frente a cualquier gobernante que pretenda callarla.

La mayor victoria documentada el domingo pasado no se la llevó Morena; la tuvo el INE, que aglutina, precisamente, ese conjunto de principios y valores nacionales en el ámbito democrático –cualidades de México que no se van a perder.

La oposición tiene ante sí un reto mayúsculo, pero más grande aún es el que tiene Morena, porque su sustentabilidad y su trascendencia histórica está condicionada a la capacidad autocrítica para entender cómo organizarse como partido, cómo dar cauce a las distintas voces que conforman el sentimiento de la Nación y cómo llevar a México a una situación de grandeza en un momento histórico internacional complejo.  Morena tiene la oportunidad de convertirse en un auténtico factor de cambio para el país, con la dolencia de carecer de ideólogos y líderes preparados para lograrlo. Los libros podrían llegar a ser implacables una vez que la voluntad inercial que le ha permitido gobernar se termine.

En la víspera de la Cumbre de las Américas, ante un arrogante desaire presidencial a la invitación recibida por el representante del país más poderoso del mundo, no es difícil advertir la inminente llegada de descalabros en el entorno global y, con ello, un adelanto de las inquietudes por el proceso de sucesión presidencial.

La falta de reflexión y cuidado en las actividades de gobierno se podrán traducir en un revuelo y un desmembramiento del partido.  Es así que Morena se podría convertir, en un sexenio, en el mayor triunfo y fracaso electoral de la historia.  La falta de agrupación de las corrientes y el entendimiento de los cauces que deben seguir para encontrar sus espacios en el quehacer político y de gobierno del país, puede desembocar, lamentablemente, en un proceso de explosión en su interior.

El agua sigue su cauce. México enfrenta una falta de liderazgos y la sequía propositiva de los pocos existentes. Es el espíritu de libertad y la incesante búsqueda de justicia para quienes menos tienen lo que acabará definiendo, al fin, el futuro del país. La elección nos dejó la enseñanza sabernos capaces de votar por el liderazgo que más nos conviene. Si los partidos no cambian, es muy probable que la elección del 2024 la gane el mejor candidato que lleguemos a conocer. México no se rige por la razón ni por instituciones, se deja guiar por sentimientos, lo acabamos de constatar.

La búsqueda de morenistas demócratas

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 31 mayo 2022.

Las reveladoras filtraciones de los audios atribuidos a Alejandro Moreno son el veneno del PRI en la víspera de elecciones estatales del domingo entrante, tanto por el fenómeno interno que evidencia, como por el desánimo que lógicamente debe provocar en la alianza Va por México, construida sobre un ideario que, en teoría, pugna por terminar con esa condición descubierta.

¿Cómo va a convocarse al elector a defender el pacto democrático nacional, cuando quien encabeza al PRI se conduce en la forma que hemos presenciado? Los defectos que en este caso se puedan atribuir a la cabeza se extienden desafortunadamente a lo largo del cuerpo.

La posibilidad inminente de que la oposición enfrente un fracaso doloroso en las elecciones estatales de este año, no pudiendo conservar algunas gubernaturas de entidades que conforman un verdadero bastión para los partidos aliados, es un hecho que nos debe preocupar, pues al convertirse Morena en un partido que podría gozar hegemonía en hasta veinte localidades, aglutinará un poder político y presupuestario que fácilmente podría desmantelar los avances que en el ámbito de la equidad electoral se han armado a lo largo de los últimos cuarenta años.

Las reformas a la Constitución requieren de la aprobación de una mayoría calificada de dos terceras partes de legisladores federales presentes, así como del voto igualmente favorable de la mayoría simple de las legislaturas de los Estados que componen la Unión. Este segundo elemento, que se ha conservado como un elemento de seguridad constitucional, podría endosarse por el electorado a favor de Morena este fin de semana que viene. De ser así, ¿cómo se defenderá a la Constitución en los procesos de reforma por venir? La amenaza de una modificación al pacto federal y las decisiones políticas fundamentales que consigna se vuelve más latente.

La oposición ha demostrado nula capacidad crítica y organizacional para enfrentar el desafío. Los eventos de la semana pasada han debilitado la credibilidad que podía todavía haber sobrevivido. Urge un giro drástico de timón que permita a la ciudadanía saber que tiene aún representantes ciudadanos capaces de involucrarse eficazmente en la vida política y el gobierno de nuestro país.

Curiosamente, de no llegar a consolidarse el cambio del que pudiera depender el advenimiento de un nuevo gobierno de oposición, tendremos que voltear al pasado para descubrir cuáles fueron los factores que, durante el reinado de un partido hegemónico en el poder, provocaron el cambio de paradigmas en el ámbito electoral que permitieron la construcción de nuestro sistema vigente.

Muchas críticas pueden recibir algunos militantes del PRI que, habiendo accedido al poder, hicieron uso indebido de su investidura para emprender actos de despotismo o corrupción. Una cualidad, sin embargo, no puede escatimarse en contra de su militancia: el PRI es auténtica y probadamente un partido político estrictamente institucional.

Es en esa coyuntura que quienes lo dirigieron en algún momento de su vida en el ejercicio del poder, pudieron transitar de la hegemonía de poder a la alternancia. Si bien la oposición tuvo mucho que ver en la construcción del México democrático, éste no se habría alcanzado jamás si no hubiera habido disposición del propio partido en el poder, el PRI.

Con un nuevo partido dominante, Morena, podríamos aprender de la historia e identificar en su propia militancia a los agentes que, de llegar a ser el caso, podrían ser más amistosos con la visión de un México pluripartidista y democrático, y empezar a hablar de dicho militante.

La edificación de una candidatura al interior de Morena se inclinará siempre a favor de quien pudiera llegar a ganar la elección del 24. Si la oposición no tiene la capacidad de organizarse a la altura que el reto demanda, entonces es momento de empezar a elegir, dentro de las filas de Morena, al candidato que podría ofrecer un retorno, pronto o mediato, a los cauces del México moderno que deseamos y demandamos. Ya tendremos la oportunidad, en otra ocasión, de analizar el perfil más posiblemente democrático de entre los aspirantes morenistas ya apuntados, y ya deberemos de empezar a hablar de él.

