Fragmentada Independencia

Martes 18 de octubre de 2016

La división de poderes constituye un ingrediente indispensable del que depende la funcionalidad del Estado en el que vivimos. No sólo la Constitución lo prohíbe, sino que además, pensar en la aglutinación de poderes en una misma persona arrojaría un resultado desastroso para el mantenimiento de la democracia que construimos. En ese propósito, la función de interpretar y decidir cómo se aplican las leyes, que corresponde a los órganos de justicia, constituye el elemento primordial que más debemos de cuidar, porque es el único en el que la relación entre el Estado y los individuos es, literalmente, inmediata.

A pesar de que al Ejecutivo le corresponde observar y hacer cumplir las leyes, los ciudadanos no llegamos a conocer al Presidente de la República, ni a tener trato alguno con él directamente. De la misma manera, no obstante que las leyes las expiden los legisladores del Congreso General o de los Congresos de los Estados, quienes son electos popularmente y gozan de la representación política de la Nación mexicana, difícilmente los ciudadanos llegamos a conocer a nuestros diputados, y mucho menos a nuestros senadores electos.

Esa circunstancia no ocurre tratándose de los jueces. Podremos no llegar a tener trato con un Secretario de Estado, con un Jefe Delegacional, con el Presidente Municipal o los concejales; podremos no llegar a conocer jamás a nuestros asambleistas, a los diputados o senadores del Congreso de la Unión, pero cada vez que cualquier ciudadano o sus abogados se anuncian para pedir audiencia con el Juez, con un Magistrado o, inclusive, en aquellos casos en que sea procedente, con un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa comunicación, esa relación inmediata que le permite a cualquier persona exponer las causas de su desventura a quien habrá de dictar sentencia en su caso, podrá concretarse.

Es precisamente en mérito de esa vinculación cotidiana que los jueces o magistrados tienen con la vida de los justiciables, que la conservación y cuidado de su labor constitucional resulta primordial y preeminente para todos los mexicanos, porque ellos constituyen la garantía cierta y palpable que nos asegura, en abstracto, que las leyes no se aplicarán arbitraria ni caprichosamente en nuestra contra.

Sin embargo, así como a la ciudadanía le interesa el mantenimiento de la relación inmediata y personal de los jueces con la ciudadanía, a los primeros les resulta prioritario asegurar que su labor no se verá mermada o amenazada por fuerza alguna que afecte su trabajo cotidiano. Es en el interés de este binomio que conforman los jueces y la ciudadanía, que el Estado mexicano debe salvaguardar la labor encomendada a quienes se encargan de impartir justicia.

A lo largo de los últimos años han venido presentándose factores que inciden negativamente en contra de la independencia de los tribunales del país, circunstancias interiores o exteriores que demeritan la labor de los jueces y, en esa medida, la seguridad de la que gozamos cuando cada uno de ellos emite una resolución: la corrupción, la influencia y peso de los poderes económicos constituidos, el protagonismo mediático o, ahora, lamentablemente, la violencia.

Es sumamente cuestionable la manera en que el impulso de la transparencia ha venido a desembocar en una participación tan directa y persistente de los jueces, magistrados y ministros en el ámbito de la comunicación pública. Tanto las transmisiones en vivo de las discusiones que semanalmente sostienen los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como las intervenciones de todos los juzgadores en entrevistas radiofónicas o televisivas, como, más allá y en el último de los casos, la expresión de sus comentarios a través de redes sociales, ponen en peligro la visión equilibrada e imparcial que la ciudadanía debe de conservar con relación a sus jueces.

Y es que en función del peso político nacional que llega a tener la labor de control constitucional que estos realizan, la imparcialidad no se constituye a sí misma como un mero principio rector que ha de seguirse en el momento en el que se firma una sentencia, sino también como un auténtico estilo de vida y de conducción profesional que todo juzgador debe de irradiar.

Sin embargo, la publicidad de la labor judicial no es nada contra la independencia de los jueces, en comparación con la afrenta que ha llevado al Poder Judicial de la Federación a vestirse de luto el día de ayer. El asesinato del Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales del Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, por cualquier causa que hubiera ocurrido, produce la impresión de la apertura de un nuevo flanco de ataque del crimen organizado en contra de las instituciones del país, lamentablemente, en contra de aquella que más podría interesarnos, aunque no estemos conscientes de ello.

Todo delito se compone de dos sujetos: uno activo que produce un daño y que quebranta la ley penal, y uno pasivo que lo resiente y, en esa medida, se convierte en víctima. Es un derecho de ésta que aquél que delinque responda por el daño cometido y reciba la pena que establece la ley.

Los atentados contra la vida, contra la integridad de los jueces, afectan en la medida más trascendente posible su estabilidad e independencia. La falta de seguridad en la delicadísima labor de impartir justicia y pronunciar una sentencia, es la que puede desviar en la forma más peligrosa posible su visión de la ley y la rectitud con la que se debe de aplicar el derecho.

Es por esa razón que, en esta ocasión, en el estado que guardan los asuntos que le interesan al país, que los órganos de procuración de justicia deben de utilizar de la manera más eficientemente posible los instrumentos que a su alcance dispone la ley, para indagar y esclarecer la verdad de los hechos, deslindar responsabilidades, perseguir y enjuiciar a quien hubiera sido responsable de privar de la vida al Juez. No sólo por el juez mismo, sino por el interés que tenemos todos los mexicanos de asegurar, a favor de ellos, la garantía más amplia de que en su trabajo diario, no podrán ser disminuidos por aquellos que pretenden utilizar la fuerza bruta para hacer prevalecer intereses mezquinos. El atentado contra el Juez, es un atentado contra todas las víctimas de México.