Martes 25 de octubre de 2016
El hecho de que un candidato republicano impuesto por la voluntad de un electorado blanco terriblemente radicalizado, ponga en tela de juicio la legalidad de los procedimientos electorales en los Estados Unidos de América, coloca al país más poderoso del planeta en la misma antesala de la desventura que han atravesado todos los países de America Latina en algún momento de su historia. Si los comentarios misóginos y la abierta discriminación encarnizada por Donald Trump constituían una grave ofensa contra segmentos importantes del electorado, la desfachatez de reservar su resolución por cuanto al resultado de la elección, como lo hizo en el tercero y último debate televisado la semana pasada, constituye una bofetada contra todo su pueblo y el sistema democrático que han construido y exportado al resto del mundo.
Andrés Oppenheimer, editor para América Latina y columnista del “The Miami Herald”, advertía esta mañana en una entrevista radiofónica acerca de la manera “audaz” en que el controvertido candidato a ocupar la Casa Blanca ha logrado acaparar la atención de los medios de comunicación, mediante posicionamientos controvertidos que comparte semanalmente y que, cuando se destruyen y se someten al escrutinio de los analistas, utiliza hábilmente para construir tesis conspiracionistas en su contra, precisamente por cuenta de los mismos medios que le dan cobertura; una estrategia que, según dice, fue exactamente la misma que utilizó Hugo Chávez en Venezuela.
Resulta imprescindible dimensionar la gran importancia que tienen los medios de comunicación en la labor de seguimiento y análisis de los procesos de campaña en el sistema democrático que hoy pervive en nuestro hemisferio, pues son estos los que sirven como amortiguador en el colapso fatal que produce el contraste al que se ven sujetos los postulados ideológicos propalados por candidatos y partidos, contra la realidad y la percepción de la realidad que tiene el pueblo, el electorado.
Es por esta razón que la conservación de un régimen responsable de gobierno alrededor de la absoluta libertad de expresión y veracidad de la información, devenga en un factor primordial para la sustentabilidad del proceso democrático en sí mismo. ¿Cómo mediar entre el derecho irreductible de quien se dedica al periodismo para dar a conocer una noticia, siempre sustentada en hechos comprobables, y la ardua lucha de quienes combaten en la arena electoral para someter al periodismo y sujetarlo a los caprichos de la retórica de lo conveniente?
En la amplia reforma al artículo 6º de la Constitución se incorporó, al nivel de un Derecho Humano, el Derecho de Réplica, que en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es aquel que asiste a “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general”, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta.
El Congreso de la Unión expidió la Ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en este campo, la Ley de Réplica, en la que se previeron los instrumentos necesarios para que quienes se vean afectados por información falsa o inexacta que produzca un agravio, tengan la posibilidad para formular una réplica que, de ser procedente, debe dar lugar a la rectificación de hechos en el mismo medio de comunicación responsable, en el mismo espacio utilizado.
Resulta un instrumento valiosísimo en la edificación de una auténtica sociedad de la información, pues permite a todo el mundo conocer las dos caras de una moneda; pero más allá de ello, constituye un vehículo invaluable a favor de todos los integrantes de la sociedad, que podrían encontrar a través del derecho de réplica un remedio pronto y eficaz contra cualquier abuso en que puedan incurrir los medios de comunicación establecidos.
El día de ayer se publicó en la primera plana de El Universal la noticia en torno del proyecto de sentencia que el mes entrante habrá de discutir la SCJN, a través del cual se podría ampliar la procedencia del derecho de réplica, a una dimensión que, así como podría parecer muy bondadosa a favor del público, podría por otro lado ser terriblemente peligrosa para nuestro sistema democrático, especialmente cuando vemos lo que ya sucede en los Estados Unidos de América.
La procedencia de toda réplica está sujeta a la preexistencia de una publicación de hechos “falsos o inexactos”, que son los únicos que podrían afectar el derecho social a la información veraz y causar perjuicio al sujeto aludido. Actores políticos se duelen de que la afectación a su imagen podría provenir, no sólo de hechos falsos e inexactos, sino de cualquier información inherente a su persona (véase la nota recién publicada en torno de la omisión en que incurrió AMLO al dar a conocer su declaración patrimonial y abstenerse de anotar la propiedad de dos departamentos).
Lo que se aprecia en el referido proyecto de sentencia, consiste en que la SCJN podría votar a favor de declarar inválidos los dos elementos de “falsedad e inexactitud” de los hechos divulgados, como condición preliminar a la que se supedita el ejercicio del derecho de réplica. En ese caso, individuos en lo general, y actores políticos en lo particular, podrían tener carta abierta para solicitar, en forma permanente, el ejercicio del derecho de réplica en contra de todos los medios que den a conocer una noticia alrededor de su persona por la que se sientan agraviados u ofendidos.
¿Le parece mucho el espacio que hoy tienen concedidos los partidos políticos para hacer campaña en medios? Imagínese si eso se duplicara mediante la inclusión de réplicas a cada noticia.
La verdad de las cosas es que las Convenciones internacionales ya consignan el requisito de la exactitud de la información. La idea de suprimir dichos elementos del texto mismo de la Ley podría ser terriblemente dolorosa desde un punto de vista de la audiencia, que tendría que soportar la multiplicación del contenido electoral de la información publicada en época de campañas; sin embargo, podría ser gravemente desastrosa desde un punto de vista democrático, pues se coloca a los medios de comunicación, importante contrapeso informativo de los actores políticos, en el filo de una navaja que se ve representada en la responsabilidad de tener que conceder un perpetuo derecho de réplica a su favor.
¿No acaso podría suponerse que esa vertiente del derecho de réplica nos perjudica a todos, si para evitar incurrir en los supuestos que quedarían abiertos en la Ley, los medios decidieran abstenerse de dar cobertura a los partidos políticos y sus candidatos, a sus andanzas y desempeño en las funciones que conciernen a la polis?
Lic. Antonio Cuéllar Steffan 