La voluntad para dar vida, después de la muerte

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 24 de mayo 2022.

En el reporte anual 2021 del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud, que contiene una estadística consolidada sobre el número de donadores, receptores o individuos requirentes de un órgano vital por ser donado, y trasplantes concretados, se aprecia un crecimiento constante del número de intervenciones quirúrgicas realizadas en hospitales públicos y privados desde 1992 –con excepción de aquellas efectuadas durante la pandemia–, como también, lamentablemente, un claro balance deficitario entre el número de individuos que conforman las listas de quienes necesitan de un órgano y el de posibles donadores que, habiendo anticipado su voluntad en vida, facilitan el trasplante de órganos vitales a favor de los anteriores.

Por ejemplo, hacia el cuarto trimestre de 2021, 17,299 personas conformaban la lista de aquellas en espera de un riñón; 5,259 las que esperan una córnea; y 238 las que esperan un hígado, por mencionar los órganos más destacados e importantes. Sin embargo, como puede observarse en el mismo documento, a lo largo de todo el año anterior se realizaron un total de 1971 trasplantes de riñón; 2290 trasplantes de córnea; y 135 de hígado. En el caso del trasplante de córnea, destaca además el hecho de que, algunas de las córneas trasplantadas fueron importadas, gracias a donadores en el exterior.

La Ley General de Salud contempla disposiciones claras que definen qué es un trasplante, cuáles son las atribuciones de las autoridades sanitarias en materia de trasplantes, cuáles las obligaciones que deben atender los hospitales a lo largo de un proceso de trasplante, como también la figura misma de la donación de órganos entre vivos o personas fallecidas, a través de cualquiera de dos mecanismos: expreso o tácito.

A pesar de que ha habido un gran avance en materia de trasplante de órganos, existe todavía un grave rezago en el ramo, dada la falta de cultura y educación ciudadana, por virtud de la cual se explique y sensibilice a la gente sobre la importancia de donar vida.  La demanda total no llega a satisfacerse en casi un 50 por ciento de los casos, dependiendo del órgano de que se trate y la entidad federativa en la que resida el individuo requirente.

Nuestra legislación es de avanzada, en la medida en la que ya incorpora la donación tácita de órganos, como aquella que se concreta en aquellos casos en los que en vida del donante este no hubiera expresado su negativa, y siempre que su cónyuge o concubino, sus descendientes o ascendientes, hermanos, adoptante o adoptado, otorguen un consentimiento concurrente.

Resulta curiosa y afortunada la manera en que el legislador premió el derecho a la vida por encima de un derecho primario a disponer del propio cuerpo, supeditando el empleo del órgano, desde luego, a que el donante del que se aproveche un órgano por consentimiento tácito haya fallecido.

El domingo pasado la Confederación Helvética sometió a la votación de sus ciudadanos una iniciativa que incide alrededor de este mismo tema, en la que contempla la sustitución del consentimiento expreso a la donación de órganos por una voluntad tácita anticipada. A pesar de que se trató de una iniciativa ciudadana, ésta acabó por convertirse en una iniciativa oficial desde el momento en el que la donación tácita amplia se sustituyó por una donación supeditada al otorgamiento de un consentimiento concurrente de algún familiar, en forma similar a la que contempla nuestra Ley General de Salud.

Los partidos de la Unión Cristiana cuestionaron la validez de la iniciativa desde la perspectiva de un derecho humano a la autodeterminación y protección de la integridad corporal, ante el trascendente dilema ético que plantea la aprobación de este mecanismo de sustitución estatal en la voluntad del individuo.  A la postre, siempre se protegió el derecho humano a oponerse al uso de los tejidos y órganos propios, sujeto a que así se exprese por escrito en vida.

La iniciativa a favor del consentimiento tácito prosperó y podrá avanzar la parte restante del proceso legislativo necesario para que, en ese país centroeuropeo, se convierta en una ley.

Dos aspectos destacan significativamente de este caso que nos ha llamado la atención el fin de semana pasado: el funcionamiento sólido de una democracia ciudadana muy bien edificada, en el que la deliberación política asume cuestiones serias y trascendentes con absoluto respeto a favor de voces disidentes; y, el serio dilema que todo el discurso a favor de la vida lleva implícito en torno de criterios antagónicos sustentados por órganos judiciales de todo el orbe, en los que, con relación al derecho a la vida del no nacido, se ha privilegiado, en cambio, el derecho individual al destino que quiera dar a su propio cuerpo la madre.

Por el número creciente de requirentes de órganos, así como de posibilidades científicas para llevar a buen puerto un proceso quirúrgico para el uso de tejidos humanos trasplantados, de pacientes vivos y muertos, sería muy interesante imaginar qué avances normativos y de gobierno podrían llevarse a cabo para llevar, más adelante, esta beneficiosa figura médica, política y social, que acaba traduciéndose en la prolongación de vida y salud para muchas personas, de todas las edades.

La implementación de medidas en el ámbito de la comunicación, mediante la creación de redes más ágiles de información sobre habilitación de órganos trasplantables, como también de medidas hospitalarias que faciliten el internamiento y atención urgente de pacientes sujetos a un proceso de trasplante, seguirán edificando la historia de éxito que nuestro país ha ido construyendo alrededor de este proceso, de trasplante de vida.

La adecuada administración del ego

Antonio Cuéllar Steffan/ martes  10 de mayo 2022.

Cualquiera que sea la perspectiva desde la que se quiera analizar, el resultado es claro y contundente: una mala administración tiene un precio, un precio muy alto. En el caso de México, quizá ya lo hayamos empezado a pagar.

