Entre legisladores y reguladores

Martes 15 de marzo de 2016

El contexto internacional no ayuda y la economía, en esas condiciones, no es boyante. Menos puede serlo cuando todo apunta a que el proceso electoral en los EEUU seguirá siendo un caldo de riesgos y altercados. Es por eso que apremia la concreción de una agenda que se ha ventilado por todos los aires y con la cual muchos importantes agentes han comulgado: la de la materialización de las reformas.

El problema es que, contrariamente a lo que todo el mundo supone y los activistas en redes pregonan, hoy esa agenda no depende de una sola persona, el Presidente de la República, sino de una pluralidad de entidades de gobierno, constitucionalmente autónomas, en quienes se ha depositado la responsabilidad conjunta. Nuevos escenarios de nuestra república democrática.

El 11 de junio de 2013 apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformaron distintos artículos de la Constitución en lo que se denominó la reforma de las telecomunicaciones. No sólo se le concedió al órgano regulador la novedosa naturaleza de constitucional autónomo, sino que se sentaron bases imprescindibles conforme a las cuales se regularía, en lo sucesivo, el mercado tan contraído de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.

En ese blindaje constitucional se previeron algunas acciones tan trascendentes para los usuarios de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión como la transición a la televisión digital terrestre la obligación a cargo de las estaciones de televisión abierta de permitir la retransmisión de su señal a título gratuito por parte de los concesionarios de televisión restringida se establecieron los lineamientos para el lanzamiento de un procedimiento de licitación de nuevas cadenas de televisión y lo más importante, se concedió un plazo perentorio a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que procediera a iniciar los procedimientos para determinar si, en su caso, existía o no un agente económico preponderante en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, a efecto de que impusiera medidas necesarias para evitar que se afectaran los procesos de competencia y libre concurrencia, medidas y obligaciones que deberían perdurar mientras no se lograra la existencia de condiciones de competencia efectiva en dichos mercados.

El 6 de marzo de 2014, en sesión plenaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se emitió la resolución mediante la cual se determinó que Telmex, América Móvil y otras pertenecientes al mismo conglomerado empresarial tenían el carácter de agentes preponderantes en telecomunicaciones, y se procedió a expedir el acuerdo mediante el cual se impusieron medidas asimétricas en dicho mercado con el objeto de lograr la consolidación del mandato constitucional en el sentido de permitir mayor competencia efectiva y libre concurrencia. Destaca de la extensa resolución la imposición de medidas extraordinarias de desagregación de redes y otras en el ámbito de la interconexión. El objetivo consistía, sin lugar a dudas, disminuir la participación del mercado de las telefónicas y permitir el ingreso de nuevas ofertantes del servicio.

En la misma sesión se emitió la resolución correspondiente a través de la cual se determinó que distintas empresas pertenecientes al Grupo Televisa también tuvieron la calidad de agentes preponderantes en el mercado de la radiodifusión, a la que se les impusieron también ciertas medidas para evitar que se afectara la libre concurrencia y competencia.

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyo articulado se estableció que, desde el 1 de enero de 2015, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que prestaran servicios fijos o móviles de telefonía no podrían realizar cargos de larga distancia nacional a los usuarios por las llamadas que se realizaran a cualquier destino nacional.

De entre los sectores económicos en los que se ha podido palpar un dinamismo destacable se halla el de las telecomunicaciones, pues las estadísticas siguen evidenciando un repunte en la contratación de servicios y un mejoramiento de las condiciones de venta de los mismos a favor del usuario. Información proporcionada por el INEGI refleja que el comportamiento del sector arroja un incremento del 10.1% en el ejercicio 2015, en el que destaca el período correspondiente al cuarto trimestre, en el que se obtuvo un crecimiento del 18.9%. Tan sólo en el sector de las telecomunicaciones móviles, se tiene registrado un número total de 107.8 millones de líneas, una tasa 2.4% superior al mismo período de 2014.

El mejoramiento de las condiciones del servicio ha sido evidente y se ha visto reflejado en el bolsillo de los consumidores, tanto por la posibilidad de concretar la portabilidad de sus números (27.6 millones de transferencias desde 2008 hasta el 2015), como por la eliminación de tarifas que engrosaban el recibo al final de cada mes, concretamente el de llamadas de larga distancia, que a operadores como Axtel representaban un ingreso anual de 261 millones de pesos (el 9% del total de su cartera).

No obstante el claro propósito de la reforma de telecomunicaciones, resulta sorpresiva una estadística que tiene que ver con la conformación misma del mercado. A pesar de que las medidas asimétricas impuestas por el Ifetel el 6 de marzo de 2014 debieran haber logrado una recomposición del mercado y una mayor participación de los competidores del agente preponderante, máxime que se ha sumado AT&T como causahabitente de Iusacell y Nextel, vemos que la participación de Telcel se mantiene, prácticamente, en el mismo porcentaje que ocupaba en 2014. Siendo que entonces tenía una participación equivalente al 70.6% del mercado, hoy tiene una posición que se ubica sólo 2.2% abajo, es decir, en un 68.4% del mercado.

La misma situación ocurre en el sector de la telefonía fija, en el que Telmex conserva un 70% del mercado y 80% de los ingresos. En el caso de la radiodifusión, La reducción de la participación del agente preponderante es mínima, del 55.9% del mercado que ostentaba Televisa, hacia el cuarto trimestre de 2015 sigue conservando un 53.1% de participación total.

Es evidente que el propósito que se fijó el legislador se ha venido materializando y las acciones específicas en ambos sectores, de radiodifusión y telecomunicaciones, se han cumplido. Pero el cambio y la modificación en el sector no puede obedecer a decretos del legislativo la incidencia en el mercado ocurrirá en mérito de la justa intervención del regulador. El propósito principal para el que se facultó al Ifetel como autoridad reguladora en el ámbito de la competencia económica en el propio sector de telecomunicaciones y la radiodifusión permanece pendiente.

Las resoluciones de preponderancia, aún fundadas, no han arrojado los resultados prácticos que fueron propuestos ni la consolidación de un auténtico mercado, en el que la competencia efectiva propicie la participación de nuevos inversionistas que mejoren, ante todo, la calidad del servicio del que el gran público mexicano es beneficiario.

El reto ya no se encuentra en la cancha de los legisladores, ni en la del Presidente de la República, sino en la de un nuevo órgano que ocupa el mismo lugar constitucional que los Poderes tradicionales que identifica la Constitución. Se han cumplido los 24 meses siguientes a la expedición a las resoluciones de preponderancia en los sectores de telecomunicación y radiodifusión, y resulta imperativa la revisión y reforzamiento de una política de la que todos los mexicanos están pendientes, y ansiosos.

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