No hace falta leer todo el expediente, ni siquiera todo el dictamen para el que fue contratada la empresa extranjera encargada de hacer los análisis referentes al deterioro y colapso de la Línea 12 del metro, para entender cómo nació, como perduró y cuáles fueron las razones que terminaron con la vida de 28 pasajeros del sistema de transporte: el trasfondo es político y egoísta.

El entonces Jefe de Gobierno impulsó una obra de infraestructura relevante que no quiso heredar a su sucesor, por lo que dictó las órdenes necesarias para que se terminara cuanto antes y a cualquier costo, y consintió en que se adquirieran vagones de tren que, aún no siendo los apropiados, eran justamente los que estarían disponibles a tiempo para inaugurar el magno proyecto.  Las prisas, la fatuidad de los deseos imperiales del regente y la ausencia de instituciones adecuadas para actuar como contrapeso, provocaron el quebranto, la muerte y la afectación a la vida diaria de millones de mexicanos, en la forma que, a más de un año del accidente, todos conocemos de sobra.

Con independencia de la responsabilidad jurídica que habrá de determinarse, civil o criminal, la responsabilidad política del origen tiene nombre y apellido.  Lo mismo se podría concluir con relación a las acciones u omisiones que a lo largo de los años han sucedido, por falta de supervisión y mantenimiento.

El acomodo de los antecedentes de hecho asociados a la disfuncionalidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos conducirá con la misma facilidad que el ejemplo anterior, a entender las razones por las que el fin de semana, se verificó y divulgó un incidente grave asociado al control de la aeronavegación alrededor de la capital, uno más de un conjunto de anomalías que se han venido reportando.

A pesar de que se contaba con estudios, contratación, presupuestos y obra ejecutada que podrían haber llevado a la construcción y terminación de un aeropuerto de talla mundial, el ego de quien ocupa la presidencia no pudo conceder la posibilidad de ser el responsable de inaugurar una obra de infraestructura no iniciada en su sexenio, y optó por dinamitar el proyecto, sin importar el costo económico que ello ha significado. ¿Se valoró en ese momento el costo de vidas que un accidente aéreo podría tener implícito? Dudosamente.

En menos de tres años se llevaron a cabo obras de ingeniería en un aeropuerto alterno que, inacabado e insuficiente, se inauguró con un propósito principal en mente: que el presidente apareciera en la foto y pregonara la idea de haber logrado, en tiempo récord, la terminación y arranque de operaciones de un aeropuerto sustitutivo del que hoy opera en la Ciudad de México, colapsado desde hace muchos años.  Sabemos que el discurso dista mucho de la realidad, el aeropuerto, por su ubicación, por sus características y acabados, es insuficiente e inadecuado para responder a las necesidades del mercado, en el corto, mediano y largo plazo.

La contumacia ha provocado un reordenamiento del espacio aéreo que provoca confusión y peligro para quienes tienen la necesidad de cruzar en vuelo a través de la Ciudad de México, y es un factor grave de riesgo que puede dar lugar, en este caso, a un accidente que arroje al menos centenares de muertos.  ¿Qué ha faltado? Lo mismo que en el caso de la Ciudad de México: instituciones y mecanismos eficaces de contrapeso que impidan la asunción de políticas o la implementación de acciones que carezcan de razonabilidad. Se trata, como en el caso anterior, de política y egoismo.

La centralización absoluta del poder provoca descalabros, y estos pueden ser devastadores para la Nación.  Es muy preocupante lo que sucede en el caso del metro y el aeropuerto, existen otros que podemos relatar y otros que, aún no habiendo sucedido, de confirmarse una misma conducción, podrían ser muchísimo más graves.

En el Estado de México, más de un centenar de personas, de las que ya nadie habla, perdieron la vida por bañarse en combustible en un desenfreno provocado por una escasez temporal proveniente de la inexperiencia atribuible al Director de PEMEX, justo al inicio del sexenio, al no haber previsto la necesidad de aprovisionamiento de la temporada.  En Tabasco, miles de personas perdieron sus hogares y pertenencias, por la tardía apertura de compuertas de vasos que conforman las instalaciones hidroeléctricas de CFE, por impericia atribuible a su Director. Durante la pandemia, cientos de miles de personas perdieron la vida por la tardanza inexplicable en que incurrieron las autoridades de COFEPRIS, de expedir los registros y certificados necesarios para la importación y distribución de vacunas y medicinas necesarias para que el personal hospitalario auxiliara a los individuos contagiados. Ejemplos de mal gobierno se encontrarán por centenares.

No lo conozco, pero ¿Alguien sabe y está al corriente de la manera en que se viene vigilando la operación de Laguna Verde? Sería imperdonable que las instalaciones de la Central Nuclear tuvieran una administración presupuestaria comparable a la del Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. Sería muy importante que se audite con seriedad la operación de la planta y que se evite a toda costa un error similar a los que hemos presenciado estos últimos días.

El proceso de aprendizaje de nuestros gobernantes nos cuesta caro en términos monetarios, nos cuesta infinitamente más caro en términos de vidas humanas, y nos cuesta un precio no definido que tarda muchísimos años en pagar en el ámbito prestigio-país.

La percepción de México en el extranjero ha decaído, y con ello las oportunidades para que este avance en el campo del desarrollo económico, y nosotros gocemos de medios para satisfacer nuestras aspiraciones.  A nadie le quita el sueño la manera en que los partidos se asignan las curules en las Cámaras o los presupuestos entre los municipios, siempre que se conserve la oportunidad de vivir con seguridad, de conservar el trabajo, de gozar de un salario digno y poder cuidar a la familia. Para lograrlo se debe preservar el orden y sus instituciones.

Los errores que condujeron a las autoridades de los Estados Unidos de América a degradar la calificación de la aviación nacional, siguen el mismo curso tratándose de la valoración de la seguridad de la ciudadanía para efectos del desplazamiento turístico de sus ciudadanos, o cuando se trata de la calificación de la capacidad crediticia del país. ¿Llegará el momento en que se califique a México por su responsabilidad en materia de seguridad internacional, por virtud de alguna mala gestión de la única planta nuclear con que contamos? Debemos de evitar a toda costa que eso llegue a suceder algún día.

Estoy seguro de que la ciudadanía apreciaría enormemente que nuestros gobernantes llegaran a darse cuenta de que, hacer política y contender posiciones de gobierno, no está peleado con hacer bien las cosas.  Se pueden ganar elecciones sin poner en riesgo la vida, la economía y el futuro del país.  Sin importar qué partido llegue a obtener el éxito en los procesos de voto, todos nos veríamos beneficiados si las actividades de gobierno que tienen que ver con el control, la vigilancia y operación de las áreas estratégicas del desarrollo nacional, se depositaran en órganos colegiados conformados por profesionistas preparados y pensantes. Administremos el porcentaje de lealtad y capacidad del servidor público en función de la responsabilidad que tenga encomendada.

Política sin razón

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 19 abril 2022.

Por muy bien que sea recibido el resultado de la votación de los diputados del domingo pasado, que logró descarrilar la iniciativa presidencial que proponía regresión en la regulación de la materia energética en perjuicio de la competitividad y el medio ambiente, el fenómeno de desgobierno comprobado evidencia el estado de caducidad de nuestro sistema político nacional.

La política, la cosa pública, es la actividad que llevamos a cabo como ciudadanos con la finalidad de discernir caminos a través de los cuales zanjar nuestras diferencias y resolver los avatares que nuestra convivencia nos pone enfrente todos los días.  Con el más loable propósito de facilitar el entendimiento y evitar desastrosas discrepancias, la Constitución establece que éste, el debate, no se realice llanamente, sino a través de representantes populares en una arena pública: el Congreso. El objeto del sufragio y la elección de diputados y senadores es precisamente ese, el de designar a quienes hablen y discutan en nuestro nombre para elegir, en su función de gobernantes, los mejores instrumentos legales para crecer y desarrollarnos como sociedad.

En la Constitución se contempla un proceso legislativo que comienza con la recepción parlamentaria de iniciativas de ley, o de reformas o modificaciones a las ya existentes, que se ve sucedido por discusiones parlamentarias en comisiones o en pleno, de las que se desprenden dictámenes y minutas que, una vez sancionadas y promulgadas por el Ejecutivo, se publican en el Diario Oficial de la Federación y se convierten en leyes, que al entrar en vigor obligan a toda persona a su cumplimiento.  La fase de debate de toda ley constituye el aspecto esencial de la labor parlamentaria, en la que la función protectora de los intereses de la Nación llega a materializarse de manera cierta y objetiva. Un proceso legislativo carente de debate sería equiparable a un inútil desfile de servidores públicos reunidos para levantar la mano, con posibles intereses contrarios a los intereses de la Nación.

Todo estudiante de derecho aprende desde los primeros meses de la carrera, que el derecho es una ciencia mucho más compleja que la mera ley, y que las fuentes reales o primarias que dan luz a esta ciencia, son la razón y la realidad social.  La juridicidad de las leyes que aprueban los órganos legislativos del país, su legitimidad, depende de la razón y de su correspondencia con la realidad. Cuando éstas faltan, la ley carece de un sustento que la hace intrínsecamente inconstitucional, inválida, por ser irrazonable o desproporcionada.

La semana antepasada tuvo lugar una sesión en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deliberaron sobre la validez de una ley de la industria eléctrica que demostraba ser claramente contraria a la letra misma de la Constitución. En más de una ocasión, pudimos apreciar cómo, la argumentación jurídica esperada, se desvió a un ámbito de posicionamiento ideológico de los exponentes en una forma que escapa a la tarea misma que el Tribunal Supremo del país tiene encomendada. La votación alcanzada acabó siendo útil para dar cauce y sustentabilidad a los propósitos sociales que la propia ley analizada debe satisfacer, dadas las circunstancias históricas presentes; sin embargo, el ejercicio de la función pública, en sí misma, distó mucho de satisfacer esa misma “cosa pública” que, en el ámbito de la división de poderes y equilibrio constitucional, dispone nuestra Ley Fundamental.

El proceso legislativo del domingo pasado ha sido analizado desde una perspectiva mayoritariamente político-electoral. Se habla de los efectos que la unión de los partidos políticos de oposición puede significar con respecto al proyecto político del partido gobernante.  Se dice que podría ser el inicio del fin del sexenio o, desde otra perspectiva, el arranque de la carrera por la candidatura oficial y, consiguientemente, un posible cisma en Morena.

Más allá de las consecuencias políticas de la votación, vemos con preocupación el fenómeno que la radicalización de la retórica presidencial ha venido a provocar en el órgano parlamentario constitucionalmente concebido para encontrar, en función de la razón y nuestra realidad social, las mejores fórmulas para resolver los problemas que aquejan a la Nación. El fundamentalismo del proyecto transformador del país ha venido a aniquilar, por las vías de hecho, la posibilidad de que haya cualquier debate legislativo, en detrimento del bienestar general. Existiendo razones atrás de cada uno de los postulados que justificaron el voto de cada legislador presente, no hubo deliberación alguna que permitiera construir un camino intermedio, útil para resolver cualquier problema existente que hubiera sido identificado. La imposición aniquiló cualquier intento de razón.

La ausencia de argumentación constitucional en el seno de la Suprema Corte de Justicia, a la par que la carencia de debate y deliberación parlamentaria en el seno del Congreso de la Unión, ambos respecto de leyes existentes o iniciativas de reforma presentadas por el Presidente de la República, que pudieran servir para lograr la mejor interpretación del derecho posible que conduzca atender con apego a la lógica y la experiencia aquello que más le conviene al país –en la materia energética en este caso, como podría serlo cualquiera otra en lo sucesivo–, refleja el estancamiento mismo de las instituciones, y su precariedad y fragilidad ante el embate del que han sido presas del Presidente de la República.

La sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y de la Cámara de Diputados, que sirvió para demostrar la influencia o la fuerza política que el partido gobernante tiene para allegarse de votos y voluntades, pone de relieve la degradación de la que ha sido objeto nuestro sistema político.  En la búsqueda de fórmulas y mecanismos para imponer una sola voluntad, se ha mermado el propósito de las instituciones y de la república. Mientras más se aleja de la justicia y de la razón, para dar paso a la imposición del poder por el poder mismo, nuestro sistema político fallece poco a poco, y con él nuestro futuro. La posibilidad de que el debate reviva, alumbrado por la unión demostrada el domingo pasado, mantiene viva la esperanza de mejores tiempos para nuestra democracia.

El resultado incómodo

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 12 abril 2022.

México es un país que sufre por tener una sociedad cuyo pensamiento político ha explotado y se encuentra dividido…pero, seamos honestos, ¡no es un caso extraño! Muchos países en el mundo atraviesan circunstancias comparables. El problema no tiene que ver con las diferencias internas, sino con su gravedad, con su efecto y la manera en que éste se procesa.

La semana pasada llegamos a un punto de inflexión en el que quedó claramente dibujado un grave riesgo de fractura. Qué más grave momento pudo haber atravesado México que el de la discusión de una reforma regresiva en el ámbito de los monopolios estatales, sucedido de un proceso democrático constitucional cuya finalidad fue la de ratificar o no en el cargo a quien se ufana de querer terminar con una corriente de gobierno que vino transformando a México a lo largo de los últimos cuarenta años. Tirar todo por la borda para volver a empezar. Ese ha sido el tema de la agenda que ha tensado las cuerdas sociales y enfrentado a hermanos a lo largo de los últimos años: dos visiones de país.

El resultado acabó siendo pasmoso, incómodo, invariable, inútil para cualquier fin necesario para cambiar el estatus quo, siendo este uno terriblemente negativo con relación a aquél en el que deseamos estar.

Sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el ámbito de la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, las noticias son confusas. En el fondo, el presidente de la República asegura haber ganado la contienda; paradójicamente, quienes promueven la inconstitucionalidad del ordenamiento afirman lo mismo. La verdad, es que los dos tienen la razón. Es falso que la Ley sea apegada a la Constitución; una votación de siete ministros contra cuatro, en la que los primeros votaron en contra de la constitucionalidad de la ley, indica que la norma es en sí misma inconstitucional. La imposibilidad de alcanzar la votación calificada de ocho voluntades concurrentes no viste al ordenamiento de apego constitucional, sino que impide su invalidación para efectos generales. En ese tecnisismo quedó la sociedad atrapada la semana pasada, sin saber realmente cuál iría a ser el efecto económico de la sentencia. Ganó la Constitución, pero en el enredo de los efectos del fallo, perdió la Suprema Corte de Justicia y, con ella, perdimos todos los mexicanos, que necesitamos más que nunca de esa institución.

Prácticamente pasó lo mismo con la votación de antier domingo.  ¿Hubo participación ciudadana en el proceso de consulta ciudadana?  Sí que la hubo y fue importante; nadie puede soslayar la capacidad de movilización ciudadana de Morena al haber logrado conseguir la expresión del voto de quince millones de mexicanos. Quien diga que es poco miente y se burla de sí mismo. El problema es que, en el fondo, no podemos dejar de ver que se trató de una proporción infinitamente menor de aquel número que conforma el total del padrón electoral, al que le faltaron casi 80 millones de votos de asistencia; y que los acarreados fueron también menos de la mitad de aquellos que votaron por Morena hace tres años. El faltante no se puede tampoco desdibujar. Morena ganó y perdió a la vez.

Podemos ver que, al final de cuentas, no es la contundencia del voto de los ministros que expresaron su beneplácito a una ley evidentemente retrograda o inconstitucional, como tampoco lo es la solidez de un número mayoritariamente cierto de electores deseosos de seguir siendo gobernados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que enrarece el ambiente político nacional, es la sonoridad que el propio partido en el gobierno concede a los “éxitos” que a lo largo del camino va construyendo lo que provoca el desquiciamiento.

Pocas personas han hablado y hecho eco de los siete votos que determinan el criterio que los Tribunales Colegiados de Circuito habrán de seguir con la finalidad de conceder los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica, o para proteger a los permisionarios contra cualquier acto concreto de aplicación de esa misma ley, tendiente a afectar los derechos reconocidos a su favor para generar energía o para soportar la continuidad de las medidas establecidas para compensar la preponderancia de CFE en el mercado relevante de suministro de fluido eléctrico.

Pocas voces se escuchan alrededor del verdadero peso que debe concederse a casi ochenta millones de electores que decidieron libremente no asistir a las urnas el domingo para ratificar al presidente, o a los posibles cuarenta millones que integran los anteriores, que habrían ido a votar si la pregunta se hubiera formulado correctamente.

Nadie habla del diseño mismo de la trampa construida para evitar que el escenario le fuera adverso a Andrés Manuel López Obrador en este primer ejercicio de revocación de mandato, al contemplarse en la boleta una pregunta inversa. No habiéndose obtenido un 40% de votos del padrón a favor de su ratificación, acaso ¿No debería de revocársele el cargo ante una muestra implícita de repudio del 85% del mismo padrón, activo o pasivo? ¿Qué habría sucedido si la pregunta se hubiera planteado correctamente? Si el porcentaje de votos no es vinculante, entonces ¿porqué sigue en el ejercicio del cargo?

A lo largo de las últimas dos décadas nuestro país ha venido demostrando un desempeño económico mediocre. En estos dos últimos años, frente al crecimiento económico experimentado en los Estados Unidos de América al que nuestro país se encuentra atado, el desempeño de la economía nacional es paupérrimo. ¿Qué ha sucedido que nos mantiene anclados?

Lo que ha pasado es exactamente lo que quedó demostrado la semana pasada: la sonoridad de las voces opositoras de una izquierda radical empecinada en implantar un modelo de gobierno comunista, basado en modelos anacrónicos, ha logrado sembrar tal nerviosismo en quienes creen y quieren fomentar en México una actividad económica productiva, que provocan el congelamiento de cualquier deseo de emprendimiento industrial o comercial.

A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, la división nacional que ha quedado en evidencia este fin de semana no nos separa por mitades. México sufre una división del 85/15, en la que los 15 han logrado construir una unión y un mensaje, a veces violento, que se sobrepone a los demás. Quizá es un buen momento para entenderlo y para superar el estado pasmoso en que la elección del 2018 dejó plantados a los partidos políticos y a pensadores de oposición. Llegó el momento en el que los mexicanos debemos dejar de ser complacientes con el ruido incansable de la desvergüenza y el desorden, y dar paso y cabida a la solidez duradera de la razón.

División….la peor decisión.

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 05 abril 2022.

Una lectura medianamente seria de la ley de revocación de mandato permite alcanzar, con cierta facilidad, una comprensión clara sobre la naturaleza y propósito de dicha institución constitucional. Con motivo del proceso democrático que enfrentaremos el próximo 10 de abril, deberían acudir a las urnas solamente quienes deseen que el presidente de la república deje el cargo al término de la primera mitad de su mandato. Si se aplicara la ley de manera puntual, no tendrían por qué votar quienes deseen que permanezca. El problema obedece a que la pregunta se redactó al revés.

La figura de revocación de mandato que contempla el artículo 35 constitucional me parece inadecuada y nociva, porque va a provocar una grave inestabilidad política para el país. Nos conducirá a ciclos electorales inacabables en los que, quienes ocupen la presidencia, estarán permanentemente en campaña para halagar al electorado y evitar su remoción.

El problema que enfrentaremos en este primer ejercicio de revocación de mandato tiene que ver con la labor interpretativa inversa que realizó la Suprema Corte de Justicia, para concluir que la pregunta que se puede formular a los electores no es de revocación de mandato, sino de ratificación de mandato, una hipótesis que contradice el texto constitucional y nos sumerge en esta marea de confusión que tiene a todo el mundo cuestionándose si se debe o no votar en el próximo proceso de revocación.

Una corriente de pensamiento propone la conveniencia de acudir a las urnas para votar en el sentido de revocar el mandato por inadecuada gestión de la administración pública atribuible a Andrés Manuel López Obrador. La idea persigue impedir que una falsa representación de la ciudadanía, reflejada en los porcentajes de asistentes, sea utilizada para construir un discurso maniqueo a través del cual el propio titular del Ejecutivo se erija como un líder popular con legitimación suficiente para conducirnos a graves y trascendentes cambios constitucionales.

Sin embargo, otra corriente de ideas propone hacer un vacío al llamado del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de no caer en una trampa, diseñada desde el Palacio Nacional, a través de la cual se quiere utilizar el número de votos asistentes con la finalidad de satisfacer un anhelo egocéntrico del propio presidente de la república, que estará encaminado a destruir al Instituto Nacional Electoral y las instituciones que garantizan la imparcialidad en los procesos electorales que periódicamente se organizan a lo largo de todo el país.

¿Qué camino elegir de entre los dos propuestos? El que sea, siempre que la ciudadanía se mantenga unida.

Sin embargo, el punto crucial en este momento, en la víspera de que el proceso se lleve a cabo, es que la corriente dominante de entre las dos propuestas, es precisamente aquella que propone no acudir a las urnas y, en ese sentido, hacer un vacío electoral tan evidente que desprovea a Andrés Manuel López Obrador del resultado halagüeño necesario para conducir el proceso transformador que ha diseñado y, aparentemente, evidenciará su faz más agresiva en esta segunda y última parte del sexenio.

En el estado actual de cosas y ante esta confrontación ciudadana que se descose entre quienes proponen acudir y los que proponen permanecer en su casa el día de la votación, acaba por ser más sensato, sin lugar a duda alguna, permanecer unidos.

El peor resultado que el proceso de democracia participativa podría arrojar, sería uno que ponga en evidencia la desunión existente entre los partidos de oposición o entre la ciudadanía. El peor escenario sería aquel que produzca un resultado electoral adverso y, sobre todo, confuso y dividido. Una votación incipiente de opositores, que no lograron expresar el descontento y desdibujaron el propósito abstencionista activo que proponen los demás.

Ante la inminencia de un abstencionismo premeditado y fuertemente anunciado, alrededor del cual se ha construido el consenso dominante, lo más conveniente sería permitir que esa decisión mayoritariamente adoptada prevalezca y cumpla la finalidad que los ciudadanos descontentos han elegido demostrar: una abstención activa que busca mermar la legitimidad de Andrés Manuel López Obrador como artífice de un cambio que no es deseado, por la vía de la participación pasiva.

Tras más de tres años de discursos mañaneros encaminados a provocar una división entre la ciudadanía, por razones que van desde su condición económica hasta su convicción ideológica, podría convertirse en una muy bienvenida sorpresa, esa clara muestra de comunicación y de unión ciudadana alrededor del camino emprendido en el proceso de revocación de mandato.  Correcto o no, la abstención es la decisión asumida por la mayoría, y ese es el camino que la sociedad civil unida debe de seguir.

La votación es una trampa y, por consiguiente, es en ese ánimo tramposo con que podría leerse la Constitución y la pregunta que se va a responder.  Si para que la votación sea vinculante es necesaria la participación del cuarenta por ciento del padrón de electores, ¿Cómo debemos de interpretar el sentido de la pregunta y la respuesta que subyace ante ella? Si se va a responder a la pregunta sobre si debe o no continuar el presidente de la república en funciones, ¿Deberíamos de entender que sólo si ese porcentaje de electores lo avala debería de continuar?  Eso querría decir que, la falta de votos, implícitamente nos llevaría a suponer que se debe de ir. La calidad vinculante del apoyo popular, en el caso de la pregunta que se ha planteado, parecería arrojar un resultado jurídicamente contraproducente para quien, extrañamente, ha impulsado la consulta: el propio presidente.

Desunión y violencia cotidiana

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 22 marzo 2022.

Antonio Cuéllar Steffan

El elemento esencial de cohesión del Estado, lo que permite su conformación y subsistencia, es la existencia y vigencia de un orden jurídico concebido y diseñado para dar solución a las necesidades, objetivos y anhelos de una sociedad unida, deseosa de tener un propio país.

El arrojo de los ucranianos en la guerra, el motivo que los define en cada día de batalla en los distintos frentes que los escuadrones del ejército ruso han abierto en su propio territorio, tiene que ver con la convicción unánime de querer tener un país libre y democrático, una identidad propia alrededor de la cual dar la cara a la comunidad internacional como lo que son, un país de raza eslavo, comprometido con la paz y un sistema político más parecido a occidente, lejano de la visión autoritaria que ha soportado Rusia a lo largo de su existencia.

México celebró el día de ayer el natalicio de Benito Juárez, uno de los héroes nacionales más controvertidos de nuestra historia, pero en el que podría centrarse, sin lugar a duda, el éxito relativo a la consolidación política cierta y definitiva de nuestra independencia –después de una larga guerra intestina.

Un hecho histórico circundó alrededor de su paso por la presidencia de la república, la voluntad innegable de todos los que habitaban en este país, de querer ver lograda la independencia plena de México y la erradicación de poderes extranjeros en la conducción de nuestro destino.  Nuevamente, una convicción y objetivo nacional incuestionable.

Hemos venido atravesando a lo largo de las últimas semanas días de confusión, de violencia y de zozobra, tanto por hechos que arroja el estado de guerra en el que se encuentra sumida una nación europea, Ucrania, como también por conflictos que emanan del crecimiento generalizado del crimen y la ilegalidad en nuestro propio país.  La continuidad y gravedad de los hechos ocurridos ya no son intrascendentes, se han convertido en una muestra clara de la inestabilidad que provoca la carencia de identidad en las metas y anhelos que deberían de unificar a la sociedad mexicana, la carencia de un verdadero estado de derecho.

A lo largo de los últimos dos años y medio hemos venido escuchando todos los días un discurso del Jefe del Ejecutivo que distingue y divide a todo aquello que sucedió con anterioridad a él, y lo que su administración representa.  La diferenciación ha provocado un clima de persecución y desconfianza que lastima a la economía, pero peor aún, pone en riesgo la estabilidad de la paz nacional.

Sabedores de la grave distancia existente en el reparto de la riqueza nacional, se ha privilegiado un discurso que pretende reivindicar el derecho de las clases menos privilegiadas para gozar de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, a través de programas que reparten dádivas de manera descontrolada, se erradica cualquier posibilidad para que la gente luche y logre alcanzar sus metas por mérito propio, en un proceso de deformación que aniquila la viabilidad y sustentabilidad de la misma idea.

Dos eventos marcarán estos días en forma incuestionable: la violencia descomunal demostrada en el Estadio de Querétaro el sábado 6 de marzo pasado, en el encuentro entre el equipo local y el Atlas, y el proceso democrático para la expresión de la voluntad popular en torno de la revocación de mandato que tanto ha impulsado el propio presidente de la república.

El primero de los dos casos mencionados pone en evidencia el grado de desquiciamiento en que se halla enfrascada la sociedad mexicana por cuanto al odio y el desorden que impera y puede perdurar entre nosotros. Muestra el retroceso y barbarie en el que algunos grupos sociales se desarrollan de manera cotidiana, su falta de voluntad para adecuarse al orden que establece la ley y la incapacidad de las fuerzas del Estado para hacerla cumplir. Es el último en una lista muy larga de eventos  que acumulan marchas violentas, tomas de casetas, asaltos en autopistas y vías de ferrocarril y matanza de periodistas, por mencionar algunos, pero destaca por su carácter aparentemente espontáneo y el espacio de convivencia pacífica en el que desafortunadamente se dio.

El segundo ha sido un reto constitucional que tiene a la sociedad dividida, entre los que irán a votar decidida y libremente a favor de la continuación de este gobierno, a la cabeza de Andrés Manuel López Obrador; aquellos que irán a ser conducidos para hacerlo; y todos los que están en desacuerdo con su forma de gobernar al país, que se dividen a su vez entre los que desean que el presidente permanezca hasta el último día de su mandato y cumpla la Constitución; los que quieren que termine cuanto antes; los que participarán y expresarán formalmente su repudio; y los que no participarán en modo alguno el día de la elección, que identifican ahora como un movimiento de “abstención activa”, y que tiene el propósito de impedir que se reúna el número de votos mínimos para que el resultado sea vinculante.

Los dos eventos, uno violeto y otro pacífico, pintan al desnudo el contraste existente entre el México al que aspira uno y otro grupo de compatriotas, un fenómeno indeseable y nefasto para la consolidación de nuestro futuro y el de las generaciones por venir, ya que se trata de una división social, nacional, que persistirá aún después de esta administración, y que podría llegar a contaminar el clima de estabilidad necesaria para que el país y su gente goce del progreso y bienestar, precisamente, al que deseamos llegar.

Nunca más que ahora, había sido tan palpable la necesidad de identificar ese deseo común de paz y de mexicanidad que reside en la médula de cada uno de nosotros, para hallar en la brújula que nos guía, el destino y la orientación correcta para conducir la nave.  Los mismos ideales que forjaron a la Nación que supo independizarse de un gobierno virreinal que veía por intereses de una corona que residía del otro lado del atlántico, son aquellos que hoy debemos encontrar para retomar un rumbo que nos permita sentirnos orgullosos de haber construido un gran país. La narrativa que se ha venido empleando para guiar la agenda política nacional, está provocando una disociación de ideales en nuestra sociedad que podría convertirse en un cáncer maligno, en una enfermedad terminal.

Derechos universitarios de la víctima

Antonio Cuéllar Steffan/ martes 01 marzo 2022.

Desde que cursaba la licenciatura en la facultad de derecho de la UNAM se escuchaban en los pasillos y en las charlas de café, pláticas y quejas que tenían que ver con alguna broma, algún piropo o atrevimiento, algún reproche ofensivo externado por un profesor hacia algún alumno.  Sé que no es un problema exclusivo de esa facultad, como también lo sé que no es de la UNAM; se trata de un fenómeno que se ha dado y tolerado a lo largo del tiempo, en detrimento de la vida universitaria, de la salud y de la dignidad de los alumnos, en muchos centros de enseñanza del país.

La semana pasada se logró dar un gran paso en la erradicación de esa costumbre insana que lleva a suponer que los profesores, por su situación de superioridad frente al alumno, tienen un carácter omnipotente. Quizá sí ejercen un determinado poder en el ámbito de la enseñanza, al poseer la capacidad para evaluar la comprensión de la materia por parte del alumno y su desempeño académico a lo largo de un curso determinado, pero la relación jerárquica se termina, precisamente, en la misma Universidad, en el mismo curso y, sobre todo, en el marco de la ley que rige su paso por la academia.

Se presentó un caso que, no siendo nuevo, acabó por ser paradigmático, ya que vino a darse en esta nueva época en la que la Constitución, sin distinción alguna, impone a las autoridades universitarias el deber ineludible de velar por el respeto de los derechos humanos, entre los que se encuentran, para estos efectos, el derecho a la dignidad y protección de las víctimas.

Un profesor de la facultad de derecho fue denunciado por actos de acoso y hostigamiento sexual en agravio de una alumna de posgrado. Con motivo de ello, se abrió una investigación que acabó por su consignación ante un Juez Penal que, al encontrar algún mérito, obsequió un auto de vinculación a proceso en contra del profesor. La gran pregunta que fue planteada ante los grandes retos que arrojó el caso tuvo que ver con la posibilidad de dictar alguna medida que, para proteger a la víctima, permitiera la interrupción de las actividades académicas del profesor, gozando éste del derecho humano de presunción de inocencia.

El Doctor Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho, sometió a la aprobación del Consejo Técnico de esa misma Facultad, un punto de acuerdo de la mayor relevancia histórica y material, dado el avance que nuestra sociedad ha logrado en la lucha contra el abuso de la relación jerárquica existente, en muchos casos, entre profesores o profesoras, y alumnos o alumnas de la UNAM:  la suspensión inmediata de la relación docente que beneficiaba al profesor, para protección de la alumna, no como una sanción sino como una medida cautelar.

En el ámbito del derecho, existe una diferencia sustancial entre lo que es una sanción y una medida cautelar. Mientras que la primera es definitiva, la segunda es temporal, lo que conduce a suponer que podría ser revocada por alguna causa que lo llegue a justificar o, al final del procedimiento, si llegara a comprobarse que el sujeto en contra del cual fue dictada realmente no fue responsable de la conducta ilícita que se le atribuya.

La resolución, que fue aprobada por la mayoría absoluta de los miembros integrantes del Consejo Técnico, tomó en cuenta que, al dictarse la suspensión como medida cautelar, exclusivamente dirigida a definir la relación académico/administrativa entre el profesor y la Universidad, no prejuzga sobre su responsabilidad en el ámbito penal y respeta el derecho humano a la presunción de inocencia, y tampoco incide negativamente en el ámbito de sus derechos laborales.

En el fondo, la resolución es ejemplar porque ve y valora, por primera vez, una medida adecuada y proporcional para respetar y proteger los derechos de los estudiantes o de cualquiera otra persona que, sujeta a una relación de subordinación, puede llegar a ser víctima de un acto que repercute contra sus derechos humanos a la dignidad y, a la postre, al honor y a la salud personal.

Merece la pena hablar de ello, porque el punto de acuerdo sometido a la votación de los consejeros fue atrevido e innovador, ya que parte de una posibilidad que hoy contempla el artículo 1º de la Constitución, por virtud del cual las autoridades pueden llevar a cabo una interpretación ex officio de la legalidad para preservar la observancia de una garantía constitucional o de un derecho humano contenido en convenciones internacionales de las que el estado mexicano sea parte.

La legislación universitaria no contempla un capítulo expreso a través del cual se permita que los alumnos denuncien internamente y sin menoscabo de su estabilidad universitaria, este tipo de actos deleznables. Tampoco la normatividad que rige la vida de la UNAM contempla un capítulo expreso para la asunción de medidas cautelares tendientes a proteger a los alumnos o a las víctimas de acoso u hostigamiento.  Ahí, en esa laguna normativa, es que se halla la osadía y logro alcanzado el viernes pasado.

Mediante la interpretación funcional de la Constitución y las convenciones internacionales, y partiendo del necesario principio de defensa de los valores que persigue la normatividad universitaria, se privilegió la aplicación de las dos anteriores por encima de la ley para preservar la salud de la vida y convivencia universitaria, sin menoscabo de los derechos que el profesor goza para defender sus propios intereses ante las autoridades competentes.

Así, a través de esta actividad de interpretación jurídica encabezada por los profesores de la facultad de derecho de la UNAM, se logró la conservación de un estado armonioso de convivencia académica en la que se le permitirá a la alumna denunciante continuar con el propósito superior de prepararse y culminar una aspiración académica, y al profesor respetar su derecho laboral a gozar de un salario mientras las autoridades competentes, en lo académico y, sobre todo, en lo penal, califican el valor científico de las pruebas que puedan llegar a ofrecerse en su contra para demostrar, o no, su responsabilidad por la comisión del delito del que se le acusa.

El punto de acuerdo sienta un nuevo criterio que servirá a otras facultades pertenecientes a la propia UNAM, u otras universidades públicas o privadas del país, o también, inclusive, muchos centros de trabajo y organizaciones en las que ese tipo de relación de subordinación llega a existir entre jefes y trabajadores, para diseñar medidas similares o alternativas que sean útiles para proteger y preservar el derecho a la dignidad de mujeres y hombres por igual, alumnos o trabajadores.